28 Octubre 2024
CRÍTICA A LAS UNIVERSIDADES. El conflicto entre la UBA y el Gobierno se exacerba con el debate entre AGN y Sigen. / INSTAGRAM @uba.artes.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de incrementar los controles sobre la disposición de fondos de las universidades nacionales se encamina a ser dirimida por la Justicia. Ocurre que la casa de altos estudios más grande del país, la Universidad de Buenos Aires (UBA), comunicó este 25 de octubre que la medida implica una intromisión inaceptable mediante la consigna “sí a las auditorías, no a la intervención del Poder Ejecutivo”. La UBA anunció que judicializará el decreto presidencial que asigna las facultades de control a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El rector Ricardo Gelpi, acompañado del vicerrector Emiliano Yacobitti, ratificó la decisión en una conferencia de prensa celebrada este lunes.
Pero, cómo comenzó este debate ¿Qué son las auditorías? ¿Hay auditorías en las universidades estatales? ¿Qué organismos tienen a cargo el control administrativo? ¿Qué es lo que critica el Gobierno nacional?
Para comenzar, una auditoría de fondos públicos procura verificar si los recursos fueron utilizados para los fines para los que fueron asignados y las condiciones de ejecución del desembolso. Es una herramienta clave para la rendición de cuentas sobre el empleo de los recursos que dispone el Estado en sus diferentes niveles y dependencias.
¿Qué organismo debe auditar a las universidades nacionales? La UBA y otras casas de altos estudios financiadas por el erario sostienen que, a la par que ellas mismas realizan el control interno de sus cuentas, el externo corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano creado por la reforma constitucional de 1994 y cuya integración depende del Congreso de la Nación. La UBA esgrime que esta competencia fue decidida en 1995 por la Ley de Educación Superior.
En un comunicado emitido la semana pasada, la Sigen, dependencia del Poder Ejecutivo de la Nación, reiteró que puede y debe auditar a las universidades nacionales. "La Ley 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156. De ese modo, al encuadrar el accionar de las universidades nacionales en esta última ley, se buscó garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión, además de implementar un sistema de control interno, integrado por la Sigen, como órgano rector", refirió el organismo.
¿Qué otros factores alientan el conflicto? Ocurre que la normativa no establece la periodicidad de las auditorías externas sobre las universidades nacionales. Y la AGN, cuyo presidente es Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, no actúa de manera reactiva, sino por medio de un programa de trabajo definido de antemano -que no necesariamente incluye a todas las casas de altos estudios-, cuyos resultados se publican con retraso. Por este motivo, el Ministerio de Capital Humano de la Nación impulsa que la Sindicatura General de la Nación audite a las universidades públicas en el ámbito de una puja por el incremento del financiamiento de estas instituciones avalado por el Congreso y vetado por Milei con el visto bueno de más de un tercio de los diputados.
Qué es lo que critica el Gobierno Nacional
Por medio de un comunicado titulado "Auditar a las universidades es garantizar la autarquía", el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello advirtió: “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria, y la competencia de control de Sindicatura General de la Nación en el ámbito de las universidades nacionales".
Capital Humano sostiene que es esencial auditar el uso de los fondos públicos. “Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos”, detalla la nota del Ministerio.
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) October 25, 2024
En la actualidad, la AGN tiene seis informes en proceso relativos a universidades públicas y en los últimos años sólo aprobó tres, de los cuales sólo uno está vinculado a la UBA: es una auditoría de 2018 a la Facultad de Psicología. Los otros dos corresponden a períodos auditados en 2017 a la Universidad Nacional de Rosario. Esto se debe a que el control de la AGN es “ex post”, es decir, posterior al ejercicio analizado, a diferencia de Sigen, que controla de forma “concomitante”, es decir, con la gestión en curso.
Para el Gobierno no está en discusión la posibilidad de la Sigen de auditar. Esto consta en el dictamen que emitió el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, a mediados de este mes. La opinión de Barra deja sin efecto la de su antecesor en el cargo, Carlos Zannini, quien en 2022, durante el Gobierno de Alberto Fernández, había excluido a las universidades públicas de la actuación de la Sigen. Luego se resolvió que esa dependencia del Poder Ejecutivo podía practicar los controles si existía un convenio específico con cada universidad, es decir, un consentimiento para su actuación.
Qué responde la UBA y por qué dijo que irá a la Justicia
En el comunicado publicado el 25 de octubre, la UBA expresó que la Sigen “depende directamente del Presidente y la Constitución sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo”. Y añadió: “las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo, por lo tanto, la Sigen no tiene competencias para controlarlas. Esta no es una opinión de una universidad: es la letra de la ley”.
Según la UBA, el Gobierno quiere convertir a la Sigen en un "caballo de Troya" para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica. “Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos y cuáles no; qué docentes pueden enseñar y cuáles no; qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad y cuáles no", manifestó la institución.
Sà a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.
— UBAonline (@UBAonline) October 26, 2024
Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.
Leé la solicitada â¬ï¸ pic.twitter.com/JP24DOgM46
La UBA informó que había solicitado a la AGN que volviera a incluirla en el Plan de Auditoría 2025. Además, la más grande de las universidades públicas del país prometió que iba a realizar una convocatoria nacional e internacional para que “profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad”.
La UBA anticipó que acudirá a la Justicia para que defina “quién debe ejercer el control interno” de las universidades. Es el paso que se aguarda para estos días porque, por el momento, nada impediría a la Sigen avanzar con la auditoría. El tema seguramente seguirá caldeando los ánimos en el conflicto relativo a la educación pública superior.
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