Una decisión oficial pone en riesgo la creación de 10.000 empleos y U$S50 millones de exportaciones en la industria del cannabis. El Gobierno libertario pretende cambiar la reglamentación de la normativa del sector. Incertidumbre sobre un total de 56 proyectos y sus inversiones.
El Gobierno nacional derogó esta semana una normativa que había llevado un poco más de certidumbre hace un año a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial (este último con bajo efecto psicoactivo).
En todo el mundo, el cannabis tuvo una significativa expansión en los últimos años debido a la gran variedad de aplicaciones finales que puede tener la planta según su composición.
Este escenario impulsa interés en sectores como el de la salud y la construcción, o en diversas industrias, como la química, la alimenticia o la textil. Se estima que la producción global de cannabis para uso legal pasó en las últimas dos décadas de 9,5 toneladas a 650 toneladas.
A través de la Resolución 02/2023, en septiembre del año pasado, se estableció un permiso provisorio para la adecuación de autorizaciones previas. A diciembre del año pasado, ARICCAME contabilizaba 56 proyectos aprobados por el Ministerio de Salud y habilitados para readecuarse, los cuales ahora están inmersos en una gran incertidumbre dado que Ignacio Ferrari, actual interventor de la agencia, derogó la resolución e iniciará la reglamentación desde cero, atendiendo en una primera etapa solamente la producción de semilla, grano o fibra no psicoactivo (es decir, con una concentración de THC menor al 1%).
El informe del Ministerio de Desarrollo
En términos monetarios, un informe de Arcview Market Research y BDS Analytics citado por el economista Andrés López en un documento elaborado para el Ministerio de Desarrollo Productivo en 2021 mostró que el consumo legal a nivel global en 2018 se habría ubicado en torno a los U$S11.000 millones, proyectando para 2024 un ascenso a U$S40.600 millones (aunque más de la mitad correspondería a uso “adulto” o “recreativo”).
A pesar del crecimiento, el comercio internacional es actualmente muy bajo debido a las restricciones impuestas por los marcos regulatorios en muchos países. En ese contexto, es imprescindible la reglamentación de leyes que permitan conectar a investigadores con productores y proveedores, creando así una cadena de valor que hoy todavía está desarticulada.
"Los que saben de cannabis"
Dentro de los 56 proyectos en marcha, uno de los más importantes es el de Agrogenética, una firma riojana con participación del Estado provincial. Benjamín Enrici, presidente de la empresa, dijo que dentro del sector hubo disconformidad con la “gran pérdida de tiempo” que hubo durante la gestión anterior, pero también criticó con dureza la decisión del actual Gobierno de “arrancar nuevamente desde cero, en lugar de juntarse con los que saben del sector y construir sobre lo ya construido”.
El empresario agrónomo explicó que “las recientes medidas excluyen al cannabis psicoactivo, dejándolo en la órbita de Salud y que, en cuanto al cáñamo, se va a trabajar en dos etapas: en primera instancia con el cáñamo agrícola, es decir, solo con semillas y derivados de como aceites y harinas, mientras que recién en una segunda etapa se trabajaría con la biomasa de cáñamo y la flor de cáñamo”.
Enrici remarcó que “hoy ni siquiera los proyectos de cáñamo medicinal tienen una regulación para producir, procesar y trasladar sus aceites” y advirtió que “la medida puede dar lugar al desarme de proyectos que implicaron una inversión en infraestructura de más de u$s500 millones”. “Esto ahuyenta además a cualquier inversor privado que, ante los constantes cambios de reglas, no ven seguridad jurídica para invertir”, aseveró.
El cultivo en las provincias
Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), advirtió que la decisión oficial “es un despropósito desde el punto de vista legal”, ya que “ha introducido una gran incertidumbre para las empresas que debían homologar sus proyectos conforme a las disposiciones del artículo 25 de la Ley 27.669”. “Estas empresas han estado esperando más de dos años para obtener dicha homologación y, con la derogación de la norma, se encuentran nuevamente en un limbo regulatorio que afecta su seguridad jurídica y capacidad de planificación”, alertó.
El potencial de la industria del cannabis en Argentina contempla muchas iniciativas, la mayoría de los cuales cuenta (o contaba) con el impulso de los Estados provinciales y con la participación del INTA.
Según estimaciones del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, la industria tiene potencial para generar 10.000 puestos de trabajo, contemplando tanto aquellos generados en las etapas de cultivo, como en las de comercialización, investigación y testeo de calidad, entre otras.