Juicio por fondos de YMAD: contadores de la Sigen hablaron de falta de controles

Dos contadores de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que realizaron una auditoría sobre un informe para evaluar el control interno en la Dirección General de Construcciones por los fondos recibidos de YMAD en la Universidad Nacional de Tucumán hablaron ayer de posibles irregularidades. Esto en el marco del juicio que se le sigue al ex rector de la casa de Altos Estudios, Juan Alberto Cerisola, y a los ex funcionarios de la UNT Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.

Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que corespondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.

Ayer a primera hora declaró el contador Marcelo Caínzo, quien explicó que trabaja en la Sindicatura desde el año 1993. Y que se les había ordenado realizar la auditoría justamente para evaluar los controles internos de la UNT. A preguntas de la la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, Caínzo respondió que las resoluciones que les habían enviado “se apartaban de la ley de Obras Públicas, y no había controles por oposición, es decir que una sola persona podía tener dos roles en la operación”. Había problemas con los anticipos financieros, no estaban previstos en los pliegos de bases y condiciones, por lo que no había igualdad de trato en las licitaciones públicas”, dijo el especialista. Y profundizó: “No había controles internos; si no los hay se incrementa la posibilidad de irregularidades, no había condiciones de control”. Sin embargo, a preguntas directas de las defensoras de Cerisola, Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, advirtió que según ellos analizaron todo esto no conllevaba perjuicios para la Universidad, pero sí beneficios para los contratistas.

La audiencia fue dirigida en este caso por los jueces subrogantes Ana Carola Farías (quien estuvo en forma presencial), Jorge Alejandro Basbús, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, estos dos últimos mediante la plataforma Zoom.

Luego fue el turno del contador Juan Leonardo Sevilla, también de la Sigen, que analizó un informe de 2013, y afirmó que la Dirección General de Construcciones dependía del rector, “lo que generaba concentración de funciones”, y que se habían “eliminado las instancias de controles anteriores”, además de que a su entender, no había manuales de procedimiento para la selección de proveedores, por lo que se incurría en incumplimientos normativos. “Hubo procedimientos que no cumplían con la normativa vigente”, dijo. Y especificó que en sus análisis se llegaba a valores que no estaban previstos. “Nosotros tratamos de evitar riesgos y por eso hacemos los informes; le sugeríamos al rector que advirtiera lo que le estábamos diciendo”. En sus informes, Sevilla concluyó que “hay falta de estructura actualizada de la Universidad, falta de manuales de procedimientos aprobados, no se contemplaban diferencias entre anticipo financiero y acopio, y hay desconocimiento de bases para el resto de los oferentes, por lo que cae la posibilidad de igualdad, además de un control interno inadecuado”, lo que derivaba en la “alta probabilidad de ocurrencia de desvíos, errores e irregularidades lo que podría derivar en riesgos y perjuicios patrimoniales de magnitud”. “Los controles internos no brindaban seguridad”, aseveró.

A preguntas de los defensores Víctor Taleb, por Sacca, Alfredo Falú, por Cudmani, Peyracchia y Casen por Cerisola, y Mariano Galleta por Venturino, el testigo dijo no recordar algunos de los aspectos del informe (que igual está adjuntado como prueba).

Denuncias

La causa se remite a 2010 cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

La causa se relaciona con el manejo de unos $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio. Este había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole.

Las audiencias continuarán hoy con el testimonio de miembros de la Auditoría General de la Nación.