Legisladores de la oposición piden informes por el transporte público

Legisladores de la oposición expresaron objeciones al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el gobernador, Osvaldo Jaldo, para habilitar la compra de 100 colectivos. Y en medio de estas críticas, además, se puso la lupa sobre las líneas afectadas a los servicios metropolitano, interurbano y rural, que serán las principales beneficiarias de las nuevas unidades que adquirirá el Poder Ejecutivo.

Los radicales Silvia Elías de Pérez y José Seleme alistaron un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Transporte para indagar sobre el funcionamiento de las empresas de ómnibus que circulan en el interior de la provincia.

Este planteo tiene como fin obtener datos y cifras que permitan tomar una decisión fundada a los miembros del bloque “Valores para Tucumán”, debido a que la próxima semana se espera el tratamiento del DNU en el recinto del Poder Legislativo.

“Tenemos una innumerable cantidad de interrogantes que quedaron sin responder después de la visita del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. Necesitamos saber el estado de las concesiones de las empresas de ómnibus del interior, la cantidad de líneas que circulan y si el funcionamiento de las mismas se realiza de acuerdo a las necesidades de los usuarios”, sostuvo Elías de Pérez. Por su parte, Seleme hizo hincapié en la necesidad de conocer “el estudio de costos que se realiza por empresa para determinar el actual valor del boleto y, por ende, el porcentaje que el Gobierno provincial aporta en concepto de subsidio”. En ese sentido, consideró que “realmente hay muchas dudas y poca transparencia al respecto de este dinero que es de todos los tucumanos”.

Los radicales consideran que es clave obtener una respuesta por parte del área competente del Poder Ejecutivo. “Tampoco tenemos la suficiente claridad sobre el DNU en sí mismo. Con el legislador Seleme nos preguntamos cómo se devolverá efectivamente ese crédito, en qué plazos y qué ocurrirá en caso de que las empresas funciones con una tenencia precaria. Necesitamos tener toda la información. Estamos hablando de millones de pesos de los tucumanos”, cerró Elías de Pérez.

Desequilibrios económicos

En tanto, el legislador de La Libertad Avanza, José Macome, enumeró cuatro puntos sobre la operatoria que tramita el PE. “No se informa en el DNU si los subsidios que actualmente otorga la Provincia en dinero seguirán pagándose o si esta compra los reemplazaría”, planteó. Agregó que, al establecer que el pago de las unidades por parte de las empresas “se haría de acuerdo a sus posibilidades económicas, trasforma la venta en casi una donación”. “La mayoría de las empresas manifestaron de manera pública sus desequilibrios económicos”, remarcó el dirigente libertario.

En ese sentido, añadió que “no se establece qué empresas ni qué líneas tendrán la posibilidad de acceder a las unidades que compre la Provincia”. Y cuestionó que “la supuesta garantía del subsidio que reciben actualmente las empresas en realidad no es tal, ya que la Provincia paga esos subsidios; o sea que esta pagando también la garantía de la empresa”, rechazó Macome. “Me parece que el Estado provincial ya está subsidiando al transporte; si además tiene que comprar las unidades y vendérselas con facilidades que obviamente no son las del mercado, es evidente que el sistema no funciona y hay que revisarlo de fondo. Así, como esta planteado, es un sistema estatal que financia las ganancias de las empresas concesionarias. Claramente no es la solución; es un parche”, indicó el legislador del espacio que lidera Javier Milei.