Por Gustavo Rodríguez
25 Septiembre 2024
SOSPECHOSOS. El intendente Carlos Martínez fue detenido ayer y la misma suerte correría el juez Claudio Parisi.
En noviembre del año pasado, César “Oreja” Martínez fue asesinado de varios disparos en la localidad salteña de Orán. Para los investigadores, la víctima, que estaba cumpliendo una pena por violencia de género y que tiene aparece mencionado en causa de drogas, habría sido acribillado por haberse quedado con un supuesto cargamento de cocaína. Todas las líneas conducían a que el jefe de una organización narco podría haber ordenado su muerte. Lo que nadie esperaba era que un intendente no sólo podría ser el autor del hecho, sino que habría realizado maniobras para entorpecer la investigación del caso. Por esa razón, ayer el funcionario fue detenido al igual que su abogado. Ahora esperan que suceda lo mismo con un juez en función.
Carlos “Conejo” Martínez asumió como intendente de Aguas Blancas después de la muerte de su hermano. Los fiscales que intervinieron en el caso reunieron indicios en su contra y solicitaron que se hicieran allanamientos en su domicilio. El principal objetivo era secuestrar su celular para buscar información clave de la causa. Sin embargo, el juez Francisco Ayarzú tuvo una inusual demora para aprobar las medidas, que terminaron realizándose en abril y junio de este año.
Al analizar los contenidos de los móviles, los peritos encontraron que el intendente conseguía información privilegiada sobre el expediente. El responsable de transmitirle esos datos habría sido su abogado Roberto Ortega Serrano que los conseguía a través del juez Claudio Parisi.
En un primer momento, los investigadores decidieron acusarlos por un delito menor, pero el lunes a última hora, decidieron solicitar su detención y autorización a la Corte Suprema de Justicia de Salta una autorización para allanar la vivienda del magistrado. El funcionario y el profesional se presentaron ayer ante las autoridades y fueron detenidos.
“La solicitud se fundamenta en que sus acciones entorpecieron la investigación, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados”, explicaron ayer Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa.
Antecedentes
“Conejo” Martínez tiene entre sus antecedentes penales una condena de 5 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, ya cumplida.
Actualmente, según consignó el diario “El Tribuno”, también está imputado en un proceso penal por el delito de lavado de activos, con un auto de procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Santiago del Estero, a cargo del juez federal Guillermo Daniel Molinari, confirmado por la Cámara Federal de Tucumán el 24 de abril de 2023.
El juez Parisi, por su parte, tiene abierto un juicio político por varias denuncias de corrupción. Lo acusaron de haber dictado varios fallos que terminaron favoreciendo a los narcos de esa región.
Otro planteo
Mientras de desarrolla la causa, el procurador salteño (equivalente al Ministro Público Fiscal de Tucumán) Pedro García Castiella, envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y al presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, Antonio Marocco, y con el propósito de informar al Poder Legislativo sobre la situación institucional que afecta al municipio de Aguas Blancas
“Siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, es nuestra prioridad efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal”, se pudo leer en el documento firmado por el jefe de los fiscales salteños.
Ayer la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al pedido de intervención presentado el lunes por la tarde. Al cierre de esta edición, la Cámara de Senadores trataba el tema, pero se descarta que fuera rechazado.
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