Por Luis María Ruiz
23 Octubre 2024
EN LAS CALLES. El estacionamiento medido permanece suspendido. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio (archivo)
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca que la Justicia provincial resuelva en lo inmediato el futuro del expediente por el cual se mantiene paralizado el sistema de estacionamiento medido desde 2022.
La Fiscalía Municipal, a través de Conrado Mosqueira, elevó un escrito ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para solicitar la declaración “de puro derecho” de la causa.
La jueza Felicitas Masaguer corrió traslado de este pedido a los demandantes (entre ellos, la Defensoría del Pueblo y la organización de usuarios Fodecus) y a la UTE Tecno Agro Vial, quienes deberán expresar su opinión sobre la solicitud del municipio.
Con este escrito, la intención de la sede de 9 de Julio y Lavalle es que el fuero contencioso avance con el dictado de la sentencia sobre la cuestión de fondo, en el marco de la acción de amparo colectivo que objeta la legalidad del funcionamiento y de la adjudicación del estacionamiento pago en el ámbito de la Capital.
En presentaciones anteriores, la Fiscalía Municipal había advertido sobre el perjuicio económico que representa para el erario la suspensión por tiempo indefinido de este sistema, implementado durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro.
En su origen, el objetivo de este mecanismo fue ordenar el tránsito y desalentar el uso de vehículos particulares para trasladarse hasta el centro. En 2022, a un mes del debut del estacionamiento pago, la Sala II dictó una cautelar que suspendió su aplicación.
La decisión fue adoptada sobre la base las demandas promovidas por distintos actores, entre ellas, la Defensoría del Pueblo que conduce Eduardo Cobos.
En diciembre, el representante legal de la UTE Tecno Agro Vial, Esteban Galvaire Monroy, solicitó el rechazo de las demandas efectuadas en esta causa de forma “in limine”. Según la postura de la empresa, el acuerdo de concesión de este servicio “no involucra la afectación de derechos de los consumidores y usuarios” y que la Municipalidad “fue facultada expresamente por medio de una ordenanza municipal para instrumentar” esta prestación.
Tras una serie de pasos en el marco de este proceso, ahora el municipio busca que la causa se declare “de puro derecho”, y se pase a resolver sin la necesidad de producir nuevas pruebas. Es que, una vez dictada la sentencia, la Intendencia podrá definir qué postura tomar con respecto al estacionamiento pago.
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