El impacto devastador de la falta de pagos alimentarios

“Un padre que no paga alimentos genera una madre que se tiene que endeudar para bancar a los chicos”, sentenció Julieta Prandi al visibilizar un problema que afecta a miles de mujeres en Argentina, lo hizo en el podcast La Cruda, uno de los más escuchados en el país; sus palabras generaron un fuerte impacto. La violencia económica, una de las formas más invisibilizadas de abuso, deja a mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolas a asumir solas la crianza y el sustento de sus hijos.

A menudo, su manifestación pasa desapercibida, aunque sus efectos son profundamente devastadores y prolongados. La violencia económica está contemplada en el bloque constitucional de derechos humanos desde la reforma de la Constitución argentina en 1994. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento legal, la brecha entre la normativa y la realidad vivida por las víctimas es notable. Según la abogada Laura Cantore, Presidenta de la Fundación una puerta, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, postdoctorada en Géneros; los litigios relacionados con alimentos, sucesiones o compensaciones económicas suelen ser largos y costosos. Este retraso prolonga la vulnerabilidad de las mujeres que, generalmente, carecen de los recursos necesarios para sostener una batalla judicial extensa.

Por su parte, la abogada Andrea Luquín, también especialista en casos de violencia de género, añade que la violencia económica no solo se trata de la falta de recursos, sino también del control que una persona ejerce sobre los mismos. Esta forma de violencia implica la ausencia de acceso a recursos económicos propios o el control sobre los recursos familiares, lo que dificulta la autonomía y la capacidad de sostener una vida independiente. Luquín enfatiza que esta es una de las formas de violencia menos denunciadas, debido a que a menudo no se reconoce como tal y se enmarca erróneamente en términos de incumplimiento de obligaciones como la manutención de los hijos.

Uno de los aspectos más alarmantes que ambas abogadas destacan es la indefensión aprendida de las mujeres. Desde una temprana edad, muchas son educadas en un entorno donde los asuntos patrimoniales y financieros son considerados competencia masculina. Esta construcción social se traduce en que, al alcanzar la adultez, muchas mujeres confían en que sus parejas o familiares gestionarán los recursos, lo que, en contextos de separación, se puede convertir en una herramienta de control. Este fenómeno perpetúa la dependencia y dificulta que las mujeres reconozcan y reivindiquen sus derechos económicos.

Las cifras reflejan la gravedad de la situación. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2022 se registraron más de 60.000 casos de reclamos por alimentos en Argentina, de los cuales el 70% seguían pendientes de resolución al cierre del año. Esta demora no solo afecta a las mujeres que deben sostener económicamente a sus hijos, sino también al bienestar de los niños, quienes se encuentran atrapados en un entorno de inestabilidad y conflicto entre sus padres.

Desventaja

En situaciones en las cuales las parejas se separan sin hijos, la desventaja de la mujer persiste. Luquín señala que, a pesar de la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, que introdujo la compensación económica para aquellas personas que han sacrificado su desarrollo personal o profesional en favor del hogar y la pareja, su aplicación práctica sigue siendo limitada. El plazo de seis meses para solicitar esta compensación es frecuentemente insuficiente, y muchas mujeres no cuentan con los recursos ni la información necesaria para presentar una reclamación efectiva. Cantore añade que, aunque la ley reconoce estos derechos, la falta de acceso a asesoría legal y la complejidad del sistema judicial dificultan su implementación.

Las tareas de cuidado, ya sean dedicadas a los hijos, a familiares mayores o al mantenimiento del hogar, representan un aporte económico significativo, aunque invisible, para las familias. Las mujeres, con o sin hijos, dedican horas de trabajo no remunerado que, de ser calculado en términos salariales, implicaría un ahorro considerable para el hogar. Este aporte incluye desde la crianza y la atención a la salud de los niños hasta las tareas domésticas, que permiten que otros miembros de la familia se dediquen a trabajos remunerados. Para las mujeres con hijos, estas responsabilidades muchas veces les obligan a reducir sus horas de trabajo formal o a endeudarse para cubrir los gastos necesarios, mientras que las mujeres sin hijos también contribuyen en la economía del hogar al encargarse del cuidado de otros familiares.

El impacto de la violencia económica se extiende más allá de las mujeres; también a los hijos. Cuando uno de los progenitores utiliza el dinero como medio de control, el bienestar de los niños se ve comprometido, lo cual genera inseguridad y ansiedad. Estudios psicológicos han demostrado que los menores expuestos a conflictos financieros entre sus padres presentan mayores dificultades en su desarrollo emocional y académico.

Las medidas implementadas por algunos tribunales, como la suspensión de licencias de conducir o la prohibición de salir del país para los incumplidores alimentarios, representan intentos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, estas herramientas aún son limitadas y, en muchos casos, resultan insuficientes para garantizar una solución efectiva.

En cuanto a las estadísticas específicas sobre la violencia económica, aunque existen datos provisorios, como los del conurbano bonaerense que indican un alto porcentaje de incumplimientos de alimentos, no hay una recopilación exhaustiva a nivel provincial, según Luquín. Esta carencia dificulta la visibilización del problema y la implementación de políticas públicas efectivas para su erradicación.

Frente a esta realidad, abogadas y economistas en redes resaltan la importancia de la educación financiera tanto en niñas como en niños. Existen muchas cuentas en redes sociales que enfatizan la necesidad de que las mujeres conozcan sus derechos desde el inicio de sus relaciones y tomen control de los aspectos financieros del hogar, también resaltan.

A pesar de los avances legislativos, la brecha entre la normativa y la realidad sigue siendo amplia. Es imperativo continuar trabajando en la educación, la sensibilización y la mejora del acceso a la justicia para asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos económicos y vivir libres de cualquier forma de violencia.