La Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán, a cargo de Julio Rodríguez, reaccionó ante la medida del Gobierno nacional que prevé la desregulación del transporte de media y larga distancia. El dirigente dijo que el decreto del presidente Javier Milei repercute en la problemática local con las plataformas digitales, e insistió con el pedido de declaración de emergencia económica del sector en San Miguel de Tucumán.
El artículo 19 del decreto sobre el Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera indica que “en los espacios de acceso público de todos los puertos, aeropuertos y aeródromos nacionales, podrán ingresar para el ascenso y descenso de pasajeros -y su transporte hacia cualquier destino- servicios de alquiler con taxímetros habilitados en cualquier jurisdicción”.
A su vez, añade que también estarán autorizados “los vehículos de cualquier tipo de empresa prestadora del servicio de transporte automotor de pasajeros, sean estos contratados de manera tradicional o mediante la utilización de plataformas digitales”. “Esto da curso para que las aplicaciones, y también el taxista, puedan descender y ascender pasajeros y transportarlos, más allá de cualquier jurisdicción”, resaltó Rodríguez.
El problema es que la disposición se refiere a terminales nacionales, sin contemplar la legislación vigente en las provincias o municipios. “Por eso solicitamos a la intendenta, Rossana Chahla, que de una vez por todas se clarifique la situación para saber dónde vamos a quedar parados nosotros, los taxistas”, planteó el chofer, sobre la regulación de las plataformas digitales.
Rodríguez aseguró que es necesario brindarle un curso legal a las aplicaciones como Didi, Uber o Cabify, sobre todo después del decreto nacional. “La medida del Gobierno habilita a las aplicaciones a trabajar en los espacios públicos nacionales. El problema es que, al no tener desarrollado el instrumento legal del municipio y de la Provincia, esto quedaría con un vacío legal donde una parte dice que sí y la otra no dice nada”, consideró.
La semana pasada, la jefa municipal dijo durante la presentación de 16 nuevas unidades del transporte público de pasajeros que convocaría al sector para analizar las alternativas de una nueva plataforma digital. Además, anunció la creación de un fondo fiduciario mediante el cual los choferes podrían arreglar sus vehículos con ayuda de la Municipalidad.
Reclamos locales
En este sentido, la Federación insistió en el Concejo Deliberante con la solicitud de emergencia del sector taximetrero, que ya había sido planteada al cuerpo en otras oportunidades.
El 26 de septiembre ingresó en el edificio de Monteagudo y San Martín dicho pedido, que se sostiene en base a tres puntos: que se suspendan las inspecciones oculares anuales para los taxis, que se prorrogue el plazo de vencimiento de inspección anual consecutiva (porque hay coches que desde 2022 no pueden realizar el examen, sumando tres años sin hacer la prueba) y que se extienda el plazo de vencimiento del modelo requerido para los vehículos 2012, 2013 y 2014.
“Se generó una creciente competencia desigual y desleal con las distintas aplicaciones que funcionan libremente en este municipio y los aledaños, a causa de la cual se ha arribado a una situación insostenible de deterioro de nuestras unidades”, fundamenta el escrito.