Con la ayuda de la Justicia revirtió una situación de discapacidad y ahora puede valerse por sí mismo

A partir de una intervención de la Justicia un hombre que había sido declarado incapaz logró revertir esa situación judicial y comenzar a valerse por sus propias acciones, por lo que pudo comenzar una vida independiente alquilando un hogar y costeándolo con sus propios recursos con la venta de artículos de limpieza que antes hacía en la calle. Esto se logró a partir de un plan de acción trazado desde el Juzgado de Familia de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, a cargo de la jueza Karina Lescano De Francesco, en el marco de un juicio de determinación de la capacidad.

Según el informe oficial, Juan de Dios, vecino de Tafí Viejo, atravesaba una problemática muy compleja: sufría violencia familiar y económica a consecuencia de la cual solía quedar en situación de calle y transitar en dispositivos institucionales.

El proceso destinado a lograr la efectiva inclusión social del hombre comenzó en 2021, en el marco de la revisión de su declaración de incapacidad, oportunidad en la que desde el juzgado se comenzó a dialogar con otros estamentos estatales. Se desarrolló así un programa de rehabilitación basado en la comunidad cuyo objetivo fue resolver los problemas estructurales que atravesaba Juan de Dios en lo relativo a la vivienda, la alimentación y la salud, entre otros. El plan de acción -en el que también participaron la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IIª Nominación, el Cuerpo de Peritos Médicos Oficiales del Poder Judicial y el Área de Articulación del Fuero de Familia- contempló, entre otras cuestiones, la provisión diaria de viandas de comida, la inclusión de Juan de Dios programas de alfabetización y capacitación laboral y la modificación de su certificado de discapacidad.

En 2022 la jueza dictó un fallo en el que dejó sin efecto la declaración de incapacidad y estableció los alcances de la capacidad jurídica para la toma de ciertas decisiones patrimoniales (en especial las que tienen que ver con su vida cotidiana) y referidas a su salud. Lescano De Francesco explicó: “con el juzgado se decidió la conformación de una mesa de trabajo integrada por el equipo interdisciplinario del CIC San Alberto, funcionarios de la Municipalidad de Tafí Viejo y el Poder Judicial que, con la participación directa y personal de Juan y a través de la celebración de varias audiencias, se diseñó un plan de acción destinado a potenciar su autonomía, dando así inicio a un proyecto de rehabilitación en basada en la comunidad a partir del modelo social de la discapacidad que establece la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad”. “El contacto semanal con Juan nos permitió conocer que contaba con diversos recursos simbólicos para el despliegue de su autonomía lo cual hizo necesario revisar el originario diagnóstico de salud menta. Ese informe permitió conocer que con los apoyos necesarios Juan podía –en algún momento- aprender a vivir solo y realizarse como sujeto de derechos en el mundo laboral y social”, agregó. Y luego explicó: “Con toda esa nueva información, se dictó una sentencia en 2022 que lo autorizó a celebrar de manera autónoma su primer contrato de alquiler, que fue redactado en lenguaje muy sencillo para que Juan tuviera plena comprensión de sus derechos, y de las obligaciones que asumía”. Según la jueza, “el problema de la discapacidad no son las limitaciones individuales sino las limitaciones de la sociedad para aceptar y respetar la diversidad funcional y garantizar el goce de sus derechos en condiciones de igualdad”.

Hoy, tres años después de la constitución de la mesa de trabajo y a dos años del dictado de esa sentencia, Lescano De Francesco destacó los avances que continúa haciendo Juan de Dios: él cobra y administra su pensión, con la que paga el alquiler de su casa, y se sustenta sus otros gastos con lo que gana con la venta de artículos de limpieza, frutas y verduras y continúa aprendiendo en el marco de los programas de alfabetización y capacitación laboral. “Estamos contentos de que Juan haya renovado su contrato de alquiler de vivienda, sea él mismo quien cobra su pensión y administre sus pagos, haya ampliado la clientela de su pequeño negocio y sostenga las redes de apoyo con quienes con altísimo compromiso hicieron posible una real inclusión”, finalizó la magistrada.