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“Quiero reiterar que estoy dispuesto a colaborar con la Justicia para aclarar los hechos y demostrar mi inocencia. Les pido prudencia antes de continuar con críticas infundadas”, sostuvo Juan Zamora, el emprtesario acusado de haber robado agua que pertenece a la Sociedad Aguas del Tucumán y que alimenta a la cisterna ubicada en Lomas de Imbaud.
Desde Europa, Zamora rompió el silencio. “Quiero destacar que cuando adquirí la finca en 2009 (NdelaR: informó que el número de la escritura es 61 y fue anotada en el Registro 17) ya existía un suministro de agua para la casa de los caseros, conectada a un caño de dos pulgadas (cinco centímetros de diámetro)”, explicó en la nota enviada a nuestro diario. “En ese momento, desconocíamos el origen de ese caño. Recientemente se determinó que estaba conectado a un caño de la SAT de 25 centímetros de diámetro y que va desde la toma del arroyo Las Piedras, hasta la planta de Lomas de Imbaud”, añadió en el documento.
“El caño tiene aproximadamente ocho kilómetros de extensión y suministra agua domiciliaria a varias fincas y vecinos de la zona”, sostuvo el citricultor. “El agua no es potable y es escasa en esta época del año”, añadió en la nota enviada a nuestro diario.
En otra parte de la declaración que realizó por escrito, explicó que “mi finca a título personal es de 32 hectáreas, no tiene riego ni cultivo de limoneros. He realizado un pozo profundo de agua registrado y una represa para captar agua de lluvia. La cerca perimetral, en parte electrificada, busca prevenir robos”.
“La desconexión de la SAT no mejoró el servicio de suministro de agua de Yerba Buena, cuyos problemas persisten. Los vecinos de la zona están al tanto de la situación y pueden testimoniar que la conexión de agua en cuestión es anterior a mi propiedad. Los materiales de fundición utilizados en la conexión al caño de 25 centímetros tienen unos 50 años, según testimonios de expertos”, finalizó.
La SAT denunció que desconocidos habían realizado una conexión clandestina para alimentar una laguna artificial ubicada en el interior de la finca. Los investigadores señalaron a Zamora como el autor del ilícito. En una audiencia, la fiscalía que conduce María del Carmen Reuter, con el apoyo de los querellantes Valeria Abdo y Walter Ojeda, pidió que se lo impute y el juez Federico Moeykens lo acusó de robo simple.
Además, el magistrado dispuso una serie de reglas de conductas para que el acusado siga el proceso en libertad. Primero dispuso que cubriera una caución de $100 millones (ya fue cubierta), darle plazo hasta el 10 de octubre para que regresara al país (está en Europa por cuestiones laborales y escuchó la acusación en su contra en Roma) y le prohibió abandonar el país sin autorización.
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que la Provincia sería querellante en la causa. “No estamos a favor de un acuerdo, vamos por el máximo de la pena”, anunció el titular del Poder Ejecutivo. Eligió a los abogados Leonardo Debono y José María Molina para se encarguen de litigar junto a Abdo.
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