La situación de la prensa en Argentina frente a los embates del poder político durante la presidencia de Milei, en un informe publicado por la SIP

Los embates de los poderes políticos sobre la prensa ocupan buena parte de las conversaciones en la 80 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla desde el jueves en Córdoba. Esto ocurre en varios países de América Latina y Argentina no es la excepción. En el marco de este encuentro se presentó un informe sobre la situación desde que asumió el presidente Javier Milei, quien suele manifestar una postura hostil frente a la prensa independiente.

De hecho, periodistas y medios de comunicación vienen experimentando agresiones por parte del presidente, de referentes del poder y de militantes del espacio político que encabeza el mandatario. El informe menciona lo que ocurrió a fines de septiembre, cuando Milei dedicó algunos de los párrafos más enfáticos de su discurso a gritar insultos contra periodistas.

“A la asimetría de poder entre la máxima autoridad y cualquier periodista, se suma el efecto contagio que se manifiesta en hordas digitales que amplifican los insultos, incluyendo amenazas de muerte, por lo general amparadas en el anonimato, lo que genera un efecto inhibitorio y degrada el debate público”, detalla el informe dado a conocer en la Asamblea de la SIP.

También se pone el foco en la decisión del Gobierno de suspender la publicidad oficial para ajustar los gastos estatales. “No obstante, organismos descentralizados y empresas públicas usaron fondos para publicidad con criterios comerciales, en algunos casos con presupuestos superiores a los que tenían en años anteriores”, puntualiza el texto.

El decreto del Poder Ejecutivo para restringir la Ley de Acceso a la Información Pública atenta contra el espíritu de “máxima divulgación” y desentona con los estándares internacionales, argumenta la SIP. (Pretende flexibilizar los criterios legales con una ambigüedad que afecta la consistencia de la ley, bajo el argumento de la protección de la privacidad de los funcionarios y de ciertos aspectos de la gestión.)

“La extensión del secreto, cuando va más allá de lo previsto en la legislación, pone en riesgo la capacidad del periodismo y la ciudadanía de fiscalizar la gestión, y afecta los niveles de transparencia”, sostiene el documento publicado por la SIP, que destacó la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (ocurrida en 2017), como un hito en la consolidación de la libertad de expresión.

El documento enumera otros casos preocupantes, como las demandas a periodistas, cancelaciones de acreditaciones para realizar coberturas y medidas judiciales que configuran casos de censura previa, como la decisión de la jueza Lucila Córdoba de prohibir toda referencia a Jorge Lanata, que atraviesa problemas de salud y alrededor del cual se desataron conflictos familiares seguidos por denuncias.

“Adepa ha señalado la necesidad de tutelar los derechos de autor de los contenidos periodísticos. Dos de las grandes empresas tecnológicas llegaron a acuerdos de pago por el uso de ciertos contenidos con un centenar de medios de comunicación. Una de ellas, Meta, decidió no renovar esos acuerdos. La otra, Google, los renovó. Estos últimos acuerdos, señaló Adepa, constituyen un antecedente positivo, pero insuficientes para configurar una retribución justa”, concluye el informe de la SIP.