No cederán tierras del parque 9 de Julio para oficinas de Salud

Finalmente, las oficinas de la Junta de Evaluación de Discapacidad del Siprosa no se construirán en terrenos del parque 9 de Julio, como establecía el proyecto enviado por la Casa de Gobierno a la Legislatura. La iniciativa, que había llegado con dictamen favorable de la comisión de Legislación General a la última sesión, fue descartada en el recinto debido a las diferencias entre la Municipalidad de la Capital y la Provincia.

Ocurre que las tierras en disputa tienen una dimensión de dos hectáreas y están ubicadas en el parque 9 de Julio, detrás de donde funciona el 107 (avenida Brígido Terán y José Ingenieros). Y el principal pulmón verde de la Capital se encuentra protegido por diversas leyes, entre ellas la que crea el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia (7.500). Por lo tanto, en un proyecto del PE se solicitaba su desafectación y la transferencia para la construcción de un edificio para las oficinas de la Junta de Evaluación de Discapacidad.

En la Municipalidad tomaron conocimiento de esa intentona horas antes de la sesión realizada el 25 de septiembre, por lo que de inmediato solicitaron a los legisladores oficialistas y a las autoridades de la Cámara que volvieran a comisión el proyecto. Adujeron que nunca se había notificado a la Municipalidad sobre el tema y que hay normativas vigentes que impiden edificaciones nuevas. Cuando ingresó, el proyecto se giró a las comisiones de Legislación General y a Salud, pero no a la de Cultura. Tampoco el comité de Patrimonio de la Provincia había sido consultado al respecto.

Finalmente, la semana pasada se definió replantear el proyecto que prevé la desafectación del terreno de las regulaciones que rigen el parque 9 de Julio y la Ley N° 7.500, que protege el patrimonio cultural. En la reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por Gerónimo Vargas Aignasse, participaron los parlamentarios Carolina Vargas Aignasse, Sara Assan, Mario Leito, José Macome, Christian Rodríguez, Walter Berarducci, Hugo Ledesma, Silvia Elías de Pérez y Roque Tobías Álvarez. Por la Municipalidad concurrieron los secretarios Luis Lobo Chaklián (Obras Públicas) y Julieta Migliavacca (Ambiente y Desarrollo Sustentable). También asistió Hortensia Juárez, de la Junta de Evaluación de Discapacidad.

Inversión internacional

“Estamos buscando consensos para el lugar donde va a funcionar esta torre de discapacidad, una construcción muy importante que se va a hacer en Tucumán, con financiamiento de organismos internacionales por U$S 300 millones, en el marco de un acuerdo entre la Provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad”, afirmó Vargas Aignasse. “Lo que buscamos es centralizar el área de discapacidad, no solamente con la atención y la tarea que se hace en esa dependencia, sino para mejorarla, para darle un espacio verde, estacionamiento, para que puedan funcionar otros organismos nacionales como Renaper y Anses. Le vamos a dar dictamen seguramente en la próxima reunión, estamos esperando el informe de Catastro del lugar”, cerró.

Extraoficialmente trascendió que se están evaluando distintas posibilidades para la construcción del edificio, entre ellas un dominio de Campo Norte.

Migliavacca precisó que la Municipalidad acompaña la obra y su finalidad, pero pidió que se busquen alternativas para su locación. “Hemos solicitado que se evalúen alternativas. Queremos que el parque 9 de Julio siga siendo un pulmón verde y cuidar cada metro cuadrado verde que tenemos en la ciudad”, adujo la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. “Nosotros avalamos la iniciativa de realizar un centro integral de discapacidad que pueda concentrar muchas actividades. Definir dónde tiene que ver con una planificación urbana, una planificación de los espacios, de la accesibilidad para los vehículos, ya que van a transitar muchos vehículos porque van a tener muchos servicios. Estamos interviniendo en eso”, añadió la funcionaria de Rossana Chahla.

“Se habló precisamente del mejor lugar para la construcción de una torre para personas con discapacidad. Hay un convenio que tendría que firmar el Gobernador con la Agencia Nacional de Discapacidad y en ese lugar funcionaría la Junta de Discapacidad y otras dependencias. La idea es trabajar en conjunto para lograr los objetivos, que es pensar en las personas con discapacidad y a su vez, respetando el medio ambiente”, cerró Juárez.