23 Octubre 2024
Fracasó la estrategia de Leonardo Cositorto, los fiscales no aceptan el acuerdo económico y sigue el juicio oral por estafas. El CEO de la firma Generación Zoe había ofrecido US$340.000 para compensar a las 98 víctimas de la ciudad de Goya, en Corrientes.
Cositorto y otras cinco personas están acusados de haber formado una asociación ilícita destinada a cometer estafas. La decisión de continuar con el debate se conoció después de que los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry analizaron el acuerdo presentado por las víctimas y los seis acusados.
En el convenio de reparación patrimonial, Cositorto habría ofrecido US$340.000. Sin embargo, según el Ministerio Público de Corrientes, ese acuerdo deberá ser rechazado debido a que, además del interés particular de cada damnificado, el líder de Generación Zoe y sus cómplices habrían afectado otros bienes jurídicos protegidos por la ley: el orden público y la seguridad jurídica.
Los acusados en el juicio
Luego de analizar el acuerdo presentado en el juicio oral que comenzó hace una semana, los fiscales solicitaron que el juicio siga por los mismos delitos por los que Cositorto llegó acusado al debate.
En el caso de Cositorto, Miguel Ángel Echegaray y Maximliano Batista, fueron imputados como presuntos organizadores de la asociación ilícita y coautores de estafas. Mientras que Lucas Camelino, Nicolás Medina y Javier Medina llegaron al juicio imputados como presuntos miembros de la asociación ilícita y coautores de estafas.
La decisión de los fiscales tendrá como consecuencia que, a pesar del acuerdo económico ofrecido, el juicio contra los seis imputados seguirá. Una vez finalizada las audiencias de presentación de pruebas y de analizar todos los elementos expuestos y las declaraciones de los testigos, los integrantes del tribunal oral deberán decidir si Cositorto y sus cómplices son culpables o inocentes de los delitos por los que fueron acusados.
Las 98 víctimas deberán declarar a pesar de llegar al acuerdo económico y en caso no se presenten se tendrán en cuenta los testimonios que aportaron en la etapa de instrucción. Según el Ministerio Público Fiscal, además del interés particular de cada víctima, las maniobras y acciones desarrolladas por Cositorto y sus cómplices, afectaron la seguridad jurídica y el orden público.
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