La universidad es un valor social mayor que el “déficit cero”

Las multitudinarias marchas del miércoles en todo el país, en defensa de la universidad pública y en contra del veto del presidente Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario, desnudan las precariedades (y hasta las carencias) de las políticas de gobierno de los libertarios.

El mentado “déficit cero” es una meta económica valiosísima en la Argentina históricamente inflacionaria. Sin embargo, se trata de una meta económica: de ningún modo ese objetivo puede ser entronizado como único norte de una gestión. O en todo caso: con independencia de si se puede o no, al Gobierno no le alcanza. No le bastó en abril ni ahora. Gobernar es más que presupuestar.

Que Milei haya degradado el Ministerio de Educación de la Nación reduciéndolo a Secretaría no significa que la educación como valor social haya sido degradada por los argentinos. Quienes observaron la multitudinaria manifestación del jueves en Tucumán, ya sea como participantes o como testigos, pudieron observar que además de docentes, no docentes, estudiantes y referentes gremiales del mundo universitario había familias enteras marchando. Léase: para la educación pública argentina, dentro de la cual la formación universitaria es sólo un capítulo, hace falta una política específica. Al igual que los dos gobiernos anteriores, esta gestión no tiene tal cosa.

Consecuentemente, la obcecación oficialista que a todo contesta con la invocación del “déficit cero” se torna no sólo insuficiente, sino también inconducente. Al reducir el universo de los intereses sociales a la unidimensionalidad de una discusión de caja, el oficialismo enfrenta una complicación. El equilibrio fiscal perfila con claridad a la “Argentina deseada” en el plano de las variables económica, pero no tiene correlato con el diario vivir (y padecer) del común de los argentinos.

En primer término, el Gobierno no está pudiendo explicar por qué el “déficit cero”, entronizado como panacea macroeconómica, es tan “bueno” si no sirve para darles un aumento a los jubilados equivalente a dos kilos de milanesas; ni para mejorar el financiamiento de las universidades.

En segundo lugar, la gestión libertaria tampoco logra aclarar para qué los argentinos pagan sus impuestos, con una enorme presión fiscal agravada por el aumento de las tarifas, si sus ingresos no van a servir para cubrir los medicamentos de los ancianos ni la educación de los jóvenes.

Enclaustrados

Donde hay un insulto falta un argumento. Y a Milei le sobran los improperios y le faltan las razones para enfrentar las marchas universitarias que desautorizan su relato.

Precisamente, ha buscado desautorizar la protesta desde el minimalismo. El comunicado de la “Oficina del Presidente” reduce la protesta incontestablemente nacional a un puñado de nombres. “El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”, dice el texto oficial. Es verdad que hubo impresentables oportunistas buscando, de manera estéril, capitalizar lo ajeno. Pero nunca subieron al escenario del acto central en Ciudad de Buenos Aires: la tribuna fue sólo para los rectores, los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina y los gremios de los docentes y los no docentes.

“Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre) eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía”, posteó el Presidente en la red social “X”. Como si los colectivos rentados que llenaron el parque Lezama durante el acto de La Libertad Avanza, el sábado anterior, hubieran traído sólo posdoctores de La Matanza y de Florencio Varela.

En su cuenta de Instagram, finalmente, Milei terminó de redondear un planteo de mecha corta y de incoherencia larga. En un mensaje a los jóvenes escribió: “No permitan que los usen políticamente los golpistas”. Si van a usar los mismos conceptos discursivos que Cristina, deberían revisar cómo creen que les está yendo en la “batalla cultural” contra los “K”. Y por cierto: después de que una delegación de diputados nacionales libertarios visitó en la cárcel a Alfredo Astiz, hallado culpable de perpetrar delitos de lesa humanidad en la última dictadura tanto por la Justicia de la Argentina como por la de Francia (en Europa fue condenado en ausencia), si algo debiera vetar este Gobierno es el uso del sustantivo “golpista” en los textos oficialistas. Hay muchos golpistas, de los de verdad, que lejos de tener animosidad contra la gestión, se ven representados por algunas de sus figuras…

Es cierto, por otra parte, que la educación pública (incluyendo la superior) ha ido perdiendo brillo en el país. Pero los sucesivos gobiernos son los directos responsables. Ni la educación general, ni la universidad pública en particular, son hoy como en la década de 1960, pero porque los presidentes que vienen sucediéndose no son como Arturo Illia. Él llevó la inversión en educación del 12% del PBI en 1963 al 17% en 1964; y al 23% en 1965. Hoy está debajo del 6% del PBI al igual que en los últimos 42 años, con excepción de 2009, 2011 y 2015, cuando apenas superó esa cifra.

Pero en lugar de que los gobiernos asuman su responsabilidad, van a la carga contra la universidad con argumentos remanidos, tales como contabilizar cuántos alumnos tiene el sistema y cuántos se reciben: el Estado no financia las universidades por su número de estudiantes. Ni hablar de la nueva muletilla libertaria en torno de la supuesta falta de controles del gasto universitario. Pregonar que las universidades deben ser auditadas es una redundancia: claro que deben ser y de hecho lo son, pero ese control es responsabilidad del Gobierno. Por caso, hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán se lleva adelante un juicio por presuntas irregularidades en obras de la UNT financiadas con fondos de la minera YMAD. Tanto el Ministerio Público Fiscal de la Nación como el Rectorado, que es querellante en la causa, presentan como pruebas informes de la Auditoriía y de la Sindicatura General de la Nación. Controles hubo. Inacción por parte de los Gobiernos, también.

La universidad pública puede mejorar. Y debe hacerlo. Pero desfinanciarla no es una alternativa. La universidad es parte indisoluble de la identidad de la sociedad argentina, que no está dispuesta a sacrificarla en holocausto ritual como ofrenda al “déficit cero”. El Gobierno, hoy con severísimos inconvenientes para sostener el veto en el Congreso la semana que viene, ¿no toma nota de ello?

Las universidades en la Argentina han hecho realidad, como se avisó aquí, la movilidad social ascendente. Y con ella, han llenado de contenido el concepto de igualdad ante la ley: el origen de una persona no es su destino. Sin universidades públicas, la Argentina sería una verdadera sociedad de castas, con el inmovilismo social como norma fatalista. Así desfinanciar la educación superior no es el camino para combatir a “la casta”. Es, más bien, la alternativa para sustituir una casta por otra.