“Nadie se imaginaba que íbamos a perder a mi hermana. Se cargaba todo ella sola; yo me di cuenta hace poquito y traté de contenerla. No sabíamos cómo sacarla; le había buscado un trabajo para que no se fuera y así fue hasta que hace dos semanas me dijo “ya vuelvo”, y no volvió más. ¡Lo único que pido es que se haga justicia por mi hermana! Estamos destrozados; ella no se merecía esto. Voy a ir hasta lo último para que se haga justicia; no quiero que haya otra víctima como mi hermana”, manifestó Ana Fernández, la hermana de Camila del Carmen Fernández, la joven de 25 años que fue asesinada el sábado a la noche por su pareja, Juan Armando Jerez (27), quien estará bajo prisión preventiva por seis meses.
El fin de semana la provincia quedó conmovida por los femicidios de Camila, Silvia Herrera (45) y Soledad Iramain (31), ocurridos en menos de 48 horas. De los tres casos, los femicidas de Herrera, José Daniel Juárez, y de Iramain, Francisco Timoteo Saldaño, se quitaron la vida luego de los asesinatos. Jerez estuvo durante más de un día prófugo, hasta que el lunes fue capturado por la policía.
En una audiencia realizada ayer, el fiscal Pedro Gallo lo imputó de ser el autor del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el uso de arma de fuego.
Según la teoría del caso de la Fiscalía de Homicidios I, el trágico episodio fue sábado 5 de octubre alrededor de las 20.15 cuando el acusado estaba en su domicilio, ubicado en barrio Ampliación Eva Perón, junto a Camila. “Jerez, valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido por la víctima en razón de su vulnerabilidad como mujer, con el claro propósito de causarle la muerte, le efectuó un disparo con un arma de fuego que tenía en su poder, impactando el proyectil en la región frontal derecha del rostro, falleciendo por un traumatismo encéfalo craneano”, expuso el titular de la UFI.
Una de las primeras personas en recibir al personal policial en la vivienda del imputado fue su hermana Agostina, quien manifestó vivir en la casa de al lado y que al escuchar el disparo fue a ver qué pasaba y encontró a Camila tirada en la cama. Según su declaración, rápidamente pidió auxilio a los vecinos para que llamaran a una ambulancia.
El personal de Homicidios estuvo trabajando en la escena del crimen y entrevistó a vecinos y familiares de la víctima y del imputado. Algunos de ellos refirieron que Jerez era una persona problemática y agresiva, que solía portar un arma de fuego, que ya había agredido a una ex pareja, que junto a Camila tenían una “relación tóxica” y que solían escuchar que el imputado la agredía físicamente. También les advirtieron a los investigadores que el cuñado de Jerez tendría el arma de fuego. Al tomarle declaración, el hombre afirmó que el arma estaba en su patio trasero. Posteriormente el revólver fue resguardado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Otros testigos dijeron que vieron al imputado huir del lugar mientras se agarraba la cabeza. Uno de ellos declaró que le dijo a Jerez que se hiciera cargo, a lo que el hombre le respondió “me he moqueado”, y luego se fue corriendo en dirección a la avenida Roca.
Planteo de la defensa
Luego de escuchar las evidencias y la acusación en su contra, Jerez prefirió mantenerse en silencio. Un aspecto que llamó la atención fue el planteo realizado por su abogado defensor, Eduardo Herrera, quien se opuso a los agravantes endilgados por el MPF planteando que, según su teoría del caso, se trató de un accidente y que no está acreditado el contexto de violencia de género. “No hay un informe de riesgo ni uno psicológico; no hay denuncias previas y la única testigo que dice haber visto alguna situación de violencia fue la hermana de la víctima, que obviamente tiene un interés subjetivo en el proceso”, argumentó.
Gallo, por su parte, le aclaró al defensor que el hecho de que no haya denuncias previas por parte de la víctima de ninguna manera permite descartar un contexto de violencia de género. “Una de las características de la violencia de género es el sometimiento de la víctima con lo cual suele ser habitual que no denuncien este tipo de hechos, lamentablemente”, sostuvo. Acto seguido solicitó que Jerez fuera sometido a seis meses de prisión preventiva para cautelar la investigación, teniendo en cuenta que estuvo prófugo y que podría influir en los testigos.
A pesar de que Herrera se opuso al plazo por considerarlo excesivo, finalmente el juez Alejandro Valeros resolvió hacer lugar al pedido del fiscal.