Un detenido en un calabozo sufrió abandono hasta que falleció

“Necesitamos que vengan los de Derechos Humanos para que vean como está este interno”. Se escucha en un video filmado por los detenidos para denunciar el pésimo estado de salud de Abel Fernando Delgado. Nunca lo oyeron. De urgencia fue trasladado al Hospicio del Carmen el jueves 19 y de ahí, derivado al Hospital Avellaneda donde falleció horas después. “Era un final cantado. Ni los animales viven en las condiciones de estos chicos”, dijo Juana Ledesma, pareja de uno de los detenidos que está alojado en los calabozos de la Seccional 11ª.

Delgado recuperó la libertad el 21 de marzo pasado después de haber cumplido gran parte de la condena a tres años y seis meses que le impusieron por haber lesionado a la peluquera Jorgelina Zalazar en el año 2020. El 31 de julio, su pareja y madre de su única hija, denunció al ex estudiante de Educación Física (abandonó el cursado en segundo año) de haberla agredido y amenazado de matarla a ella, a su hija y que luego se quitaría la vida.

“A este video lo hacemos para Derechos Humanos de la provincia, desde la comisaría 11, que está en la esquina del Tiro Federal. Mire cómo está este interno. Mire de mal”, comienza el relato del autor de la grabación, que luego profundiza su denuncia diciendo que “necesitamos derechos humanos para que vengan a ver cómo estamos viviendo: con la contaminación, la orina, mire toda la mugre que hay”.

Es la misma persona que, mientras mueve el teléfono para intentar registrar detalles del lugar y de las condiciones de detención, continúa con la descripción al sostener que “somos presos que estamos pagando nuestros errores, pero no tenemos baños, la policía hace oídos sordos y esta persona se está muriendo acá adentro y no lo vienen a ver. Solicitamos derechos humanos urgentemente (sic)”. Delgado, que estaba diagnosticado con HIV, sólo atinó a que no lo filmaran.

El proceso

La causa tuvo, como la gran mayoría de los expedientes de violencia de género, un incesante movimiento. La auxiliar Jessica Corti, siguiendo las instrucciones del fiscal Augusto Zapata, pidió que se le dictara la prisión preventiva por 15 días, planteo que fue aceptado por el juez Bernardo L’Erario Babot.

El 19 de agosto, la misma representante del Ministerio Público pidió la prórroga por 20 días. En esa oportunidad, Delgado dijo que estaba injustamente detenido. “Ella me amenazó con hacerme esta denuncia porque ya la había amenazado que haría todos los trámites correspondientes porque no estaba cuidando a nuestra bebé. Ella utilizaba la Tarjeta Alimentar para comprar marihuana. Por eso le quitaron a su hija más grande”, dijo el acusado. Su versión fue confirmada por una funcionaria judicial que informó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) intervino y entregó a la pequeña al cuidado de su abuela materna.

En la audiencia, en la que se prorrogó la prisión preventiva por 20 días, se presentaron tres situaciones especiales. La primera, cuando la jueza María Carolina Ballesteros, al enterarse que la hija del acusado tenía cuatro nombres, dijo: “cómo va a sufrir esta criatura en primer grado cuando tenga que aprender su nombre”. Luego reconoció que las contradicciones eran importantes y que sólo se podrían aclarar en un debate oral. También pidió a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que investigue la presunta desaparición de la denunciante y de su hija, puesto que nunca pudo ser encontrada después de que realizara la denuncia.

Pero el imputado nunca llegó a enfrentar a un tribunal. Decidió cerrar el caso a través de un juicio abreviado, acto procesal que se realizó el 6 de septiembre. Delgado aceptó ser declarado culpable y el juez Lucas Taboada decidió condenarlo a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo. El magistrado además ordenó que sea trasladado hasta el penal de Villa Urquiza o en su defecto, alojado en una dependencia policial que cumpla las más mínimas condiciones para garantizar su estado de salud.

Falencias

El deterioro en su estado de salud fue evidente en cada una de las tres audiencias que se realizaron por el caso. Al haber actuado tres defensores oficiales diferentes (Hernán Molina y las auxiliares Natalia Hael y María Lucía Dantur Juri) es muy probable que no se hayan percatado de esa situación. Lo que sí está en claro es que ninguno de los tres pidió algún tipo de cuidado especial durante el proceso. Delgado tampoco lo solicitó, cuando tiene derecho de hacerlo.

Los informes de la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia, en ninguno de los informes que realizó por el caso detalló cuáles eran las condiciones de salud del acusado. Sí detallaron que tenía problemas de adicción a las drogas, al alcohol y que sería una persona muy violenta.

“Sabíamos que ese chico se estaba muriendo lentamente, pero nadie hizo nada. Por eso los muchachos hicieron un video para que actuaran los de Derechos Humanos o que se dignen los defensores oficiales a venir a ver en qué condiciones se encuentran”, explicó Hugo Ramírez, minutos antes de entrar a la seccional. Dantur Juri, en la audiencia donde se firmó el acuerdo del juicio abreviado, dijo que le hizo llegar el documento a la seccional 11ª para que lo firmara, no que se había entrevistado con él. LA GACETA no encontró respuestas del Ministerio Pupilar de la Defensa para que informen sobre esta cuestión y cómo es el seguimiento de las personas a la que asisten y que se encuentran privadas de la libertad.

El desenlace

A los 13 días de haber sido condenado, por su grave estado de salud, Delgado fue trasladado al Hospicio del Carmen por personal de la dependencia donde se encontraba detenido. En ese centro asistencial los médicos lo derivaron al Hospital Avellaneda, donde falleció horas después. Allí se descubrió que el joven había sido diagnosticado con HIV en 2021, pero nunca volvió para comenzar con un tratamiento.

“Nos enteramos en ese momento de su situación de salud. No tenga dudas de que si hubiéramos estado al tanto, realizaríamos todos los trámites necesarios para que ingresara al penal de Villa Urquiza”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girveau. “La familia, como ocurre con los presos procesados, cumplía con su tarea de llevarle la ración de comida y ropa. Tampoco nos comentaron que tenía ese problema de salud. Él, mucho menos, porque sabe que no sería bien visto por los otros detenidos”, destacó.

El titular de la fuerza también dijo que los responsables de la seccional 11ª, la más nueva de todas las seccionales de la capital, hablaron con la familia para era la Justicia la que debía determinar el traslado de los detenidos. “Evidentemente realizaron las gestiones, porque un día antes de que falleciera, a última hora, nos llegó el oficio para que lo traslademos, que es lo que hicimos”, detalló. “El que dio esa orden lo hizo pensando que tenía un problema de adicción. Por eso lo llevaron al Hospicio del Carmen y de allí lo derivaron al Avellaneda”, explicó Mario Décima, hermano de otro preso.

Los efectivos informaron del deceso de Delgado a la Unidad Fiscal de Homicidios I que conduce el fiscal Pedro Gallo. El informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un cuadro de infección generalizada.