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UNIVERSIDAD PUBLICA. El costo de los estudiantes de grado de las instituciones educativas estatales está en la mira. / ARCHIVO LA GACETA.
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, informaron fuentes oficiales.
El sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sindicatura General de la Nación sin necesidad de un convenio específico con cada institución. Este nuevo criterio da por tierra con el implementado por Carlos Zannini, ex procurador del Tesoro, en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Antes de ese año, las universidades tenían mayor grado de control por parte de la SIGEN. Pero en noviembre de 2022, Zannini resolvió que a las universidades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100 de la ley de Administración Financiera (cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera), con la justificación de un artículo incluido en el presupuesto de 2020.
El efecto de esta interpretación por parte de Zannini -encolumnado con Cristina Kirchner- resultó en que las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran. Más tarde, en 2023 Jaime Perzyck, exministro de Educación, firmó un convenio con la SIGEN por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de altos estudios, que podían solicitar una auditoría por parte del organismo.
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