Taxistas reclaman por la caída de ingresos y la competencia desleal

“El taxista es una persona que trabaja más de 12 horas, los siete días de la semana, porque el día que no lo hace, no come. El chofer vive el día a día y se hace cada vez más difícil”. Con esa declaración, Analía González, referente de los taxistas autoconvocados, resumió la crisis que atraviesa el transporte de pasajeros en la Provincia.

La chofer se refirió a la rentabilidad de ambos sistemas (los de las plataformas electrónicas como Uber, Didi o Cabify y los de los taxis)  y reflexionó que es baja para los dos. “Con esas aplicaciones, cualquier auto puede trabajar. Eso bajó la expectativa de control de la ordenanza municipal, que dice que hay cierta cantidad de autos por la cantidad de habitantes; con Uber, ese número excede, y así ninguno lleva la plata que debería (a sus hogares)”, indicó González.

En este sentido, la chofer aseguró que está a favor de la regulación de Uber, Didi y Cabify (u otras aplicaciones que existan) porque eso “filtraría” la oferta de trabajadores y mejoraría el sistema. “Los choferes de taxis siempre tributaron. El año pasado eran $18 millones por mes; es un movimiento de plata importante. Si todos aportaran y estuviéramos todos registrados, ahí veríamos quiénes quieren trabajar y quiénes no”, planteó. Y agregó: “el problema no son las aplicaciones, porque el taxi siempre va a ir donde haya trabajo; el tema es que ya no es rentable ni para aguantar una semana”.

En tanto, Hugo (a secas), contó a LA GACETA su experiencia como chofer de Uber. Es taxista desde hace unos 10 u 11 años e ingresó a la plataforma electrónica en 2023. “Me sumé por la necesidad de trabajar. La gente, al tener otra opción más económica, se volcó a Uber; entonces, salías a la calle y como taxi tenías muy poco trabajo”, comentó. Actualmente, complementa ambos trabajos. “Salgo a trabajar como taxi, pero como está floja la calle, voy tomando pedidos de Uber. Por lo general, la gente en el centro se mueve poco por las distancias; ahí hago viajes como taxista, por unas 15 cuadras, por ejemplo. Pero cuando es más hacia afuera, cuando la gente vuelve a su casa, ahí piden Uber”, explicó el chofer.

Acerca del debate por su regulación, dijo: “desde mi punto de vista, si yo tengo el permiso del municipio para transportar gente, si yo al pasajero lo consigo en la calle, por radio o con una aplicación, es indistinto. Si la gente lo usa, debería regularse”.

En el Concejo Deliberante también hay voces a favor de la legalización de las plataformas electrónicas. Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical), presentó hace un tiempo un proyecto sobre esto, ya que considera que, según la Constitución Nacional y el Código Civil, el servicio es legal. Sin embargo, advirtió que requiere de un marco normativo. Sobre la actividad taximetrera, señaló: “creo que hay muchos que prestan un buen servicio, pero hay otros que no. Entonces, si tenés un servicio alternativo que no sólo es más barato sino que -en líneas generales- tiene una mejor calidad, lo preferís. Pero para que eso funcione bien tiene que haber una regulación de parte del Estado”, defendió el radical.

El oficialista Ernesto Nagle habló sobre las alternativas que maneja la Intendencia (encabezada por Rossana Chahla), en conjunto con el Concejo Deliberante (a cargo de Fernando Juri). “La iniciativa es que a todo aquel vehículo que no pueda pasar la inspección, se le ayude y se le dé recursos para que pueda ser arreglado”, contó. De esta manera, la inspección serviría para contabilizar los vehículos que necesitan asistencia. “Coincidimos que cada taxi es una fuente de trabajo. Queremos cuidar la actividad para que siga desarrollándose y las personas tengan empleo”, subrayó el concejal. Y mencionó que también hay otras alternativas: la creación de convenios con otros municipios del área metropolitana, licitar más licencias para taxis y crear una aplicación municipal.

Asimismo, el oficialista Facundo Vargas Aignasse consideró que la política debe encargarse de resolver la crisis del transporte público a través de una regulación adecuada, y reconoció que podría ser útil la participación del Poder Ejecutivo provincial, a cargo de Osvaldo Jaldo. “Seguramente sería favorable; hay otras provincias que lograron la elaboración a través de leyes provinciales”, dijo. También Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) se refirió a la problemática. “Hay que tomar decisiones y el taxi no puede quedar afuera. Tienen que saber que deben prestar un buen servicio y que los autos deben estar en condiciones para que el vecino los siga eligiendo”, planteó.