16 Octubre 2024
Luis Alberto Comba
Contador Público Nacional-Estudio Comba
En el actual contexto aparece un sistema fiscal caótico, más cuando se involucra a provincias y municipios. Es necesario restablecer el equilibrio y coordinar esfuerzos para que, sin avasallar facultades fiscales provinciales, se de cumplimiento al proyecto constitucional de Alberdi.
El impuesto a los ingresos brutos es uno de los peores tributos existentes. Cualquiera lo sabe. El poder lo sabe. Pero nadie hace algo para iniciar un cambio de ese estado de cosas. El convenio multilateral, que distribuye este impuesto entre las provincias fue diseñado para épocas donde la globalización no existía. Hoy cualquier PyME negocia en todo el país. Y eso la hace contribuyente de todo el país. Situación inmanejable para cualquier empresa pequeña o mediana. Las empresas son sometidas -ese es el término que más se ajusta a la realidad- a la arbitrariedad de las direcciones de rentas de las provincias. Y es muy difícil que una empresa hoy pueda enfrentarse a estas administraciones. El funcionario fiscal tiene toda la estructura del estado a su disposición para avanzar en los procesos, aunque sean irrazonables. Y los más grave, es cuando se llega a la situación donde “el estado no da la razón al contribuyente, aunque ésta la tenga”, la discusión es estéril e imposible para el administrado. Las PyME no tienen la dimensión adecuada para enfrentar esta situación de desigualdad manifiesta. La relación jurídica tributaria ha vuelto a ser una relación de poder a favor del fisco.
Y ahora se suman los municipios cobrando impuestos. Aún cuando existen sentencias contrarios a esta posibilidad (CSJN – “Gasnor vs. Municipalidad de la Banda”), el acceso a esta instancia es casi inalcanzable para pequeñas empresas. Los municipios tucumanos gravan la “fuente de renta”, o sea que cualquier empresa del país que opere en Tucumán resulta contribuyentes de los tributos municipales. Y el municipio capitalino comenzó nombrando agentes de retención, percepción y recaudación. Las PyME de otras provincias comenzarán a generar saldos irrecuperables contra la Municipalidad.
La imposibilidad de acudir a la justicia se pone de manifiesto con el caso del impuesto de sellos, otro anacronismo en la era de internet, para contratos entre ausentes, donde la provincia tiene más de una docena de sentencias en contra de la Corte Suprema Nacional, con costas a su cargo. ¿Y quién soporta esos costos ¿los funcionarios que insisten? ¿O los ciudadanos?. En muchos casos las PyME terminan pagando, porque el costo de la discusión judicial es superior. El funcionario no tiene responsabilidad y los costos los soporta la ciudadanía.
Federalismo mal entendido
Hasta hace unos meses el federalismo mal entendido hacía que Tucumán exigiera la presentación de una declaración jurada adicional, además de la que se presenta de manera uniforme en todo el país, para liquidar convenio multilateral de todas las jurisdicciones. O sea una doble liquidación. Se llega al absurdo de que si una empresa quiere encarar ventas por internet a todo el país, debe pensar seriamente en constituir una nueva sociedad, porque de lo contrario se le podría generar en poco tiempo saldos a favor irrecuperables en distintas jurisdicciones, debido a los sistemas de recaudación establecidos.
El sistema fiscal, considerando los tres niveles de gobierno en general, se ha implementado sustancialmente a través de la utilización de sistemas de retención, percepción y recaudación. Las PyME no están en condiciones de organizar estructuras para manejar estos sistemas en general y no deberían ser designados agentes de recaudación (retenciones o percepciones). Podría organizarse sistemas de información simples, para que los organismos de control analicen la situación fiscal de presuntos contribuyentes.
Para ejemplificar dificultades de administración, Tucumán tiene una tasa de retención o percepción que es distinta para cada contribuyente. O sea, en cada pago, por ejemplo, hay que ver qué señala Rentas como alícuota de retención. Si la empresa no cuenta con un sistema que pueda operar este mecanismo, es inviable llevarlo adecuadamente y el contribuyente está sujeto a permaneces errores, que generarán intereses y multas).
Es necesario una verdadera simplificación de trámites fiscales, sin que ello implique disminuir los controles fiscales. Sino por lo contrario, concentrarse en los verdaderos bolsones de evasión, haciendo mucho más eficiente el uso de la tecnología. Se debe luchar contra la evasión a través del seguimiento de la “ruta del dinero”. Se debe transparentar el manejo de los fondos del Estado. Para ello es suficiente -o imprescindible- que se publicite en Internet el libramiento de cada orden de pago, lo que permitiría un control social de alto nivel. El oscurantismo en los gastos atenta contra la salud democrática y fiscal.
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