Desde Adán y Eva que hace falta un presupuesto

No es posible actuar sin recursos. Al menos, saltarse la restricción presupuestaria es imposible para los humanos y por eso cuando ocurre se llama milagro y sólo lo hace Dios. Esta es una derivación de un viejo chiste económico que dice que en el Paraíso sólo había curva de demanda, porque se tenía todo lo que uno quería y a precio cero. Tras el pecado original el castigo fue la aparición de la curva de oferta; “ganarás el pan con el sudor de tu frente” deriva de la escasez y con ella llegaron los precios. Hoy se podría agregar que el pecado original consistió en una violación del marco institucional (no acatar la prohibición de comer los frutos de cierto árbol).

Al margen de cualquier chiste, la realidad es que no hay acción del Estado si no hay fondos para ella. La discusión del presupuesto del gobierno nacional responde a ese hecho. No es posible atender jubilaciones, sueldos, universidades, lo que fuera, sin dinero. En el ordenamiento legal argentino esos aspectos deben ser resueltos en primer lugar por el Congreso Nacional, no importa si dentro de un presupuesto o no. Sin recursos cualquier medida simplemente es inaplicable.

Los políticos saben mucho de eso. Jesús Rodríguez y Alejandro Bonvecchi estudiaron para la Cepal la experiencia presupuestaria argentina entre 1984 y 2004 (mostrando las enormes diferencias institucionales con alta inflación y sin ella) y entre otros hechos citaron la argucia de la “lista de la alegría”. Era un anexo al presupuesto donde se exponían obras y gastos que no tenían financiamiento. Por lo tanto no se podían concretar. Pero el político que conseguía poner allí una iniciativa propia tenía algo que mostrar a sus votantes, y si luego no pasaba nada era culpa del hijo de mala madre del ministro de Economía o de lo que fuera que no respetaba el presupuesto. Todo mentira, por supuesto.

Bueno, cosas así continúan ocurriendo. Mejoras jubilatorias y financiamiento universitario responden al mismo esquema. ¿El Congreso dice que se gaste pero no cómo conseguir el dinero? Entonces está engañando a las personas.

No se trata, aunque existe el fundamento legal, de si hay o no presupuesto. Porque lo hay. El presupuesto 2024 es el 2023 prorrogado y modificado siguiendo las pautas de la ley de Administración Financiera. Un manchón institucional, porque los representantes no negociaron cómo llevar adelante la misión del Estado durante este año sino que se trata de una adaptación de previsiones para el año pasado, pero es el que rige.

Y como ya se dijo en otra ocasión, un DNU que corrija el error parlamentario de no asignar recursos no es alternativa pues se metería en temas vedados a ese instrumento, como los tributarios, y se dictaría cuando el Congreso sí funciona, y los proyectos involucrados son la prueba de que los parlamentarios pudieron haber discutido algo completo en vez de sólo dar órdenes de gasto incumplibles.

Entonces, si la falta de recursos inhabilita las acciones, ¿para qué debatir un presupuesto en vez de reasignar o crear ingresos cada vez que se disponga que el gobierno haga algo? Se parte de que desde lo individual la decisión privada es más eficiente que la pública. Nadie sabe mejor que cada uno qué es su bienestar, y como una persona decide sobre sus propios recursos carga ella misma los costos de sus actos y entonces se cuida al elegir. En cambio, los gobernantes no conocen la función de bienestar de las personas sino que tienen su propia idea de cómo mejorar lo que creen que debería ser la vida ajena y además asignan recursos ajenos, por lo tanto no reciben los beneficios directos ni pagan los costos de sus errores. Eso hace dudar de la eficiencia de las decisiones políticas.

Así, la acción del Estado es costosa para la sociedad al quitar recursos del sector privado. Los impuestos reducen el ingreso disponible de las personas; la deuda pública recorta el crédito para consumidores o empresas, y si es con el BCRA termina en inflación, que afecta los salarios e interfiere con la inversión al alterar el sistema de precios. El Estado implica pasar recursos sometidos a la decisión privada hacia la decisión pública con el consiguiente peligro de ineficiencia. Por eso es conveniente que los representantes del pueblo debatan para comparar los beneficios públicos con los privados, y de un paquete de acciones públicas. Esto porque es mejor evaluar el Estado en conjunto para medir sus costos y beneficios completos ya que los efectos pueden variar según la combinación de medidas y decidir acto por acto individualmente puede hacer perder de vista su peso total. Además, aprobar una idea general de qué hará el gobierno y cuánto costará contribuye a brindar un marco más claro para la toma de decisiones privadas. Es más seguridad jurídica que las novedades en cuotas.

Ahora bien, un presupuesto es una autorización de gastos y una estimación de recursos. Por lo tanto, una certeza contra una predicción. No es raro que no resulte como lo aprobado. Excepto por engaños entre 2002 y 2015, lo usual en Argentina era que faltaran recursos y la respuesta típica era pedir prestado o emitir. Como consecuencia, aumentaba el costo del Estado para la sociedad y puede dudarse de los beneficios porque se rompía la relación que habría legitimado la acción pública.

El gobierno pretende cambiar el eje. Si faltan recursos, no agregar más carga sobre el sector privado sino recortar gastos públicos. El objetivo es sostener el superávit fiscal para reducir dos grandes males (no los únicos), la deuda y la inflación, y para ello el Congreso debería establecer prioridades y dejar previsto qué recortar. ¿Por qué? Porque los humanos no hacen milagros y el Estado no es gratis. Por si los legisladores no creen en Dios, que al menos recuerden que los actos tienen consecuencias y que los votantes podrían estar vigilando.