Por Martín Soto
17 Octubre 2024
ARCHIVO LA GACETA
Dudas, justificaciones, advertencias, acusaciones, críticas a los transportistas, cartas municipales, micrófonos cortados y hasta comparaciones con la política nacional. Todo eso y más se escuchó en el recinto legislativo durante unas cuatro horas que demandó el debate del DNU 5/3 del gobernador, Osvaldo Jaldo. Con apoyo dividido de la oposición, el decreto de necesidad y urgencia fue ratificado con 35 voluntades a favor y nueve en contra. De esta manera, la Provincia tiene luz verde para avanzar con el proceso de la compra directa -previo cotejo de precios- por la adquisición de 100 ómnibus para servicios del interior por un valor estimado de $16.000 millones.
Más de una quincena de parlamentarios hicieron uso de la palabra para defender o denostar el instrumento, que se firmó en el marco de la Ley de Emergencia en el Transporte (9.773). El oficialismo defendió a capa y espada la urgencia de tomar medidas en el sistema de transporte público, a pesar de no ser por licitación pública. Mientras que la oposición profundizó los duros planteos por la falta de precisiones de parte del Poder Ejecutivo (PE). Calificó como precario al DNU y que lo que se esconde detrás de esta prisa es una interna entre la Provincia y la Capital.
El DNU llegó con dictamen dividido de la comisión de Hacienda y Presupuesto (se giró a Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte pero no se trató). El oficialista Carlos Gallia planteó la situación crítica en la que se encuentra el transporte público. “Se justifica plenamente, por la gravedad de la situación y la necesidad de garantizar un servicio eficiente para la seguridad de todos; es crucial para evitar el colapso de la flota”, expuso. Destacó que se tomarán tres oferentes y que se creó una comisión de revisión. Además señaló que los coches se otorgarán a las empresas a título oneroso.
El radical Manuel Courel, que firmó el dictamen de minoría en rechazo del DNU, se expresó de acuerdo con la necesidad, no con las formas. Reprochó que nada se sabe de la reglamentación del proceso y que la Provincia viene otorgando unos $31.000 millones anuales en subsidios a los transportistas, sin auditorías. “El DNU no es la forma, puede llegar a ser cuestionado judicialmente”, advirtió, lo cual le valdría luego un contraataque justicialista.
Oposición dividida
Tanto en el radicalismo como en el bloque alfarista hubo posiciones divididas. Raquel Nievas apoyó el instrumento, no así sus correligionarios Courel, José Cano, Silvia Elías de Pérez, José Seleme y Agustín Romano Norri. En Compromiso Tucumán avalaron el DNU Claudio Viña, Alfredo Toscano, Rodolfo Ocaranza y Rolando Alfaro, pero fue rechazado por Walter Berarducci. También hubo negativa de los republicanos Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, y el libertario José Macome. Mientras que Gastón Gómez Rossi (Libres del Sur) se alineó con el PJ.
Cano reprochó que en el Congreso el jaldismo apoye el veto de leyes porque no se precisan las fuentes de financiamiento, pero advirtió que con el DNU sucede algo similar. “Es un retroceso; es bastante precario”, dijo. Disparó contra los empresarios y recordó un controversial video de 2019 que derivó en denuncias judiciales por presunto cohecho. Elías de Pérez y Seleme plantearon falta de transparencia y que se incumple con la Constitución. Criticaron también la falta de información en la documentación. “Estamos hablando de mucha plata que es del Estado, que tiene que tener transparencia y control”, explicaron. En tanto que Romano Norri declaró que el oficialismo está pagando favores políticos con Aetat, que renovar el 10% de la flota de toda la provincia no cambia la matriz del sistema y que el DNU es una consecuencia de que la intendenta Rossana Chahla haya presentado colectivos nuevos. “Estamos viendo una cuestión interna del peronismo”, lanzó. E ironizó: “van a ser beneficiados los mismos empresarios que prestan servicios de la misma categoría del apellido que tienen”.
“Papá Noel” y los malos
Aunque apoyó, Viña fue sumamente crítico en su alocución. Coincidió en la necesidad, pero opinó que el DNU del Ejecutivo es “pobre, hasta dudoso”. Cuestionó que no se haya hecho por proyecto de ley y reprochó que los coches sean para los empresarios, a los que calificó como “los malos de la película”. “Los mismos que se definen como fundidos e inviables”, dijo. Toscano reconoció que esto no es la solución, al tiempo que aclaró que la contratación directa con cotejo de precios no es un acto ilegal. Respaldó la compra de colectivos porque de todos modos los $3.000 millones mensuales se seguirían entregando. “No es que el Gobierno vaya a ahorrar si no compra”, aclaró.
Berarducci, en tanto, hizo un extenso repaso de la situación del transporte. Con datos de la empresa que maneja la Tarjeta Ciudadana advirtió que la actividad viene en caída hace años. Señaló improlijidades en el instrumento y dijo que es insuficiente y no se basta por sí mismo. Se preguntó también si los subsidios que ya se dicen insuficientes alcanzarán para pagar sueldos y las nuevas unidades. De manera similar se expresó Bussi, que planteó que las licitaciones garantizan transparencia y que la compra directa siempre está llena de sospechas. Reprochó que no se informe de qué partida saldrán los dineros para la compra. “El Poder Ejecutivo no es Papá Noel, es administrador de los recursos; no sabemos qué se hace con los subsidios de la provincia”, expuso.
Un derecho clave
La defensa del oficialismo fue muy amplia. Además de Gallia, sostuvieron los embates Carlos Najar, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse y el presidente del bloque, Roque Tobías Álvarez. El talitense planteó que garantizar el transporte es clave para tener acceso a otros derechos como salud y educación, y que es necesario actuar rápido debido al proceso inflacionario y recesivo. La ex ministra arremetió contra la gestión municipal de Germán Alfaro en materia de transporte y defendió la participación activa de la Provincia. Reconoció que el tema transporte tiene una enorme profundidad y que la compra de coches es una solución parcial. Álvarez cuestionó que la oposición critique cuando se hace y cuando no. “Con el decreto reglamentario seguramente se evacuarán dudas”, dijo y advirtió que no se puede reglamentar una ley que todavía no nació. Destacó el beneficio para los usuarios y para que el transporte siga siendo público.
Cruce por Yerba Buena
Gerónimo Vargas Aignasse tuvo el discurso más extenso y duro contra la oposición que reclama transparencia. Además de decir que nada se hace fuera de la ley y que se apela a una contratación directa por cuestiones de tiempo, el oficialista sacó una ordenanza de Yerba Buena de 2021 en la que el Concejo -del que fue parte Macome- facultó al Municipio -que integró Courel- a adquirir de manera directa dos vehículos para el MuniBus sin aludir a emergencias siquiera. “Es un decreto complicado, es poquito”, disparó. E ironizó: “el decreto del Jaldo es la Veritatis Splendor en comparación”. Ofuscado, Courel levantó el guante, destacó que Yerba Buena integra un ranking de los municipios más transparentes a nivel nacional y defendió los motivos por los que se emitió el decreto. Al ahondar en el tema, el vicegobernador, Miguel Acevedo, le advirtió que se apegue al orden y finalmente pidió que le corten el micrófono.
Homenaje en la Cámara: una distinción y un micrófono abierto
El arzobispo emérito Luis Villalba fue homenajeado en la Legislatura y declarado personalidad destacada de la provincia por su desempeño en la Arquidiócesis de Tucumán y por ser creado cardenal por el Papa Francisco. El prelado se tomó una foto con los presidentes de bloque y Acevedo. En la transmisión en vivo, en tanto, quedó abierto el micrófono del legislador Álvarez quien comentó a un colega: “la Silvia (Elías de Pérez) es el diablo disfrazada de Santa”. El comentario, inmediatamente, fue objeto de críticas y la parlamentaria reprochó la falta de respeto. Indicó que desistió de pedir una cuestión de privilegio tras el pedido de disculpas del taficeño. Álvarez dijo que fue una chanza y que no fue en términos lesivos ni ofensivos.
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