Por Juan Manuel Montero
24 Septiembre 2024
En una reunión sin precedentes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez y el ministro de Seguridad de la provincia Eugenio Agüero Gamboa decidieron llevar adelante un trabajo mancomunado para combatir la quema de cañaverales y castigar a quienes las producen “adoptando las medidas necesarias en contra de los responsables de esta nociva práctica delictual”.
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Justicia con el objetivo de “elaborar un plan de acción conjunto para atender de forma inmediata las investigaciones vinculadas a la quema de cañaverales en la provincia, situación que ha generado preocupación, no sólo por su impacto ambiental, sino también por los perjuicios que conlleva para la salud de la población”, según se informó, Durante el encuentro, Leiva acordó poner a disposición a los integrantes del Colegio de Jueces para la resolución de todas aquellas medidas investigativas que resulten necesarias. En tanto que Jiménez comprometió la investigación inmediata de todos los casos de quema de cañaverales que se denuncien, afectando para ello un equipo especializado que intervendrá al momento del hecho. A tal fin, puso a disposición la línea telefónica número 381 319 5131, para que la ciudadanía informe toda situación de quema de cañaverales. Por su parte, Agüero Gamboa indicó que intensificará aún más las actuaciones de la División de Delitos Rurales de la Policía en las tareas de investigación y guardia permanente en todo el territorio provincial.
Al respecto, el presidente de la Corte reflexionó sobre la grave situación imperante en la provincia de Córdoba a raíz de los incendios descontrolados, los cuales preocupan a todo el país, por lo que exhortó a la ciudadanía de Tucumán “a extremar los cuidados en el manejo del fuego y abstenerse de conductas que provoquen incendios”.
Por su parte, el Ministro Fiscal Jiménez sostuvo que es necesario llegar a los incendios en forma inmediata para que las investigaciones sean eficaces y “se castigue este tipo de hechos que afectan gravemente a la salud y preocupan a la comunidad”.
De este modo, dijeron, se reafirman los compromisos con la protección del medio ambiente y la salud pública, “instando a la colaboración de la comunidad en la denuncia de estas prácticas ilegales y perjudiciales a los fines de su investigación y castigo en el marco de la ley, destacando que serán implacables en la persecución de los responsables de este tipo de delitos”.
Leiva, Jiménez y Agüero Gamboa analizaron las consecuencias que generan los incendios y advirtieron que “provocan graves problemas ambientales, como la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero, afectando dramáticamente al cambio climático”. Los tres coincidieron que, durante la temporada de sequía, el riesgo de incendios forestales se incrementa considerablemente, lo que puede llevar a desastres naturales de gran magnitud, afectando no sólo a la flora y fauna local, sino también a las comunidades cercanas, al tiempo de que esta práctica genera serios problemas de salud para las personas, ya que el humo y las partículas contaminantes pueden causar enfermedades respiratorias, irritaciones en ojos y piel, y agravar condiciones preexistentes, afectando especialmente a niños y ancianos.
En Tucumán la quema de caña ya produjo serios cortes en el suministro de electricidad ya que las llamas afectan los tendidos de cables, e incluso hubo polémicas entre el Gobierno y los empresarios azucareros por las actividades que se realizan para prevenirlas. Incluso hace un mes el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, dijo que serían “implacables” con quienes propiciaran esta actividad.
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