24 Septiembre 2024
La medida causó un fuerte impacto en varios sectores: el gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció ayer al mediodía la prohibición de las fiestas electrónicas en toda la provincia. En una conferencia de prensa, el mandatario expresó su preocupación por “los riesgos que estos eventos representan para la salud y la seguridad”, especialmente de los jóvenes.
El gobernador fue categórico al destacar que en “esas fiestas mayoritariamente se vende droga”, un hecho que, según él, no puede ser ignorado. También recordó los trágicos fallecimientos ocurridos tanto a nivel provincial como nacional vinculados a este tipo de eventos, lo que ha intensificado la necesidad de una respuesta firme por parte del gobierno local.
Jaldo subrayó que la prohibición se mantendrá hasta que se puedan garantizar las condiciones necesarias para preservar la salud y la vida de los asistentes. “Hasta que no se garantice el 100% de lo que tiene que ver con la salud y la vida de quienes concurren, esta gobernación las va a prohibir”, remarcó, reafirmando su compromiso con la seguridad pública.
La decisión, como dijimos, desató múltiples reacciones en diversos sectores. Mientras algunos respaldan la medida como un paso necesario para frenar el consumo de drogas y evitar tragedias, otros critican la prohibición, alegando que afecta la libertad cultural, restringe el trabajo de cientos de personas y el derecho de los jóvenes a disfrutar de eventos recreativos.
Con este anuncio, el gobierno de Tucumán se suma a otros distritos del país que ya han tomado medidas similares, abriendo el debate sobre cómo equilibrar el control de este tipo de eventos con el respeto a la libertad individual y el fomento de actividades recreativas seguras.
“Prohibimos las fiestas electrónicas porque los organizadores tenían causas por drogas”, aseguró Sergio Ramos, intendente de la localidad salteña de Rosario de Lerma, en agosto.
Qué opinan los productores sobre la suspensión de las fiestas electrónicas
Los primeros en reaccionar a esta medida que llaman “arbitraria” fueron los productores de eventos de música electrónica.
Eduardo Mesón, reconocido empresario y productor de “Proyecto Aborigen”, la fiesta cancelada el fin de semana pasado por la policía y que se viralizó en redes sociales, expresó: “Me parece oportuno dar una respuesta a lo que dijo el gobernador y también dar a conocer la preocupación de todo lo que se vivió durante la semana pasada”. Además del daño económico que asegura que recibió, según él se le agrega el daño moral al prestigio que acumuló durante 20 años de trayectoria.
“Si hay presencia de droga en la provincia es responsabilidad de las políticas públicas, no de privados. Recibí intimidación policial durante los últimos 10 días que me hicieron cancelar dos eventos grandes con muchísima gente afectada y dinero que no se puede cuantificar todavía”, denunció Mesón.
“Como una productora, que no tiene ningún antecedente con la justicia, y con 22 años de trabajo, no tengo por qué pagar un error o consecuencia de una medida que me parece absolutamente equivocada”, disparó.
En su carrera como productor Mesón asegura haber realizado “más de 600 shows con artistas de todo el país y del mundo. Ésta era la novena edición de “Proyecto Aborigen” de las cuales, en dos oportunidades, paradójicamente, la misma provincia las declaró de interés turístico”, expresó.
Para él estos hechos “no tienen sentido” ya que “un costado del gobierno valora lo que hacemos y lo apoya, mientras que el otro lado nos prohibe y nos estigmatiza”.
Por año, la productora realiza alrededor de cinco o seis ediciones masivas que involucran a miles de personas.
Martín Manes, también productor de fiestas electrónicas manifestó su preocupación respecto a la decisión de Jaldo: “Es una decisión terrible porque uno invierte mucha plata, estructura, logística, tiempo y energía, para que se haga un evento que trae gente de otras provincias, que promueve el turismo y la cultura”.
CONTUNDENTE. “En esas fiestas se vende droga”, acusó el gobernador. fotos ig la boite
Remarcó, además, que esto perjudica “a todo el norte del país porque Tucumán es un polo importante en la escena de la música electrónica y es una perdida monetaria abismal”.
Manes comenta que este sábado 28 de septiembre estaba planeado otro evento que debió suspenderse luego de conocer las medidas del gobierno. “Están todas las entradas anticipadas vendidas, son por lo menos U$S 15.000 a U$S 20.000 dólares en pérdidas y mucho más también”.
“Él (Jaldo) salió a hablar públicamente, pero no hay ningún decreto, ningún oficio que diga que está prohibido. Entonces también hay un atropello, tengo los permisos habilitados: de la policía, de Defensa Civil, del IPLA, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer mi fiesta?”, se preguntó.
Hablar de consumo de drogas en fiestas de esta índole para el productor es “totalmente estigmatizante”. “Relacionan a la fiesta electrónica con la droga y muerte; pero la realidad es que las drogas están en todos los ambientes, en todos los ámbitos sociales y económicos, no tiene que ver con el género musical”, dijo.
Otra de las voces afectadas se sumó a la polémica. “Este tipo de medidas que se toman de forma unilateral y a las apuradas, sin diálogo previo, muchas veces hacen pagar justos por pecadores”, declaró el DJ y también productor de la fiesta “R9”, Gustavo Filgueira. La cancelación del evento del viernes pasado “dio lugar a que el sábado a la noche proliferen fiestas clandestinas bajo ninguna norma regulatoria”, denunció.
“Como productora contamos con dos tipos de ambulancias, uno en la puerta, el 107 y otra privada. Adentro, la enfermería, los puestos de hidratación, además, se pagan seguros de responsabilidad social, para la minimización de riesgos”, detalló. En cada evento, explica, “se disponen tres líneas de cacheo”, donde la última es realizada por la Policía contratada exclusivamente para evitar que ingresen con estupefacientes a los predios.
Según Filgueira, la medida afectará alrededor de 300 trabajadores del evento que deberá cancelar donde iban a asistir entre 2.000 y 2.100 personas. “Puede costarme entre U$S 30.000 y U$S 50.000 si se tiene en cuenta que un DJ cobra entre U$S 10.000 y U$S 15.000 más viáticos y gastos de estructuras”, aseguró.
Como respuesta, los principales productores de eventos llevarán a cabo una reunión para idear un plan de acción, luego de intentar dialogar con el Gobierno sin éxito.
Opinan las autoridades
Rodolfo di Pinto, presidente de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (Fedra) comentó: “Me parece bien que haya un debate y que al tratamiento de la ley lo realicen profesionales y expertos en el tema. La comisión directiva habló de esto y la cámara está totalmente de acuerdo con lo que dice el gobernador, hay que regular la actividad antes que pase algo grave”.
Desde el punto de vista de los empresarios, dijo que “a nivel nacional hay muy pocos boliches que hacen electrónica” y que “en la provincia no tenemos ningún boliche, asociado a la cámara, que sea de electrónica neta porque a este tipo de fiestas generalmente las realizan organizadores, no hay una discoteca especialista”.
Además, Di Pinto afirmó que en las fiestas, el consumo de sustancias ilegales “es muy difícil de controlar”, porque la gente que consume droga sintética la puede tomar antes de entrar a la discoteca; pero, para el presidente de la Fedra “se puede lograr el control adecuado y severo”.
Controlar es un tema serio, explica: “La federación sigue el convenio colectivo de trabajo firmado con el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (Sutep) y el del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina” (Sutcapra). Estos convenios nacionales permiten capacitar al personal para ejercer los controles, además, “permite poner personal dentro de la discoteca que cuente con los aportes tradicionales y la obra social necesaria”.
Di Pinto explica que las drogas sintéticas siempre estuvieron asociadas a la fiesta electrónica y el consumo éstas no ocurre en boliches de música tropical: “Ahí, el robo de celulares es el problema, ni siquiera es el consumo de alcohol”, añadió. “Creo que el gobernador está bien asesorado porque está tratando de que se haga una legislación”, finalizó.
Jorge Dib, secretario de Lucha Contra el Narcotráfico de la provincia también se expresó: “no es que nuestro gobernador haya prohibido las fiestas electrónicas, sino que tienen que tener todo en regla para que se puedan hacer”.
Consultado sobre las denuncias de los productores sobre intimidación policial respondió: “no sé qué a qué se referirán” y desconoce que desde la institución ocurran estas prácticas. Solo se llevan a cabo “operativos para impedir que circulen sustancias prohibidas”. “Desde que se sabe que va a ser una fiesta electrónica, una semana antes de la fecha empiezan los operativos de prevención”, justificó.
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Osvaldo Jaldo
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