Por Federico Türpe
12 Octubre 2024
“El Gobierno tucumano autorizó la pena de muerte, en determinados casos y bajo ciertas condiciones”. Esta metáfora permitiría sostener que no la legalizó, pero la autorizó.
Tomó notoriedad esta semana el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, con declaraciones polémicas desde lo discursivo, palmariamente inconstitucionales, pero populares dentro de un enrarecido clima social, donde una amplia mayoría ha perdido la paciencia con la inseguridad galopante.
En una entrevista con el periodista Omar Nóblega, en el programa “Los Primeros”, de Canal 10, Girvau disparó varios títulos controversiales: “Son delincuentes, nacen y mueren delincuentes, no se reintegran”; “el que elige delinquir sabe que puede morir”; y “tienen que saber que si atacan a un policía van a morir”.
El mensaje mortífero de Girvau fue analizado luego con más profundidad en el programa de LA GACETA Panorama Tucumano, por Federico van Mameren, Roberto Delgado y Guillermo Monti, donde se hizo foco en la gravedad de la sentencia y en cómo estarán de mal los ánimos de la gente que ya no cabe siquiera la corrección política.
En paralelo, varias notas de LA GACETA fueron interpretando, desde distintas perspectivas, los mensajes tan nada subliminales del jefe de Policía.
Sin demasiada repercusión mediática, apenas una semana antes, Girvau había declarado en un móvil telefónico, también con Nóblega: “Que sepan los delincuentes que cuando enfrenten a la Policía van a terminar muertos”.
A casi nadie le cayó la ficha
Y el silencio de los tres poderes fue contundente: acompañaron la advertencia del policía. Más tarde, el gobernador, Osvaldo Jaldo, salió a respaldar públicamente a Girvau, cuando se lo consultó por esas polémicas declaraciones: “Yo mido el accionar policial por estadísticas, por los resultados y por lo que me pide el pueblo tucumano en materia de seguridad”.
Se puede gobernar con la Constitución en la mano, lo que no siempre resulta bien recibido por una opinión pública enojada y agresiva, o se puede optar por gobernar con las encuestas sobre el escritorio. Jaldo eligió la segunda opción, como mandan los manuales básicos de pragmatismo.
Esto podría llamarse licencia para matar autoconcedida, porque dictar pena de muerte contra un sospechoso, en medio segundo, es tácitamente una licencia para aniquilar una vida, un complejo dilema que a una Corte de Justicia le puede llevar años resolver, en países donde la pena de muerte está contemplada.
¿Ataque con armas de fuego? ¿Sólo exhibición de un arma? ¿Amenaza del tipo “estoy armado”? ¿Te muestro un palo? ¿Te tiro una piedra? ¿Corro hacia vos? ¿Empiezo a gritar? El grado del peligro que pueda correr un policía queda al libre arbitrio del uniformado, con o sin experiencia.
¿Cuál es el límite policial para contar con licencia para matar? Como ese policía de sólo 24 años que en septiembre del año pasado “en estado de estrés” realizó 12 disparos y mató a tres personas, una de ellas un inocente que pasaba por el lugar del tiroteo, en avenida América y Perú. Los otros dos habían robado un celular.
O serán los gendarmes que le cobraban coimas a los narcos para traficar drogas y mercaderías ilegales. Y ahora también se investiga si además hay fuerzas provinciales involucradas en esos crímenes. ¿Esta gente es la que tiene licencia para matar en Tucumán?
Los lados del mostrador
En una provincia con una frondosa lista de policías involucrados en todo tipo de delitos y excesos, autorizarlos a fusilar a discreción cuando se sientan amenazados no sólo es ilegal, sino que además se trata de un dislate mayúsculo, peligrosísimo; sobre todo por el escaso entrenamiento con que cuenta la mayoría de la fuerza. Falta de instrucción técnica, pero también carencia de formación cívica e intelectual.
Llama la atención que el jefe de Policía no haya sido acusado por apología del delito, pero tampoco sorprende en una provincia donde la división de poderes es cuanto menos polémica.
Jaldo es consciente de que cada vez que un delincuente es abatido, uno de los comentarios más repetidos en el foro del diario es: “Una lacra menos”.
La Justicia por mano propia es aceptada por un vasto sector de la sociedad, aun cuando no existan pruebas fehacientes contra el sospechoso. Sólo una presunción, un presentimiento, es suficiente para gatillar. La famosa “portación de cara”.
Todo este debate ni siquiera debería existir en un país donde la pena capital está tajantemente prohibida. Más grave aun cuando la autoconcedida licencia para matar de Girvau es selectiva y sectaria: morirán aquellos que amenacen a un policía. Si la víctima o potencial víctima no lleva uniforme no contará con el mismo “derecho” a fusilar “una lacra”.
Hace un par de semanas se difundió un video del calabozo de la comisaría 11, donde se confirma que se están violando los derechos humanos más básicos y casi todas las garantías constitucionales, con detenidos en condición de hacinamiento, sin baños, haciendo sus necesidades en botellas y bolsas, durmiendo en el piso orinado, contagiados de sarna, piojos y otras enfermedades. El eje de la filmación era un joven en estado famélico, piel y hueso, que falleció un par de días después de la grabación, presumiblemente por haber sido VIH positivo, además de que padecía un muy avanzado estado de desnutrición.
Publicidad encubierta
Una fuente legislativa aseguró que no fue casual la filtración de ese video, que a la Policía, con la silenciosa anuencia del Gobierno, le interesaba que se difundiera el estado infrahumano en que conviven los detenidos. “Esto es lo que te espera si vas preso”, sería el mensaje. Violadores y asesinos amontonados con ladrones de zapatillas o de un paquete de fideos. Publicidad encubierta sobre la mano dura.
Así asoma un gobierno al que aplauden de pie sectores de la sociedad asqueados de todo, de la corrupción, del delito, de la mentira, del enriquecimiento ilícito, del nepotismo pornográfico, de la inutilidad política…
El problema es que esta decadencia incluye a la clase dirigente y a la propia Policía, de modo que la autoridad para dictar sentencia está demasiado cuestionada, sobre todo cuando se trata de una sentencia de muerte.
En el Gobierno saben que la sociedad aprueba violar las garantías siempre que no sean las propias. Mientras no se metan con mis garantías, todo vale; incluso fusilar a alguien por portación de cara. Mañana puede ser el amante de la esposa de un policía, o un acreedor al que no se le puede pagar, un viejo enemigo de la adolescencia que le robó la novia o, por qué no, matar a un policía honesto que descubrió en falta a su compañero.
¿Si el policía puede por qué yo no? Es la pregunta que se podrían estar haciendo ahora cientos de tucumanos, y seguramente no todos serán las mejores personas, más bien serán “los mal nacidos” que señala Girvau.
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