Fuerza bruta

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, ha sido la estrella de una concepción oscura de la seguridad que pega fuerte en el inconsciente colectivo: sacar a los delincuentes del medio a como dé lugar. Esa imagen es la que queda grabada cuando se muestra que la cárcel y las comisarías están llenas de detenidos y cuando se muestran operativos como el de la semana pasada y se informa que hubo 200 detenidos. En el inconsciente colectivo queda la idea de que se capturó a 200 delincuentes. El operativo no fue en countries ni en la plaza Independencia sino en zonas marginales y luego nadie chequeó si hubo buena o mala praxis policial. Quedó la imagen: 200 detenidos. “200 culpables (de algo) detenidos”, se lee.

El jefe Girvau fue más allá. Dijo que los delincuentes nacen delincuentes y mueren en esa condición y que no se recuperan, con lo que enrostró en la cara de toda la sociedad un extendido prejuicio de que las cárceles no sirven porque nunca se ha cumplido el texto constitucional de que deben ser lugares para que se reeduquen a fin de cumplir sus condenas y luego reinsertarse en la sociedad. Si no, hay que tenerlos para siempre ahí, irredimibles, como si fueran Robledo Puch o Charles Manson. Y puntualizó que si los delincuentes atacan a la Policía, los van a matar. “La crueldad se convirtió en una rutina. Ya no es un problema de los garantistas; se han perdido las reglas básicas del pensamiento más tradicional de que se debe recuperar al que comete un delito”, dice el jurista Alberto Binder. “No sólo el pensamiento progresista sino el conservador clásico se preocupaban de hacer algo con el que estaba preso porque es el peor negocio para la sociedad. Si la cárcel es una escuela de violencia y saben que es a todo a o nada, es un llamado a lo peor que le puede pasar a una sociedad; es que directamente se difuminen los límites entre la violencia y la del Estado”; y sentenció: “lo que dijo el jefe de Policía es una apología del delito. Es un llamado a la violencia institucional”.

Nueve años de hacinamiento

Pero violencia institucional ya hay desde hace mucho. No sólo se trata de que la cultura policial es por su propia naturaleza compleja, contaminada por la oscuridad de los asuntos que tratan -delitos, degradación social-, combinados con un poder tremendo sobre la libertad de la gente. De eso da cuenta la larguísima e irresuelta discusión sobre las atribuciones que da la ley de Contravenciones que permite, aunque esté prohibido, que detengan a cualquiera por “portación de cara”, siempre, claro está, que esa cara encaje dentro de ciertos cánones sociales que la Policía pretende saber diferenciar. El policía experto es escéptico con respecto a los discursos sobre la resocialización y los considera como expresiones de anhelo. Por ello se trata, además, de que en nuestro medio desde hace mucho tiempo hay una degradación y una pérdida colectiva de memoria con respecto a abusos policiales. El tema del hacinamiento en las comisarías tucumanas lleva ya nueve años sin resolución. En 2015 se planteó un habeas corpus cuando había 500 detenidos en seccionales. Hoy hay 2.000 y el silencio ante la oscuridad del sistema es ominoso.

Binder hace notar que “los sectores progresistas de Tucumán están paralizados. No es la primera vez en la historia; ya ocurrió con el caso entre el Presidente de la Corte y un juez que lo denunciaba. Es tal el nivel de individualismo que en el Poder Judicial y en la Universidad hay una ausencia notoria de coraje cívico”.

El gobernador Osvaldo Jaldo ignoró lo dicho por el jefe policial. Con la idea de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, dijo que él se guía por las estadísticas que dicen que en Tucumán han bajado los homicidios y que hay reducción del delito. “Hoy, ¿dónde están los motochorros y rompevidrios? Detenidos en la cárcel de Villa Urquiza y en comisarías, porque no tenemos lugar suficiente”, dijo, y volvió a prometer que pronto (no se sabe cuándo) habrá lugar para depositar a los detenidos en Benjamín Paz. Será al estilo de la degradada sociedad de Bukele en El Salvador, como podría decir el ministro de Seguridad.

No hay que dejar de señalar que este modelo policial, que requiere de 12.000 agentes y que ya tiene al menos 5.000 personas encarceladas sin que se puedan dar pruebas concretas de que la violencia se va a terminar en los barrios, es útil para que se perpetúe este estilo militarista de gastos en armas y patrulleros. Hay un pujante negocio con la seguridad. Venta de alarmas y otros elementos y de servicios particulares adicionales de los mismos policías. De la explosión del narcomenudeo –las mismas autoridades dicen que no hay pueblito en Tucumán al que no haya llegado la droga- también salen tareas oficiales para cumplir. Nos estamos preparando, no para ser Noruega ni Suiza, sino otro Salvador.

Datos blindados

En Tucumán pasa algo muy serio, además del silencio de los profesionales, de los universitarios, de la Asociación de Magistrados, de las secretarías de Derechos Humanos de la Corte Suprema y del mismo Gobierno. No se conocen bien los datos de lo que sucede, porque están blindados. Así lo señala Binder, que advierte que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) ha planteado que el Ministerio Público Fiscal no ha dado informes para medir el ranking de eficacia en el país. “Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”, dice el Inecip. Binder agrega que ya se reclamó a los jueces de ejecución de sentencia por su responsabilidad ante las largas detenciones de gente en comisarías. El problema lleva nueve años, y se va agravando, a pesar de lo que dice el Gobierno. Pero la marca registrada de los “200 detenidos” en operativos sigue teniendo resultado.

“Cuando los jueces se pliegan a la degradación masiva de los derechos fundamentales toda la sociedad está en peligro”, dice Binder. “¿Cuál es el próximo límite? En Tucumán se está gestando un modelo autoritario, igual que en otras partes del mundo y en el país. Cada vez más libre mercado y cada vez más autoritarismo político”. Y concluye: “hay un Poder Ejecutivo que hace de la brutalidad un discurso positivo”. Tremendo sofisma el de la seguridad.