Tres posturas antagónicas y casi irreconciliables florecen en el majestuoso valle de Tafí. Por un lado, el Estado comenzó a realizar un ordenamiento territorial con el único propósito de evitar nuevas usurpaciones y recuperar las tierras fiscales que fueron ocupadas ilegalmente. En el otro, la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem), a través de la cacica Margarita Mamaní, anunció un plan de resistencia no sólo para evitar desalojos, sino también la llegada de inversiones que podrían generar mejoras en el lugar. En el medio, los residentes ocasionales, comerciantes y operadores turísticos se organizan para reclamar a la Provincia que cuide la joya turística más importante de Tucumán.
Hace una semana, personal de las direcciones Provincial del Agua y Flora y Fauna denunció que desconocidos estaban alambrando tierras fiscales de Ojo de Agua, paraje que está en el perilago. El lunes realizaron la denuncia en la comisaría de Tafí del Valle. La fiscala Mónica García de Targa ordenó al personal de la fuerza que identificara a los autores, tarea que fue realizada el martes. El miércoles, en un operativo desarrollado por la Unidad Regional Oeste, destruyeron todas las parcelas que habían sido levantadas en pocos días. Por orden de la representante del Ministerio Público, los postes, alambres y otros elementos que se utilizaron en esta toma ilegal fueron entregados a los miembros de la Base Ojo de Agua de la Cidem.
“Un atropello”
“Esto fue un verdadero atropello a nuestro pueblo. Esas tierras son nuestras, no del Estado. Nuestros hermanos habían realizado parcelas para instalar allí una feria artesanal, no para hacer casas”, aclaró la cacica Mamaní. “Hace más de 533 años que venimos luchando por nuestros derechos. Las leyes nos dan la razón. Es insólito que un grupo de desempleados no puedan realizar un emprendimiento para subsistir en sus propios dominios ancentrales”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Mamaní aceptó dialogar con nuestro diario porque quería que la voz de su pueblo sea escuchada por todos los tucumanos. “Ahora estamos controlando una inspección ocular porque hay otro intento de avasallamiento a nuestros derechos. El presidente (Javier) Milei también está vulnerando nuestros derechos que protegen la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales a los que se encuentra adherido nuestro país”, sintetizó mientras las autoridades verificaban la cantidad de viviendas que se habían construido en un extenso terreno ubicado a la par de la Hostería de FEIA y detrás de la comisaría de El Mollar.
Mamaní se presentó el viernes en la comisaría de El Mollar para denunciar a los efectivos que participaron en el procedimiento de desalojo. Las autoridades no solicitaron ninguna medida en contra de la cacica, que estaría siendo investigada por esta toma de tierras.
El jefe de la Unidad Regional Este Marcos Goane desmintió que sus hombres hayan vulnerado sus derechos. “Al comprobarse que estaban ocupando tierras fiscales, la Justicia ordenó su desalojo, tal como indica la ley. No vamos a modificar en lo más mínimo nuestro proceder”, advirtió.
Goane informó que en los últimos cinco meses recibieron 15 denuncias de usurpaciones en el valle de Tafí. Nueve de ellas se registraron en Tafí del Valle y seis, en El Mollar. De todos esos casos, según la información que manejan los investigadores, al menos en nueve estuvieron involucrados los miembros de la Cidem.
“Me parece importante que al menos en este caso se haya actuado rápido. Pero hay muchos otros casos que siguen sin resolverse y las usurpaciones no paran”, explicó Duilio Ferreyra. “También me llama poderosamente la atención que los responsables de la fiscalía hayan decidido devolver los postes y el alambre a los usurpadores. Los volverán a usar en otros lados”, añadió el hombre que eligió El Mollar para descansar.
Relevamiento
“Estamos buscando poner orden en la Reserva Provincial La Angostura. No queremos que el valle de Tafí sea otro Cadillal”, explicó el director de Flora y Fauna, Juan Carlos Parajón.
El área protegida tiene una extensión de 1.150 hectáreas y rodea a todo el dique La Angostura, el espejo de agua que se construyó hace más de 40 años. “Nunca nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Tomaron nuestras tierras sin importar que ahí vivían nuestros hermanos o enviaban sus animales para que coman”, explicó Mamaní.
El funcionario no quiso entrar en polémicas con la cacica; sólo atinó a decir que después de haber realizado un estudio, descubrieron que se había concedido a dos clubes tierras para que las explotaran a cambio de que hicieran algunas mejoras. “No cumplieron con el acuerdo y solicitamos que sean reintegradas. Hay un caso en el que se construyó una especie de barrio privado en El Mollar y ahí estamos analizando cómo actuar”, explicó.
Se trata de otorgamientos a los clubes Yastay y al Tucumán Yacht Club. Los dirigentes del primero ya culminaron con la devolución, mientras que con la otra entidad están en plenas tratativas. “No sabemos si esos serán los lugares donde se construirá el centro de alto rendimiento o para que se realice cualquier inversión. Debemos preservar esa reserva que recibe aves del sur del país y hasta de Canadá”, explicó Parajón.
“No vamos a permitir que llegue ninguna inversión porque eso significa la pérdida de nuestras tierras. Tenemos reconocidas 2.800 hectáreas y las vamos a defender siempre”, comentó Mamaní en la entrevista con LA GACETA.
Hay una realidad legal que complica el panorama. La expulsión de una usurpación registrada en una reserva es casi inmediata. No así las que se realizan en tierras fiscales porque empieza un largo litigio judicial. “Varias veces recibimos denuncias y nos damos cuenta que la toma de tierras no se hizo en la reserva, sino a metros de sus límites, en terrenos que son del Estado. Sólo podemos denunciar el caso”, explicó el funcionario.
“Me parece bien que la Provincia tome la iniciativa de reordenar, pero no puede hacerlo sola. Necesita el apoyo de la Legislatura para que sancione normas claras para evitar nuevas tomas y que ordene al Poder Ejecutivo a controlar los bienes de todos los tucumanos”, aseguró María Laura Fernández. “Una líder de una comunidad no puede afectar los derechos de miles. Es así porque la Justicia lleva años sin resolver los casos en su contra”, agregó la mujer que encontró en Tafí del Valle un lugar ideal para descansar.
La orden está
“La situación es muy compleja porque hemos descubierto casos que son de muchos años, otros de no tanto y algunos muy recientes. Estamos analizando cada uno de ellos para actuar. Esa fue la orden que nos dio el gobernador Osvlado Jaldo”, señaló la fiscala de Estado, Gilda Pedicone de Valls.
El abogado de la DPA denunció la usurpación en Ojo de Agua; el área de Producción también inició un plan de recuperación de tierras en un área protegida; y la Fiscalía de Estado ya trabaja con la Dirección General de Catastro para tener un mapa preciso sobre los lugares que fueron usurpados.
“Sabemos cuáles son las intenciones de los gobiernos nacionales y provinciales. Como lo venimos haciendo hace más de 500 años, continuaremos con la resistencia. Lo que es de la Pachamama es nuestro. Es así de simple y las autoridades deben respetarlo. No porque lo dice Margarita Mamaní, sino porque es lo que está plasmado en la Constitución”, finalizó la cacique.
“Evidentemente hay buenas intenciones, pero hasta que no se hagan realidad no opinaré. Esta gente no actúa sola, evidentemente tiene apoyo político de los delegados comunales y de los intendentes que cumplieron sus funciones. ¿No sabía el funcionario de Tafí del Valle lo que estaba pasando en Ojo de Agua?”, señaló Juan Carlos López González. LA GACETA intentó comunicarse con el intendente Francisco Caliva para que opinara sobre esta polémica, pero no respondió.
“Se está trabajando en la regularización territorial de El Mollar y Tafí del Valle. Accionaremos en cada uno de los casos que corresponda. Tal como lo pidió el gobernador, defenderemos lo que es de los tucumanos”, finalizó Pedicone de Valls.