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Tras una extensa investigación, la Justicia de Chaco ordenó la detención de Mauricio Andión, conocido como "Mauro", quien fue presidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) durante la gestión del ex gobernador Jorge Capitanich. Este estaba encargado de diversos proyectos de desarrollo rural y fue imputado por presunto desvío de fondos públicos y violación de los deberes de funcionario público.
El actual gobernador de Chaco, Leandro Zdero, lo denunció en cuanto asumió por la posible sustracción de fondos de la cartera que dirigía. En la misma causa también fue denunciada María Laura Moreno, arquitecta y coordinadora de la Unidad de Gestión de Soluciones Habitacionales, además de mano derecha de Andión.
Desde entonces, la fiscal coordinadora Graciela Griffith Barreto llevó adelante una investigación que se prolongó durante 10 meses. La pesquisa destapó una supuesta red de defraudación contra las arcas provinciales, en la que Barreto calificó a Andión como el "cajero" personal del ex mandatario Capitanich, quien recientemente fue designado asesor técnico en el Banco Provincia.
"Un descontrol"
Barreto reveló que durante la gestión anterior, el gobierno chaqueño habría erogado sumas millonarias en favor de diversas organizaciones sociales, cooperativas y fundaciones controladas por reconocidos dirigentes kirchneristas. Sin embargo, las obras por las cuales el contribuyente había pagado no fueron entregadas; en la mayoría de los casos, ni siquiera habían comenzado.
Tras la detención de Andión, quien además fue expresidente del Concejo Municipal y candidato a intendente en 2019, la ex titular del IAFEP (organismo que fue disuelto por la actual administración), Clelia Ávila, denunció que "las maniobras afectaron a más de 400 miembros de organizaciones sociales". Estos afirmaron haber sido estafados por dirigentes sociales durante la gestión de Capitanich.
El instituto tenía como objetivo asistir a pequeños productores de la economía popular y crear programas bajo el pretexto de generar empleo para los sectores más vulnerables. Sin embargo, "lo que se hizo fue un descontrol", explicó Ávila. "Se entregó dinero destinado a la realización de obras, pero esas obras nunca se completaron", añadió.
La modalidad consistía en avanzar con licitaciones para la construcción de viviendas. "Afirmaban que las casas eran para las organizaciones sociales, pero finalmente terminaban en manos de los familiares de los dirigentes", reveló Ávila.
Piscinas para punteros políticos
Según denunció la misma Ávila, "hubo organizaciones que recibieron el 100% de los montos de los contratos, incluyendo ampliaciones presupuestarias para compensar mayores costos, inflación o modificaciones de obra". "Pero las obras no están terminadas, y en muchos casos ni siquiera empezaron", subrayó. Además, resaltó otra irregularidad: la construcción de salones de fiestas y quinchos con piscina en lugar de veredas o galpones industriales, que era lo estipulado.
Estas lujosas construcciones se erigieron, según Ávila, en terrenos fiscales abandonados o espacios cedidos "de manera discrecional por quienes estaban a cargo del banco de tierras en ese momento" y tenían como propietarios a los propios punteros y dirigentes. También denunció que no existía "ningún tipo de control" en los fondos destinados para financiar esas viviendas sociales.
"Es increíble la cantidad de irregularidades que hemos encontrado. En una provincia con tantas necesidades, es triste ver cómo se utilizó a los más vulnerables para enriquecer a unos pocos", lamentó Ávila en diálogo con un medio local.
Mientras sus ex funcionarios son detenidos, el ex gobernador Capitanich se desempeña como director del Banco Provincia (BAPRO) bajo la órbita del gobernador Axel Kicillof, manteniendo un perfil extremadamente bajo desde que perdió las elecciones, consignó iProfesional.
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