Insisten con la derogación de la ley que prohíbe la megaminería en Tucumán

La Legislatura adhirió al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) el mes pasado (Ley 9.803), pero por un reclamo de ambientalistas excluyó del proyecto del Poder Ejecutivo (PE) la derogación de la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera a cielo acierto; sólo se habilitó la exploración minera, quedando la explotación sujeta a disposiciones de las leyes ambientales vigentes. Sin embargo, hay legisladores que insisten con la necesidad de la abolición de la norma para el desarrollo económico de Tucumán.

El parlamentario Agustín Romano Norri (Evolución Radical) presentó el martes un proyecto de ley en el que propone la derogación de la Ley 7.879, que data del año 2007. En los fundamentos señaló que si bien la norma puede haber tenido buenas intenciones en su momento, demostró ser “un obstáculo significativo” para el desarrollo económico de la provincia. “La prohibición que establece no sólo ha ahuyentado potenciales inversiones, sino que también ha cerrado las puertas a la posibilidad de generar empleo, mejorar la infraestructura y fortalecer la economía local”, expuso en la iniciativa que también tiene las firmas de los legisladores Alberto Olea y Nancy Bulacio (bloque Justicialista)

En las justificaciones, el radical sostuvo que si se maneja correctamente, la minería puede ser un motor de crecimiento económico. “Numerosas provincias en nuestro país han visto cómo la industria minera ha transformado positivamente sus economías, creando empleos bien remunerados y atrayendo inversiones extranjeras que han contribuido al desarrollo y progreso de sus comunidades”, indicó.

“Es hora de que Tucumán se una a estas provincias. Derogar la ley vigente es el primer paso hacia la creación de un marco legal que permita atraer a inversores responsables, aquellos que estén dispuestos a trabajar con nosotros para desarrollar proyectos mineros que respeten el medio ambiente y las comunidades locales”, se fundamentó.

Sectores ambientalistas que se opusieron a la minería a cielo abierto se manifestaron durante el aquel debate en las puertas de la Cámara. Miembros de las organizaciones que integran la Red de Acción por el Buen Vivir de Tucumán dijeron entonces que la provincia iría “camino al ecogenocidio” si se insiste con este proyecto. “Tanto las autoridades y los legisladores que adhieran al régimen van a ser declarados ecogenocidas”, había dicho Alfredo “Freddy” Carbonel, miembro de la Asociación Civil Pro Eco.