03 Octubre 2024
“Decidí ordenar que la Provincia se transforme en querellante en el caso del robo de agua por una sola razón: no queremos que haya impunidad en Tucumán. Que la Justicia dé un ejemplo que estos hechos no se pueden cometer más”, explicó el gobernador Osvaldo Jaldo en una entrevista con LA GACETA.
El titular del Poder Ejecutivo dijo que si bien es cierto que la Sociedad Aguas del Tucumán asumió el rol de querellante, la Fiscalía de Estado quiere llevar una mayor transparencia en el proceso penal. “Debemos garantizar que este caso no quede en la nada. Insisto, no puede haber más impunidad de Tucumán”, recalcó. “Estamos hablando de que también se debe investigar si en la gestión anterior de la empresa prestadora de servicio por omisión o por error no tuvieron en cuenta la denuncia realizada por los guardaparques de la Universidad Nacional de Tucumán, sin importar las formas en que la realizaron. Debió al menos generar una alerta”, agregó.
“Los responsables deben hacerse cargo de lo que hicieron. Los investigadores deben determinar si hay más personas implicadas y eso se sabrá buscando quién más usó esa agua”, añadió durante la entrevista. “La Justicia debe aplicar la pena que corresponde por un delito de esta gravedad. Mi punto de vista es que no puede haber lugar para realizar acuerdos. Aquí nadie puede argumentar que hubo un error, hubo un robo clarito”, destacó.
Jaldo, al profundizar sobre esta cuestión, dijo: “participamos en el pleito porque pretendemos que se aplique la pena máxima que dicen las leyes. No podemos tolerar que se lleven un elemento tan vital para la vida como es el agua. Se necesita de una sanción ejemplificadora para que no ocurra nunca más en Tucumán. Estamos hablando que una persona, en plena sequía, utilizó el agua potable destinado a la comunidad para llenar una laguna artificial de un particular”.
El dirigente tranqueño también se mostró molesto por las repercusiones que generó el caso. “Realmente no se dimensiona su gravedad. No solo no les hace bien a todos los tucumanos, sino que además le provoca un grave daño a la citricultura. Si bien es cierto que la última palabra la tiene la Justicia, no tengo dudas de que se debe aplicar la máxima sanción”, finalizó.
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