Asamblea de la SIP: Cuando la violencia crea un cerco asfixiante

La noche del pasado jueves 17 de octubre, las balas atravesaron las paredes del diario El Debate en Sinaloa, México, un recordatorio brutal del poder que el crimen organizado ejerce sobre la vida diaria en una tierra disputada por facciones del Cartel de Sinaloa. En medio de esta violencia, la 80° Asamblea General Interamericana de prensa (SIP), celebrada en Córdoba, reunió a figuras clave del periodismo latinoamericano: Martha Citlalin, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana; Andrés Mompotes director del diario colombiano El Tiempo; y Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Durante el panel, los tres discutieron sobre el deterioro de la libertad de prensa en sus países. Sus voces pintaron un panorama en el que la violencia física y las amenazas legales se entrelazan, creando un cerco asfixiante para el periodismo. Mientras compartían sus relatos, se revelaba el peso de una lucha constante y desigual en América Latina, donde ejercer el periodismo se ha convertido en una tarea peligrosa.

Salazar fue contundente en describir cómo la violencia contra la prensa ha escalado desde diversos frentes. “Desde el año 2016, se vienen presentando proyectos de ley que buscan amedrentar a los periodistas, incluso ampliando la pena de cárcel”, explicó. Señaló cómo algunos legisladores, vinculados al narcotráfico y la minería ilegal, están detrás de estos ataques. “Las cabezas del Congreso representan intereses oscuros. Hace poco, un congresista propuso que se creara el delito de ‘terrorismo de prensa’, y todo esto en un país donde la inseguridad está disparada”, afirmó. El crecimiento de la extorsión en Perú, según estadísticas policiales, ha aumentado cuatro veces en los últimos dos años, y los periodistas que cubren estas redes criminales corren el riesgo de enfrentar atentados similares a los que ocurren en otros países.

Citlalín resaltó que, aunque la violencia física contra los periodistas ha disminuido, la autocensura y la impunidad siguen siendo las principales amenazas. “El mecanismo de protección estatal no es suficiente. Nadie paga por los asesinatos, lo que deja a los periodistas en una situación muy vulnerable”. Mencionó que varios colegas han dejado de cubrir temas sensibles para evitar represalias: “Es una decisión difícil: dejar de hacer periodismo o arriesgar la vida”.

“Los grupos armados ilegales y las bandas criminales están expandiendo su control en las zonas periféricas, lo que genera desiertos informativos”, explicó Mompotes, refiriéndose a áreas donde ya no hay medios locales ni periodistas debido a la intimidación o la violencia. El director de El Tiempo resaltó “Si un periodista es asesinado, desaparece el medio local y con él, el acceso a la información. El impacto en las comunidades es devastador”, enfatizó.

En Perú la desaprobación de la presidenta, Dina Boluarte, que ronda el 92%, ha generado un contexto aún más tenso, con protestas constantes y una clara hostilidad hacia los medios. “Los intentos de silenciar a la prensa buscan que no se digan ciertas cosas incómodas para los poderosos”, explicó Salazar, refiriéndose a las querellas contra periodistas como una estrategia habitual. “El ex presidente del Congreso prometió denunciar a un periodista por semana, y cumplió. Durante tres semanas seguidas presentó querellas contra reporteros”, indicó el periodista peruano.

Citlalín también abordó la relación entre el poder y el crimen organizado en México, señalando que “el poder criminal está detrás de muchos ataques a la prensa”. Subrayó que las amenazas a la libertad de expresión están más vinculadas con el poder local, que utiliza mecanismos de control para presionar a los medios.

Los tres periodistas coincidieron en que, a pesar de las diferencias de contexto en sus respectivos países, el panorama para la prensa en América Latina se encuentra en uno de sus momentos más oscuros. Las amenazas son múltiples y se presentan desde diferentes frentes: crimen organizado, legisladores vinculados a actividades ilícitas y la falta de una protección efectiva por parte del Estado. Mientras que en México y Colombia la violencia física ha sido predominante, en Perú la persecución judicial y legislativa contra la prensa está tomando un papel central.

Al finalizar la jornada, Salazar reflexionó: “Tememos que el Perú llegue a niveles de violencia similares a los de México o Colombia, y que los periodistas que investigan la corrupción y las redes criminales sean los primeros en sufrir las consecuencias”.