Por Gustavo Rodríguez
17 Octubre 2024
EL CASO ANTERIOR. La mortandad de peces del 4 de junio pasado en el río Muerto, un afluente del Salí.
Santiago del Estero volvió a presentarse ante la Justicia Federal para pedir que se investigue el supuesto caso de contaminación que afectó al pueblo de El Palomar, localidad de esa provincia que está muy cerca del límite con Tucumán.
Los habitantes y autoridades del pueblo denunciaron el viernes que el canal de riego que pasa por ese lugar y que nace en tierras tucumanas arrastraba residuos industriales. Los pobladores hablaron de vinaza, mientras que algunos funcionarios, de cachaza. Si bien es cierto que ambos materiales orgánicos son diferentes, los especialistas sostienen que son sustancias contaminantes.
Más allá de esta diferencia, al tomar conocimiento del episodio, el fiscal federal Pedro Simón ordenó que se realizaran una serie de medidas. Entre otras, personal de Gendarmería Nacional tomó muestras de agua en el lugar y ordenó que a través del análisis de imágenes satelitales para tratar de determinar de dónde provenía el líquido marrón y maloliente, según las versiones que recogieron los investigadores.
“Cuando tengamos los resultados de las pericias decidiremos los pasos a seguir”, le dijo Simón a LA GACETA. Ayer trascendió que los estudios serán realizados en Buenos Aires, por lo que demorarán varios días.
La Secretaría de Producción de Tucumán emitió un comunicado para desmentir que se haya tratado de un hecho de contaminación. Explicaron que se observó una creciente importante demostrada por la vegetación caída, volcada por el paso del agua, causando un gran arrastre de sedimentos.
“Personal de la Dirección de Protección Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente revisó los sitios de disposición de vinaza de los ingenios que operan en la zona. Aunque las muestras tomadas aún se encuentran en proceso de análisis, no se encontraron a simple vista residuos compatibles con vinaza”, dijeron.
Consecuencias
La explicación tucumana tuvo sus consecuencias casi inmediatas. El fiscal de Estado de Santiago Raúl Abate y el defensor del Pueblo de la Provincia, Lionel Suárez, realizaron sendas presentaciones ante el fiscal federal Simón y el juez federal Guillermo Molinari.
Si bien es cierto que no trascendieron los detalles del escrito, fuentes judiciales indicaron que habrían solicitado una rápida investigación del caso. También habría pedido que, si se llegara a confirmar que estaban ante un caso de contaminación, identificaran a los autores para actuar penalmente contra ellos.
BAJO ESTUDIO. Una imagen del agua que llevaba el canal de riego.
Al parecer, los peritos santiagueños habrían realizado estudios paralelos que confirmarían que el canal llevó agua contaminada que generó una mortandad de peces.
Los santiagueños recuerdan perfectamente lo que ocurrió a fines de 2012 y 2013 cuando se registró un caso similar en El Palomar. Los investigadores llegaron a la conclusión que el ingenio La Florida había volcado vinaza que llegó a la población a través del mismo canal que fue analizado en esta oportunidad.
El fiscal federal de Tucumán Carlos Brito investigó y logró que Jorge Rocchia Ferro y el gerente de la planta Roberto Coronel fueran enjuiciados por delitos ambientales al haber liberado más de 50 millones de litros de vinaza al canal interprovincial del Este. En mayo de 2023, un tribunal condenó a los dos acusados a tres años de prisión condicional, el pago de multas a Rocchia Ferro por $100.000 y a Coronel, $85.000 y una serie de reparaciones por haber afectado a los habitantes de esa localidad. La causa se encuentra apelada por lo que el empresario tampoco cumplió con la reparación que le había ordenado cumplir el tribunal.
El antecedente
Esta es la segunda vez que las autoridades santiagueñas recurren a la Justicia para que investigue un caso de contaminación. En junio pasado, pescadores tucumanos denunciaron una mortandad de peces en la desembocadura del río Salí en El Frontal.
Peritos santiagueños realizaron tomas de muestras de agua y recolectaron peces que habían muerto por la contaminación. Nunca trascendieron los resultados de esos estudios, pero sí se registró una situación que no tiene antecedentes en los últimos tiempos. Las autoridades tucumanas multaron a tres ingenios por haber contaminado el Salí.
Las plantas Bella Vista, Famaillá, Concepción y La Fronterita fueron sancionadas a pagar una multa de $17 millones.
Nunca se supo qué sucedió con la causa que inició Simón por la denuncia de los funcionarios santiagueños. Tampoco trascendió cuál fue el destino del expediente de oficio que abrió el fiscal federal Gustavo Gómez.
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