La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura denunció que la muerte de Abel Delgado fue en consecuencia a negligencias llevadas a cabo por parte del Poder Judicial y la falta de asistencia que tuvo durante su proceso.
Alertados por los otros detenidos que compartían celda con Delgado fue que el Comité se enteró de la situación en la que se encontraba el joven de 27 años. El 18 de septiembre el comisionado civil Fernando Korstanje se presentó en el lugar, se entrevistó con los detenidos y presentó un informe solicitando que Delgado fuera trasladado de urgencias a un hospital para recibir asistencia médica. Al día siguiente el Siprosa atendió su pedido y llevaron al detenido al hospital Avellaneda. Horas después falleció por una infección, que se agravó por ser paciente HIV.
“El caso de Delgado es un extremo emblemático de cómo se hicieron mal todas las cosas. Fue abandonado por su defensa y maltratado por jueces y fiscales. En las audiencias, aunque no sabían que estaba enfermo, se percibe un ensañamiento con él. Prácticamente se defendió solo y usaron su defensa como acusación, como contraataque. Hay un ensañamiento exageradísimo que lo ponen en una situación muy vulnerable”, manifestó Korstanje. El representante también se refirió al accionar que tuvo el Ministerio Pupilar de la Defensa en esta causa y en otras similares.
“No van”
“En la audiencia donde se presentó el acuerdo de juicio abreviado la defensora da a entender que ni siquiera conoce personalmente a Delgado y que le envió el papel a la comisaría para que firme el convenio. Eso es típico; voy todas las semanas a las comisarías y jamás me crucé a un abogado defensor. No soy sólo yo, los presos y los policías también dicen que no van los defensores. Es imposible poder comunicarse con ellos; no contestan el teléfono, los correos electrónicos, no asumen un diálogo responsable con ninguna institución, los presos o sus familiares”, dijo.
Además adelantó que tienen intenciones de querellar la causa para que se investigue la muerte de Delgado. “Estamos siguiendo el caso de punta a punta. Cuando hay una muerte bajo custodia del Estado se invierte la presunción y se presume que el Estado es el culpable y hay que investigar pensando en eso. Hay que pensar en todos los mecanismos que fallaron para que una persona con sida terminal termine en una comisaría, sin atención y los cuidados necesarios y finalmente muriendo”, apuntó.