“La gente no entiende lo que pasa. Por un lado sabemos que hubo una contaminación que está siendo investigada por Santiago del Estero y que las autoridades de Tucumán dicen que fue una creciente. A mí nadie me quitará lo que vi y el olor pestilente a vinaza que traía el canal”, dijo Claudia Jiménez, la directora de la escuela de El Palomar (departamento Jiménez), lugar donde se investiga un probable desastre ambiental. En ese paraje, donde habitan más de 100 personas, la responsable del establecimiento educativo es referente de la sociedad. “El viernes creció el canal de riego. Nos llamó la atención por el olor nauseabundo y la espuma que generaba la correntada”, agregó.
Ella, junto a otros habitantes, se preocuparon en tomar fotografías y registrar videos para documentar lo que había sucedido el viernes por la siesta. Realizaron la denuncia y el fiscal federal Pedro Simón ordenó que se tomaran muestras del agua y que a través de imágenes satelitales se trate de determinar el origen de la supuesta contaminación.
El lunes, horas después de que el caso tomara estado público, la Secretaría de Producción de Tucumán emitió un comunicado para desmentir que se haya tratado de un hecho de contaminación. Explicaron que se observó una creciente importante demostrada por la vegetación caída, volcada por el paso del agua, causando un gran arrastre de sedimentos. “Personal de la Dirección de Protección Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente revisó los sitios de disposición de vinaza de los ingenios que operan en la zona. Aunque las muestras tomadas aún se encuentran en proceso de análisis, no se encontraron a simple vista residuos compatibles con vinaza”, dijeron.
Carlos Sierra, comisionado de El Arenal, que tiene jurisdicción sobre El Palomar, señaló en una nota publicada por el diario “El Liberal” que el agua marrón que llegó al poblado por el canal interprovincial del Este, tenía olor típico de la cachaza. “El agua con sedimento no va a hacer esa espuma que además, tenía olor. Es la misma agua que en el 2013 cuando hemos tenido el problema”, destacó.
Ese “problema” derivó en un juicio histórico. Para los investigadores, el ingenio La Florida había volcado vinaza que llegó a la población a través del mismo canal que fue analizado en esta oportunidad. El fiscal federal de Tucumán Carlos Brito investigó y logró que Jorge Rocchia Ferro y el gerente de la planta Roberto Coronel fueran enjuiciados por delitos ambientales al haber liberado más de 50 millones de litros de vinaza al canal interprovincial del Este. En mayo de 2023, un tribunal condenó a los dos acusados a tres años de prisión condicional, el pago de multas a Rocchia Ferro por $100.000 y a Coronel, $85.000 y una serie de reparaciones por haber afectado a los habitantes de esa localidad. La causa se encuentra apelada.
Panorama desalentador
“La gente sabe que fue lo mismo que sucedió hace más de 10 años. El panorama es desalentador. Por la crisis, muchos de los pobladores ya no podrán pescar para alimentarse. Las personas que tienen animales para vender están complicados porque no pueden permitir que beban agua del canal”, dijo Jiménez. “Los pobladores están asustados porque tienen miedo que se vuelva a contaminar. Todo quedó en la nada. No fueron a la cárcel, no pagaron la multa ni hicieron la reparación que les dictó la Justicia”, informó.
En el fallo, entre otras cuestiones, el tribunal dispuso que Rocchia Ferro se hiciera cargo de la construcción de un pozo de agua potable; una casa albergue docente; una fosa sanitaria; y un galpón para la práctica de actividades de los niños de la escuela del lugar. Se dispuso también la instalación de una cerca perimetral a la escuela de la zona y la construcción de un puente peatonal, así como la entrega de 100 guardapolvos para los estudiantes y de 20 becas para jóvenes de El Palomar en la Universidad San Pablo de Tucumán.
Arnoldo Ahumada, que defiende al empresario con Eduardo Rothe, confirmó la versión dada a conocer por la docente. Explicó que no cumplió con lo pedido porque el fallo fue apelado y actualmente la resolución está en poder de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal.