Por Martín Soto
28 Octubre 2024
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Son más de 4.000 las leyes que se encuentran vigentes en la provincia de Tucumán. No obstante, muchas de ellas no están siendo implementadas de manera efectiva debido a que no han sido reglamentadas por el Poder Ejecutivo (PE), sea por omisión o por otro motivo. Sólo en este año, en la Legislatura se acumulan dos decenas de proyectos de resolución para instar a la Casa de Gobierno a que cumpla con sus obligaciones y reglamente las normas.
Las peticiones vienen siendo presentadas desde el mes de febrero por legisladores opositores y oficialistas, en las que solicitan al Ejecutivo que complete los trámites administrativos pertinentes para la aplicación plena de una veintena de leyes en cuestiones sanitarias, medioambientales, de protección civil o de prevención de las adicciones, entre otras. Algunas de las leyes por las que se reclama su reglamentación fueron sancionadas y promulgadas en los últimos años, pero otras datan de la década anterior y hasta de 1991. Además, hay otras leyes incluso más antiguas que no están regladas, como la que crea los cuerpos artísticos de la provincia (5.840, del año 1987) y que en su articulado otorgaba 60 días al PE para su reglamentación. Se desconoce públicamente cuántas leyes están en esta situación.
“Un acto violatorio”
Entre las leyes que los legisladores piden su reglamentación para su implementación plena se encuentra la Ley 8.267, que establece la Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia de las Adicciones. Fue sancionada en 2010, según advirtió José Cano (Radicalismo Federal), quien insta al Gobierno a que cumpla con sus deberes. “La omisión de promulgar, publicar y/o reglamentar las leyes sancionadas por esta Legislatura es un acto violatorio de los artículos 71 y 101 inc. 3 de la Constitución. La reglamentación de la referida ley no es sólo una obligación constitucional, sino que además es la muestra real de querer atender o no una situación social preocupante para la cual el Poder Legislativo ya ha dado solución”, reclamó en el proyecto.
Otra de las iniciativas insta a que se reglamente con “carácter de muy urgente” la Ley 8.682, de 2014, que tiene por objeto la adhesión a la Ley Nacional N° 26.928 (Sistema de Protección Integral para Personas trasplantadas) que busca asegurar la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera, reconociendo sus derechos y necesidades específicas. El pedido lleva las firmas de Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) y de Nancy Bulacio (Justicialista).
Con fuerte respaldo de legisladores de casi todas las bancadas, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) solicitó al Ejecutivo a que reglamente la Ley 9.564, de promoción del mecenazgo y patrocinio deportivo. Dicha norma busca fomentar la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos deportivos, ameteur o profesional. Dicha norma, promulgada en julio de 2022, otorgaba 60 días hábiles para su reglamentación. Apoyaron este reclamo los parlamentarios José Seleme, Claudio Viña, Ricardo Bussi, Alberto Olea, Mario Leito y José Macome.
Control de narcóticos
Viña es uno de los legisladores que más proyectos de resolución de su autoría tiene en este sentido. Reclama que se reglamente y cumpla con la Ley 8.860 (de 2016), que establece el procedimiento para realizar el control de la prohibición de conducir bajo el consumo de drogas, estupefacientes o medicamentos. También insta al PE a que regle la Ley 8.938, promulgada en el 2016, para la Atención integral de niñas, niños y adolescentes con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA); la Ley 9.091, para que se propague la forma de evacuación del lugar donde se realicen espectáculos públicos ante una emergencia o un siniestro; y la Ley 8.976, para la instalación y puesta en funcionamiento de un desfibrilador externo automático en locales públicos y privados de concurrencia masiva. “Resulta incomprensible que esta ley que data de 2016 no haya sido reglamentada aún, y por lo tanto no se encuentre en vigencia”, criticó respecto a la última norma.
Los legisladores Maia Martínez (Justicialista) y Agustín Romano Norri (Evolución Radical), con amplio apoyo de sus pares, solicitaron la reglamentación y aplicación de la Ley 9.500, que garantiza el acceso integral y gratuito a la detección, diagnóstico, tratamiento, control y terapias de apoyo necesarios para el abordaje de la endometriosis. En ambos proyectos se remarcó que la norma fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial en marzo de 2022.
Reclamos del oficialismo
Así como hay numerosos pedidos de reglamentación de la oposición, también los hay del oficialismo. Además de Martínez, otros parlamentarios solicitaron al Ejecutivo que cumpla con sus deberes. Roberto Moreno, con apoyo de Leopoldo Rodríguez, Sandra Figuera y Carlos Gómez pide la reglamentación de la Ley 9.218 (de 2020), mediante la cual se crea el programa de origen tucumano y consisten en la exhibición y difusión de mercancía local en un lugar de exposición prioritario que se encuentre debidamente identificado.
La legisladora Justicialista Adriana Najar solicita la reglamentación de la Ley 9.519, para la Protección Integral de los Derechos de las Personas Mayores (promulgada en abril de 2022). En tanto que Javier Noguera insta a que se reglamente las leyes 6.292 y 6.290, ambas promulgadas en 1991. La primera establece importantes disposiciones en materia relacionadas con la preservación, conservación, propagación, restauración, repoblación y aprovechamiento racional y sustentable de la flora silvestre. La segunda legisla sobre la conservación del suelo agrícola, por lo que se indica que la gestión y regulación del suelo son aspectos fundamentales para el desarrollo socio-económico de la provincia.
Otras de las leyes por las que se pide reglamentación son: 9.014 (creación del programa provincial de lucha contra la enfermedad del Alzheimer y otras demencias); 7.476 (fija normas de estímulo e incentivo de participación privada en la financiación de proyectos culturales, artísticos, etc.); 9.313 (crea el sistema provincial de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, denominado “Sistema Abigail”). Casi la totalidad de los proyectos de resolución se encuentran en estudio de comisión, sin dictamen. También hay iniciativas presentadas por legisladores de mandato cumplido que tampoco fueron tratadas.
Una iniciativa para que todas las leyes se reglamenten
El legislador mandato cumplido José María Canelada presentó en 2023 un proyecto de ley para que la Justicia Contencioso Administrativa declare la existencia de la omisión en reglamentar una norma y emita un mandato de hacerlo al organismo competente. “La falta de reglamentación de una norma es un atentado contra la democracia y una violación flagrante contra la división de poderes y contra el debido cumplimiento de funcionario público”, expuso y resaltó que en la actualidad en Tucumán “existe un gran caudal de leyes que carecen de reglamentación”.
Existen normas sancionadas que quedan en un limbo
Además de la existencia de leyes que no se aplican por no contar con su reglamentación correspondiente, existen otras normas que son sancionadas por la Legislatura pero quedan en un limbo porque no son promulgadas pero tampoco vetadas por el Poder Ejecutivo. Dos de ellas, por las que se presentaron proyectos de resolución que se cumpla con los deberes establecidos en los artículos 71 y 101 de la Constitución, son la creación del programa de concientización de medicina deportiva “Procomed” (sancionada en diciembre de 2017) y la prohibición de la tracción a sangre (abril de 2024).
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