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CUESTIONAMIENTO. Tribunales fue el centro de la discusión en la Cámara. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
La Legislatura sancionó el jueves -por mayoría- una modificación a la Ley 9.763, para que fiscales y defensores queden exceptuados de acogerse obligadamente a la jubilación, al igual que los magistrados, aunque cumplan con los requisitos previsionales exigidos. Sin embargo, parlamentarios del oficialismo y de la oposición se despacharon con duras críticas contra los privilegios que tienen los funcionarios judiciales y hasta mencionaron que forman parte de la casta.
La iniciativa llegó con dictamen de mayoría y minoría de la comisión de Legislación General para incluir a fiscales y defensores entre los exceptuados, junto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de tribunales inferiores; el ministro Público Fiscal y el Pupilar y de la Defensa, así como los vocales del Tribunal de Cuentas. “Esta ley tiene como fin igualar a la totalidad de los miembros de la Justicia”, explicó Sergio Mansilla, primera firma del proyecto.
Gerónimo Vargas Aignasse, miembro informante, aclaró que fue una omisión no haber incorporado a fiscales y defensores inicialmente, dado que también gozan de inamovilidad en la Constitución. De todos modos, reconoció que no es cómodo trabajar en una ley que genera un privilegio. “No es la Legislatura ni los autores los que generamos este privilegio”, dijo el legislador oficialista. Y continuó: “a nadie le gusta votar una ley que genera un privilegio sectorial en desmedro de otro; no estamos a gusto sancionando esta ley”.
Descreimiento
El legislador Walter Berarducci subrayó que los integrantes del Poder Judicial no dejan de ser ciudadanos comunes, igual que los legisladores. “Estamos legislando sobre un privilegio y hoy la ciudadanía está pidiendo todo lo contrario”, lanzó. Además cuestionó -sin nombrarlo- al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, quien declaró que no tenía pensado jubilarse porque no le haría bien quedarse sin su actividad. “La inamovilidad no se debe transformar en perpetuidad”, dijo. Afirmó con una encuesta que hay descreimiento de la sociedad a la Justicia porque forman parte de una casta. “Todos sabemos que es así”, acotó posteriormente Vargas Aignasse, pero remarcó que hay jurisprudencia a favor de los magistrados (recordó el fallo “Fayt”).
Discriminación
La radical Silvia Elías de Pérez se expresó en contra de que los jueces sean vitalicios “hasta que la muerte los separe”. Aseguró que trabajará en un proyecto de ley para que se regule el artículo 112 de la Constitución, que establece que “los jueces de Corte y demás Tribunales inferiores, los representantes del Ministerio Fiscal y Pupilar, permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta”.
Su correligionario José Cano expuso que las excepciones pone en “discriminación absoluta” al resto de los trabajadores del Estado y rechazó que los funcionarios judiciales estén en el cargo “hasta que se les antoje”. El libertario José Macome, en tanto, aseguró que como legislador no quiere darle privilegios a la Justicia y sumó su rechazo a la iniciativa. Claudio Viña, por su parte, recordó que la ley nació como ejemplificadora, apuntando al equilibrio fiscal, pero que luego comenzó a cambiar según la cara del cliente. Mencionó que es una cuestión caprichosa y desaprobó que se incluya a prácticamente todos los funcionarios judiciales entre las excepciones.
El presidente de la bancada Justicialista, Roque Tobías Álvarez, planteó en el cierre del debate que para él la inamovilidad no significa vitalicio y que el país se rige bajo un sistema republicano, federal y representativo. Mencionó a su vez que el Poder Judicial se ha venido manejando como una corporación. De todos modos, recordó que ya votaron a favor de las primeras excepciones por lo que el bloque votaría en idéntico sentido. Y así fue.
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