Causa YMAD: “Cerisola se excedió en sus funciones”, afirmó un ex decano de la UNT

El contador José Luis Jiménez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y ex candidato a conducir los destinos de la Casa de Altos estudios, declaró ayer en el juicio que se le sigue al ex rector Juan Alberto Cerisola y a otros tres ex funcionarios universitarios y ratificó que a su entender se cometieron actos irregulares durante la gestión del imputado; y afirmó que Cerisola se había excedido en sus funciones.

Jiménez fue parte de la comisión de Hacienda del Consejo Superior y afirmó que durante esa gestión se pidieron informes y se hicieron entrevistas con respecto a la resolución que había tomado Cerisola para utilizar los recursos que llegaban desde YMAD para hacer obras que no estaba dentro de lo que se conocía como “la ciudad universitaria”. El ex rector está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas. Además están siendo juzgados Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio. Este había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole.

“Pero la Ciudad Universitaria no se había terminado y en realidad no se sabía qué era la ciudad universitaria. Al mismo tiempo todas las facultades tenían necesidades edilicias. No había un proyecto para resignificar lo que se llamaba ciudad universitaria”, respondió Jiménez a preguntas del Ministerio Público Fiscal representado por Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa. “La Secretaría de Planeamiento hizo un presupuesto para las obras, con un listado, pero no se pudo terminarlas. El presupuesto era de $ 256 millones y las obras estaban valuadas en más de 300, por lo que quedaron obras sin hacerse”, agregó Jiménez. Luego recordó que él firmó un dictamen en el que se aseguraba que la resolución del rector de cambiar el destino de los fondos de YMAD “causó un daño patrimonial a la UNT, un daño colectivo de gran significación”. “Siempre se había pensado que habrían podido tener una gran universidad para la sociedad, y eso quedó inconcluso”, dijo, y remarcó: “los fondos de YMAD eran solo para obras”. Tras esto, y siempre a preguntas de la fiscalía, reafirmó que el acta que firmó Cerisola en enero de 2008 por el cual cambiaba los destinos de esos fondos era “irregular” y que por eso se había excedido en sus funciones.

También recordó que “siendo decano en el 2016, pregunté si se podía iniciar juicio académico al contador Cerisola, y así se inició. Al otro día de esto renunció el contador”.

Calidad de la información

A su turno, las defensoras del ex rector, Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, le cuestionaron la calidad de la información que le habían suministrado a Jiménez y que lo llevaron a firmar el dictamen en mayoría, y también que haya pedido un juicio académico, según ellas, sin fundamentos legales. “Ni siquiera se lo citó al rector para pedir explicaciones”, le dijeron, a lo que Jiménez contestó que no habían considerado necesario entrevistar a Cerisola.