Buenas estrategias frente a las usurpaciones

El enorme operativo llevado a cabo en la mañana del viernes en El Mollar, con 150 policías para desarmar la alambrada que se había colocado en un loteo irregular, muestra un camino importante frente a las ocupaciones ilegales en la provincia. “No se va a permitir las usurpaciones en los terrenos ya sean del Estado o privados, por lo cual en estos momentos se está realizando un operativo fuerte en lo que es el Mollar con respecto a varios terrenos que han sido usurpados, se los está desalojando y vamos a seguir avanzando con respecto a esta cuestión”, dijo el ministro de Seguridad. Se trata del tercer operativo llevado a cabo en los últimos tiempos; el anterior había sido hace pocos días en la misma zona de la Reserva ubicada en el perilago de La Angostura, cuando también se sacaron postes y alambres que habían sido colocados para delimitar un área específica.

Según se informó, el lunes inspectores de la Fiscalía de Estado, Desarrollo Productivo, Interior y las direcciones provinciales del Agua, Catastro, Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo, realizaron un relevamiento en el valle de Tafí. Se presentaron en cinco lugares de la reserva de 1.041 hectáreas. Descubrieron varias situaciones irregulares. La más grave de todas fue la construcción de al menos tres barrios privados en el que ya se habían construido viviendas, pese a que los terrenos están ubicados en áreas protegidas. La mayoría de los propietarios consultados aseguraron que no sabían que habían adquirido en un lugar que no está habilitado para edificar. Lo primero que salta a la vista es la falta de control del espacio público, que ha llevado a que surgieran los barrios privados y que se hicieran loteos con las consecuentes ventas de tierras y las posteriores construcciones de viviendas, todo lo cual ha de conformar un problema jurídico complejo cuya resolución puede llevar años. Un terrible ejemplo de esto es el caso del barrio privado Las Pirámides, montado al sur del predio del parque Sierra de San Javier, en el que la Universidad Nacional de Tucumán arrastra un litigio de años mientras en el barrio se han ido levantando unas 70 viviendas. En el caso de la Reserva provincial La Angostura, la reacción de las autoridades ha sido positiva y ha requerido operativos de varias áreas del Estado, como fueron las acciones similares llevadas a cabo hace unos años en El Cadillal, que dieron lugar a desalojos, a pedidos a la autoridad comunal para que no otorgara permisos de ocupación y a un posterior registro de propietarios en el perilago de El Cadillal. Esto significó, en principio, un ordenamiento en el caos que imperaba en este sector, donde incluso había un barrio entero construido en un terreno privado.

La política de reaccionar de inmediato para impedir las usurpaciones, más el accionar inmediato de las fiscalías pertinentes, puede ser el punto de partida para comenzar a ordenar el manejo de las tierras en la provincia, que hasta ahora había estado mal atendido y muy a menudo librado a la ley del más fuerte o a la buena de Dios.