Rechazan suspender los plazos para la defensa de la jueza Ballesteros

Rechazan suspender los plazos para la defensa de la jueza Ballesteros

La magistrada hizo una presentación ante el comité, que denegó la solicitud. Remarcaron que la ley que rige el proceso establece que los tiempos son improrrogables y perentorios

ACUSADA. La comisión aguarda las explicaciones de Ballesteros. ACUSADA. La comisión aguarda las explicaciones de Ballesteros.
18 Octubre 2024

La comisión de Juicio Político de la Legislatura rechazó una solicitud presentada por la jueza Carolina Ballesteros para que se suspendan los plazos procesales para hacer su descargo ante el pedido de destitución que promueve el abogado Mario Leiva Haro. El comité que preside Sergio Mansilla denegó por unanimidad la solicitud dado que los tiempos previstos en la Ley 8.734 son improrrogables y perentorios.

El legislador Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán), integrante de la comisión, declaró que la magistrada adujo motivos personales que no están previstos en la norma, aunque evitó ahondar en detalles. El representante legal de la jueza, Sebastián Herrera Prieto, aclaró a este diario que el pedido se basa en problemas de salud derivados de intervenciones quirúrgicas realizadas meses atrás.

Los legisladores Mansilla, Ocaranza, Aldo Salomón, Sara Assan, Tulio Caponio, José Orellana, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña coincidieron en que la presentación carece de sustento jurídico por lo que resolvieron rechazar el pedido y continuar con el procedimiento. “Cuenta hasta el día 30 de octubre para hacer su descargo”, explicó Ocaranza.

La comisión de Juicio Político resolvió la semana pasada correr traslado a Ballesteros, magistrada del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital, ante la presentación impulsada por Leiva Haro. El letrado denunció que la jueza “desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita que sea removida de su cargo”. Citó que ejerció su influencia al intervenir sin representación legal en una causa penal en la que están involucradas dos medias hermanas de la magistrada, con el padre como víctima, y la cónyuge del hombre.

En la presentación incluyó también denuncias de empleados ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) contra Ballesteros. También un pedido de indemnización que impulsó la jueza por daños y perjuicios por lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en agosto de 2015. Para cobrar una indemnización argumentó una incapacidad de un 40%, pero Haro Leiva advirtió que la doctora ha seguido concursando para otros cargos en la magistratura.

Descargo

Ante estos planteos, la comisión decidió correrle traslado y otorgarle los 15 días hábiles previsto en la Ley 8.734 para que la denunciada presente su descargo (artículo 25). Una vez hecha la presentación, el comité de Juicio Político deberá expedirse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de contestación del traslado antes de tomar una decisión (artículo 28). Es decir que, posiblemente, a fines de noviembre se conozca si la jueza deberá a un Jurado de Enjuiciamiento o si se archivarán las actuaciones.

Al correr traslado por la denuncia, el legislador Mario Leito indicó que merecía que Ballesteros brinde su versión de los hechos. “Ameritaba que nosotros le demos la posibilidad a que la doctora pueda hacer los descargos correspondientes. Creemos que es necesario que así sea; es el motivo por el cual estamos dándole trámite”, explicó.

En la Resolución 613 del comité de Juicio Político se plasmó que “en mérito a la gravedad de la denuncia formulada y de las pruebas ofrecidas en contra de Ballesteros, esta comisión estima procedente a fin de resolver acerca de la continuidad de este proceso, habilitar la instancia del descargo, brindando a la denunciada la oportunidad de ser oída”. Además de correr traslado, el comité solicitó al Poder Judicial que remita copias autenticadas de siete expedientes; actuaciones de la Superintendencia de la CSJT; y denuncias promovidas contra la magistrada desde 2011 a la fecha.

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