09 Octubre 2024
Luego de que se confirmara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de todo el país se declararon en alerta. Y la Universidad Nacional de Tucumán no es la excepción, donde por estas horas se evalúa la toma de algunas facultades.
Alumnos de Artes acordaron una toma simbólica, mientras que Filosofía y Letras evalúa si se suma a esa medida, según pudo saber LA GACETA.
Se trata de una toma consensuada y pacífica, que se extenderá hasta mañana a las 8, cuando se dé inicio al paro convocado por Frente Sindical de Universidades Nacionales para este jueves.
Cómo votaron los diputados tucumanos el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno de Javier Milei logró este jueves que la Cámara de Diputados de la Nación sostenga el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. La votación terminó con 160 votos a favor y 84 votos negativos. Además, hubo cinco abstenciones.
Los parlamentarios Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández del Bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, rechazaron el proyecto original impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR); lo mismo hicieron Mariano Campero, Gerardo Huesen (Fuerza Republicana) y Paula Omodeo (CREO).
En contra del veto votaron los diputados Carlos Cisneros (Unión por la Patria), Pablo Yedlin (Unión por la Patria) y Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical).
¿Qué dice la ley de Financiamiento Universitario?
La norma sancionada por el Congreso, vetada por Milei, establece una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional por la inflación acumulada al 1° de diciembre del 2023. Define, además, una actualización mensual de los mismos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arroje el Indec, solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo paritario.
Respecto de los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Para lo que resta del año, determina que se revisen estas partidas de manera bimestral con el índice de inflación publicado por el Indec.
El propósito de la ley es garantizar el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo.
Según el decreto de Milei que oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, ese proyecto significa un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en cambio, estimó que para este año tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.
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