Por Gustavo Rodríguez
22 Octubre 2024
INVESTIGACIÓN. La causa ya está en manos de la Justicia Federal. la gaceta / foto de juan pablo sanchez noli (archivo)
El caso de Pek Capital es el tercero que terminó investigando la Justicia Federal en menos de 10 años. Sus creadores, cuyo paradero es desconocido desde hace ya más de 10 días, utilizaron una estrategia diferente a sus antecesoras Intensive Live y Adhemar Capital. Esa habría sido una de las razones por la que habría captado el dinero de habitantes de Concepción, Aguilares y Alberdi, según las denuncias recibidas hasta el momento.
El procurador Daniel Altamirano aparece como el cerebro de esta operación. En principio, según las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores, habría comenzado a operar en enero. Con una propuesta innovadora, y utilizando una aplicación, invitaba a potenciales clientes a realizar inversiones.
El sistema funcionaba más o menos así: el señalado invitaba a potenciales clientes a realizar inversiones. Podía ser colocar dinero en fondos de inversiones de Australia, la compra de acciones en la bolsa o directamente la adquisición de un terreno.
N.M., una de las víctimas que decidió hablar siempre y cuando su nombre se mantuviera en reserva, aclaró que a cada inversionista le llegaba un mensaje a un grupo de WhatsApp ofreciéndole participar de un negocio. Por ejemplo le decían “ponés U$S10.000 a cambio de un 15% de interés mensual” y a los seis meses se podía retirar el capital. En ese tiempo hasta casi podía duplicar sus ahorros.
SIMILAR. La justicia federal y ordinaria actúan en el caso de San Pedro.
El joven aclaró que una de las condiciones era que el interesado debía invitar a otras personas para que se sumaran a la inversión. Él dijo que lo hizo, pero siempre les advirtió que eso era para poner y sacar rápido la plata. Según aclaró el entrevistado, los que le hicieron caso no tuvieron problemas; los que siguieron, dejaron de saludarlo.
Los investigadores señalaron además que cada inversionista podía ingresar a una aplicación donde aparecían las ventajas de operar con Pek Capital, las oportunidades de negocio, las inversiones que había realizado cada cliente y las ganancias que venía acumulando. A principio del mes de octubre comenzaron a registrarse problemas con los pagos y el sábado 12, justo en el fin de semana largo, la aplicación dejó de funcionar.
“Ahí nos dimos cuenta de que todo era trucho. Ellos juntaban la plata y hacían negocios. A los primeros les fueron pagando porque tenían margen, pero cuando la bola se hizo enorme, terminaron cerrando todo. Ojo, Altamirano siempre advirtió que esta posibilidad existía. Nadie se puede hacer el sorprendido”, agregó J.F, una productora rural.
En el listado de damnificados aparecen funcionarios judiciales (al ser pariente de un juez se habría ganado su confianza); empresarios, cañeros y ciudadanos comunes que hasta llegaron a vender autos para poder reunir más capital.
En la Justicia
El lunes 14, la fiscala Mónica García, del Centro Judicial de Concepción, comenzó a recibir las primeras denuncias. El viernes, después de analizar cuatro días el expediente, decidió declararse incompetente, ya que había confirmado que Pek Capital no tenía ninguna autorización del Banco Central de la República Argentina ni de la Comisión Nacional de Valores.
El expediente ya está en manos del fiscal Agustín Chit, que deberá analizar lo que hay en el expediente (al parecer sólo estarían las ocho denuncias recibidas hasta el viernes y el escrito de declaración de incompetencia) y luego tomar las medidas que considere prudentes.
Si bien es cierto que Altamirano aparece el responsable de la maniobra, habría recibido la colaboración de una docena de personas cuyos nombres por ahora no trascendieron. Su derrotero procesal también es un misterio, ya que ni siquiera se le habría informado que se había iniciado una investigación en su contra.
Alfredo Aydar, que participó como abogado querellante en todas las causas de estafas de este tipo, anunció que en las próximas horas asumirá el rol de querellante en nombre de unos 50 damnificados. “Pediremos que a Altamirano se lo acuse de haber formado una asociación ilícita para cometer estafas, de haber realizado operaciones financieras sin autorización y de lavado de activos”, señaló el profesional. “Aquí la cuestión es que las formas de engaño cambian, pero el método siempre termina siendo el mismo”, añadió.
El caso de Pek Capital es muy similar al que se registró semanas atrás en la localidad bonaerense de San Pedro. Supuestos operadores captaron los ahorros de los habitantes de esa localidad para realizar operaciones bursátiles. Con el correr de los meses, los responsables de RainbowEx comenzaron a demorar los pagos, hasta que finalmente dejaron de hacerlo.
Pese a que casi no hubo denuncias, la Justicia Federal está investigando los delitos de intervención financiera sin autorización y lavado de activos, mientras que la ordinaria, las posibles estafas. “Es una manera de agilizar las investigaciones pensando siempre en los damnificados”, argumentaron los funcionarios judiciales que acordaron llevar adelante esta estrategia.
Antecedentes
En nuestra provincia ya existen antecedentes sobre este tipo de maniobras fraudulentas. En 2020 comenzaron a investigarse los movimientos que había realizado dos representantes de Intensive Live en Tucumán. En 2021, la Cámara de Apelaciones resolvió que el caso debería ser investigado por la Justicia Federal, donde aún permanece el expediente. Según Aydar, en nuestra provincia hubo unos 5.000 damnificados.
El segundo caso fue el de Adhemar Capital que estalló en febrero de 2022, cuando Edgard Adhemar Bacchiani comenzó con la cesación de pagos. Pese a que en Tucumán hubo más de 800 víctimas, el juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras resolvió acumular todas las causas. La justicia ordinaria de Córdoba no aceptó y el CEO será enjuiciado en esa provincia por haber formado una asociación ilícita para cometer estafas.
Además, el fuero comercial catamarqueño aceptó la quiebra de la empresa y la personal de Bacchiani. Unos 1.400 acreedores, que serían menos del 25% del total de damnificados, reclamaron fondos por más de $15.000 millones, pero sólo reconocieron deudas por $12.400 millones. Si pacta una forma de pago y lo cumple, el empresario que decía dedicarse a la compra y venta de criptomonedas, evitaría ser condenado por estafa.
¿Qué se puede hacer con los $12.400 millones que debe Adhemar Capital?
Servicio: podrían sumarse 78 colectivos más a los 100 que compró el Gobierno por $16.000 millones para apuntalar a las empresas que tenían problemas para brindar el servicio.
Seguridad: adquirir 248 camionetas Toyota Hilux de $50 millones. Con esa número, las 15 seccionales de la Unidad Regional podría contar cada una con 16 móviles para hacer prevención.
Un gusto: alcanzan para comprar 1,5 millones de kilos de vacío. Con esa cantidad pueden alimentarse tres millones de personas con porciones de medio kilo cada una.
Obra pública: construir dos de los cuatro pabellones del penal de Benjamín Paz para albergar a 400 presos. La obra ya demandó una inversión de $24.500 millones
Diversión: comprar 253.000 entradas populares de $49.000 para alentar a la Selección liderada por Lionel Messi. Se podrían llenar cinco estadios de River consecutivos.
Tecnología: podías comprar 4.604 celulares IPhone 15 128 GB. Una compañía de celular que lo ofertaba por el Día de la Madre a $2,6 millones cada uno de los teléfonos.
Corrientes: mañana se definirá la suerte procesal de Cositorto, creador de Generación Zoe
Las idas y vueltas que generan cualquier negociación se están haciendo sentir en la sala donde se desarrolla el juicio contra el titular de Generación Zoe, otra de las estafas piramidales que se registraron en los últimos tiempos en nuestro país. Leonardo Cositorto está siendo enjuiciado por haber formado una asociación ilícita para cometer estafas. Por primera vez, el creador de Generación Zoe enfrenta un tribunal.
El proceso fue interrumpido el viernes cuando los defensores del acusado informaron que estaban avanzando en un acuerdo con las 98 víctimas para que hicieran una reparación integral por el daño cometido. Al no haber surgido un convenio, el juicio se reanudó ayer.
Sin embargo, las partes volvieron a insistir que las negociaciones podrían cerrarse en cuestión de horas. “Hasta el miércoles tienen plazo para presentar el acuerdo por escrito o este Tribunal no lo volverá a considerar”, aseguró el presidente del Tribunal de Juicio de Goya, Ricardo Carbajal, después de escuchar a las partes.
Si las víctimas aceptan el acuerdo, Cositorto podría recibir una condena leve o ser absuelto de las acusaciones que recibió en su contra. Se especula que este será el camino que recorrerá en las otras provincias donde también fue procesado.
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