21 Octubre 2024
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La noticia se conoció esta tarde: el gobierno de Javier Milei disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creará en su lugar la Agencia Nacional de Recaudación (ANR).
Según se informó, habrá dos nuevos directores generales: Andrés Gerardo Vázquez (en la Dirección General Impositiva, o DGI) y José Andrés Velis (en la Aduana). Estos reemplazarán, respectivamente, a Gabriel Ramírez y a Eduardo Mallea. No hay, al menos hasta el momento, cambios en la titularidad de la AFIP, que seguirá al mando de Florencia Misrahi.
"El Gobierno anuncia muy felizmente que al AFIP dejará de existir", comunicó el vocero Manuel Adorni. Fuentes oficiales agregaron que la nueva ANR tendrá "una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual. Habrá 34% menos de ravioles", dijeron fuentes oficiales. La referencia, en tono informal, pone el foco en los funcionarios que ocupan cargos de tercer y cuarto orden, o más, en la estructura del organismo, consignó Infobae.
La medida incluye la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 empleados (agentes) que ingresaron, según el Gobierno, de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista. Así, calculan, la medida generará un ahorro presupuestario de $6.400.000.000 al año.
"El titular de AFIP y los Directores de DGI y DGA dejarán de cobrar la cuenta de jerarquización (por ese concepto hoy cobran, la titular de AFIP más de $30 millones y los Directores, más de $17 millones). Pasarán a cobrar sueldos equiparables a los ministros y secretarios. La medida se funda en el actual sobredimensionamiento de su estructura que ha mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras", se detalló desde Casa Rosada.
El Gobierno busca ahora establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas "en pos de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados". También "garantizar mayor y mejor recaudación, así como un mejor control aduanero".
Las modificaciones ya habían empezado
Hace poco, el gobierno ya había empezado a achicar la estructura de la AFIP. El Decreto 559, publicado el 3 de julio último, estableció una reestructuración significativa dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo. Aquella medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.
Uno de los efectos clave de aquél decreto fue la eliminación de diversas estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas, lo que implica una reducción organizacional sin afectar al personal. Los aproximadamente 700 empleados de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se incorporaron a la DGI, reforzando su equipo de fiscalización, que hasta el momento contaba con unos 1.000 agentes. Esta integración tuvo como finalidad optimizar los controles y prepararse para la implementación de las medidas fiscales dispuestas por el Gobierno.
Otro aspecto importante del Decreto 559 es que, aunque eliminó ciertos cargos, mantuvo dentro de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las tareas de distribución de fondos a los subsistemas de seguridad social, la comunicación con instituciones públicas y privadas en este ámbito, y la investigación de casos de trata de personas.
La AFIP se creó en 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem. Hasta entonces, la DGI y la Aduana funcionaban de manera separada.
Misrahi, la actual titular del organismo, fue designada por Milei luego de que estuvieran en danza varios nombres que ocupará un puesto clave para la administración nacional. Se trata de una asesora fiscal y jurídica que se desempeñaba como socia del estudio Lisicki & Litvin y, previamente, estuvo a cargo del departamento de impuestos de la empresa Cargill. En su perfil, aparece como “especialista en planificación fiscal regional y estructuras de financiación con especial atención a las materias primas. Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay, especialista en Precios de Transferencia; asesoramiento legal y fiscal relacionado con transacciones comerciales transfronterizas y nacionales”.
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