“No es casual que hayamos conocido estos femicidios durante este fin de semana con la crisis social, económica e institucional que estamos viviendo a nivel nacional y provincial”, remarcó Luciana Belén Gramaglio, abogada integrante del Comité de América Latina y el Caribe en defensa de los derechos de las mujeres (Cladem). La profesional habló sobre los tres femicidios ocurridos en menos de 24 horas y que duplicaron las cifras registradas hasta el sábado.
Después de un trágico fin de semana debido a los crímenes de Camila del Carmen Fernández (25 años), asesinada de un disparo en la cabeza por su pareja Juan Armando Jerez (27) en Tafí Viejo, y el de Silvia Carolina Herrera (45), ultimada por su ex pareja José Daniel Juárez en la localidad de El Naranjo (y que luego se quitó la vida), se sumó un tercer femicidio ocurrido en los primeros minutos del lunes.
Fernanda Soledad Iramain (29) y Francisco Timoteo Saldaño (50) vivieron juntos hasta el 25 de septiembre. Ella se mudó con sus hijos a la casa de un hermano. El domingo por la mañana se presentó en la comisaría de Gobernador Piedrabuena para denunciar a su ex. Dijo que la perseguía y que le habría dicho: “si no sos mía, no serás de nadie porque te voy a matar”.
La víctima pidió tiempo a la Policía para buscar más pruebas porque pretendía que le otorgaran una medida de protección. Anunció que volvería, pero nunca lo hizo. Pese a que la exposición quedó a medias, la agente que la interrogó subió al sistema lo que había pasado. Esa información impactó en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana a las 19. No hubo tiempo para hacer nada.
Según declararon los familiares de la joven, Carlos Vizcarra (45) buscó a Iramaín pasadas las 23 de la casa donde estaba viviendo. Se subió en la moto y partieron a un lugar desolado. Según la teoría que maneja el fiscal Carlos Sale, el femicida, que habría estado observando los movimientos de la joven, los sorprendió. Primero atacó a Vizcarra aplicando varias puñaladas con un cuchillo tipo carnicero. Después persiguió hasta alcanzar a su ex y, con la misma arma, la hirió en cinco partes diferentes del cuerpo.
Luego de haber cometido el brutal ataque, Saldaño llamó por teléfono a la hija mayor del matrimonio. “Los maté a los dos, ahora hija querida vamos a vivir en paz”, le habría dicho a la adolescente, la mayor de dos hermanos. Luego, según el fiscal, habría decidido quitarse la vida, ya que por el estado de salud de Vizcarra, no podría haber atacado al femicida. Además, los peritos sostuvieron que las lesiones que presentaba el femicida tendrían características de haber sido autoinfligidas.
Leyes y políticas públicas
Gramaglio planteó que los tres episodios no son un caso aislado sino que están vinculados a la crisis socioeconómica y al desfinanciamiento de políticas públicas para la protección de niñas, adolescentes, mujeres y diversidades. “Estas políticas regresivas habilitan y toleran por parte del Estado la violencia hacia las mujeres; por eso no es casual que tengamos este tipo de reacción. Hoy el peligro es mayor cuando tenés discursos desde los poderes políticos que legitiman este tipo de violencia”, sostuvo.
Para la representante de Cladem las leyes en materia de género que rigen en el país son acertadas, el problema está al momento de aplicarlas. “Un claro ejemplo es cuando el Poder Judicial ordena las medidas de restricción. No suele hacerse un seguimiento de la denuncia ni de la medida y termina quedando como un mero papel de prohibición de acercamiento”, dijo.
“Me parece que lo que se necesita es que se destine un presupuesto real a las políticas de género; que las instituciones hagan abordajes integrales y se hagan cargo del acompañamiento de las víctimas que van a denunciar”, agregó.
Otro planteo que realizó la profesional fue la falta de transparencia respecto de los casos de violencia de género denunciados en el Ministerio Público Fiscal.
“Hablo concretamente del MPF porque no sólo no tiene un portal web donde se pueda buscar información, sino que hace un par de meses redujeron de siete fiscalías que se encargaban de investigar violencia de género y delitos contra la integridad sexual a cuatro. Desde las organizaciones tenemos datos de que alrededor del 50% de los casos que ingresan al Fuero Penal son de violencia hacia las mujeres. ¿Cuál habrá sido el criterio del MPF para que ante una demanda tan grave que es la protección de un grupo vulnerable reduzca las fiscalías de investigación? Si no tenemos cifras concretas difícilmente podremos hacer políticas públicas efectivas”, señaló.
Ana Ferreyra, integrante de la asociación civil Dejar Tus Huellas, hizo hincapié en que la mayoría de los últimos femicidios registrados sucedieron en el interior de la provincia. Al analizar la situación afirmó que el principal factor es la falta de acompañamiento que tienen las víctimas a la hora de pedir auxilio. “Cuando las mujeres van a buscar ayuda no hay psicólogas para que las atiendan. Cuando van a denunciar a las comisarías las atienden y les dicen que no está el comisario y que vuelvan más tarde. Yo veo que la respuesta del Estado es muy lenta; no digo que no se encarguen del tema, pero hay que agudizar el ingenio para parar esto y llegar antes”.
