España hará más accesible la tramitación de la residencia y los permisos de trabajo para inmigrantes

España facilitará las condiciones legales para que los extranjeros puedan conseguir residencias y permisos de trabajo: el presidente Pedro Sánchez firmará en las próximas semanas un decreto para modificar el reglamento de extranjería, aseguraron fuentes oficiales a este diario. A contramano de la mano dura con la migración que se impone en otros países de Europa como Italia, el mandatario español ya había adelantado la semana pasada una postura distinta durante una conferencia en Bruselas, cuando consideró clave la llegada “ordenada” de migrantes para el crecimiento de la economía española en las próximas décadas.

Las modificaciones a la reglamentación de extranjeros facilitará los trámites de residencia para nuevos migrantes, pero sobre todo para quienes permanecen como ilegales en territorio español. El decreto se presentará los primeros días de noviembre, indicaron desde el Ministerio de Migraciones.

Los cambios apuntan a eliminar burocracia en los procedimientos, reducir los tiempos para acceder a los permisos de residencia y flexibilizar las estancias obtenidas a través de visas de estudio, entre otras ventajas, según el borrador de la norma.

Las reformas en el reglamento de extranjería están enfocadas, sobre todo, en los extranjeros que llevan años como ilegales en España. La situación con la inmigración ilegal empeoró el pasado verano. Las Islas Canarias tuvieron un récord de migrantes africanos que llegaron en rudimentarias embarcaciones: más de 6200 llegadas entre julio y agosto. Pero el número continúa en ascenso ya que en las últimas dos semanas de septiembre se registraron otros 4000 desembarcos. Esa situación también genera tensiones internas con el Partido Popular, que cuestiona la política oficial.

Las reformas impulsadas por el gobierno español están enfocadas en facilitar los papeles de residencia para que los migrantes puedan estar en blanco y, así, ingresar al sistema tributario y previsional. El principal beneficio que plantea la nueva normativa es que acorta de tres a dos años el tiempo viviendo en territorio español para solicitar la residencia.

“Se espera un impacto económico positivo por razón de la atracción y retención de las personas extranjeras en el mercado de trabajo y por su contribución a la economía y el sostenimiento del estado del bienestar”, indica el borrador de la reforma que publicó hoy el diario El País. “La política migratoria permite aliviar la presión que sufren ciertos sectores del mercado laboral en los que existe escasez de mano de obra”, agrega.

Saioa Chanca, abogada especializada en trámites de extranjeros, sostiene que es una reforma “muy ambiciosa que mejora las condiciones y las posibilidades de las personas que están viviendo de forma irregular en España, pero que mejora muy modestamente las posibilidades de los extranjeros que están legalmente en el país, como los estudiantes”. Y agregó: “La reforma prioriza la integración al mercado laboral de los extranjeros. Está dirigida a que aporten a la seguridad social”.

Las principales ventajas para quienes hayan conseguido una visa de estudios en España será que, a partir de la nueva normativa, podrían aspirar a conseguir una residencia casi automáticamente si cuentan con un contrato laboral en el sector que se correspondan con lo que habían estudiado. También se flexibilizarán los trámites para los familiares de los estudiantes, que podrán hacer sus trámites directamente en territorio español.

Contrapunto con la Unión Europea

Con su propuesta, Sánchez marcó una posición distinta a la mayoría dentro de la Unión Europea. Bruselas había apoyado en los últimos días la política migratoria de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que implementó centros de deportación para solicitantes de asilo que están ubicados fuera de la Unión Europea. El primer ejemplo de esta política fue el centro montado en Albania, donde se trasladaron la semana pasada a las primeras 16 personas que habían sido rescatadas cuando intentaban cruzar el Mar Mediterráneo.

La medida fue implementada por la ultraderechista Meloni, pero ya era reclamada por otros presidentes de la misma línea ideológica, como el húngaro Viktor Orban o el eslovaco Robert Fico, entre otros. Pero esta política tomó una fuerza impensada cuando Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también apoyó la semana pasada la iniciativa al alegar que la mayoría de los estados miembros del bloque pedían que se considerara esta opción. La dirigente alemana envió una carta a los países miembros en la que planteó trabajar en “soluciones innovadoras para contener la inmigración ilegal” y “explorar posibles vías para avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la Unión Europea”.

España no sólo se opuso a esta medida, sino que Sánchez planteó una posición distinta sobre la problemática. “Los españoles somos hijos de la inmigración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos. Y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos”, remarcó la semana pasada el mandatario durante una visita a Bruselas.

En este sentido, Sánchez aseguró que “no es realista” proyectar para España la tasa de natalidad que superaba los dos hijos por familia, que supo tener ese país en la década del 80 y atacó al Partido Popular porque -aseguró- alimentan la idea de que los migrantes “vienen a vaguear y cobrar subsidios”, cuando en realidad -sostuvo- “vienen a trabajar”. Más allá de las diferentes posturas, la migración es la principal preocupación para los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un medición estadística oficial.

La preocupación aumentó a medida que las noticias sobre miles de migrantes que cruzan el Mediterráneo, lo que ocasionó el colapso en los centros dispuestos para recibirlos, especialmente en las zonas más cercanas a la costa africana, como las Islas Canarias. El tema es, además, parte de los debates más acalorados durante las últimas campañas electorales. Sánchez buscará ahora, con esta nueva reglamentación, darle una solución distinta a la que plantean las autoridades de la Unión Europea.