Secuestro extorsivo: la caída del ex comisario no frena una investigación

En abril pasado le comunicaron que formaba parte de los efectivos que habían pasado a retiro. Cuatro meses después, efectivos de la Policía Federal se presentaron en su domicilio particular para detenerlo. El ex comisario Gustavo Morales se transformó en el primer oficial de alto rango de la fuerza provincial en ser arrestado por secuestro extorsivo a una víctima vinculada a la comercialización de drogas.

Morales es el eslabón más importante de una cadena de efectivos que fueron acusados de cometer este tipo de delitos. Una modalidad que tuvo un importante crecimiento. Este fue el cuarto caso que tuvo como protagonistas a hombres de la fuerza. Pero los investigadores saben que podrían ser mucho más. Eligen personas que están ligadas a una actividad ilegal para evitar ser denunciados. Un recurso para ganarse la impunidad.

El 23 de febrero, un vendedor de flores de marihuana pactó a través de las redes sociales una compra. Los interesados se presentaron en el domicilio del joven (que estuvo mencionado en el caso conocido como “El crimen de las flores”) y lo obligaron a subir a un Renault Megane. Lo trasladaron hasta la Jefatura de Zona III, ubicada en el pasaje de 20 de Junio al 300, en San Cayetano.

En la sede policial, lo llevaron al fondo, donde funciona un comedor. Como lo habían hecho en el trayecto, lo agredieron, le sacaron ropa y le tomaron fotografías. Después de unas horas, uno de los captores regresó a la casa de la víctima para pedir un teléfono de un familiar con el único propósito de “arreglar” la situación. La madre del joven terminó transformándose en la interlocutora con los secuestradores.

Según la acusación, los captores llamaron a la progenitora y le plantearon que tenían elementos para vincular a la víctima del secuestro con el tráfico de estupefacientes, pero que, si pagaba la suma de dinero que le requerían, lo dejarían en libertad y no volvería a tener problemas. La mujer accedió a negociar y fue convocada a la dependencia policial donde tenían cautivo a su hijo. Allí constató que tenían encerrado al joven y habló con los secuestradores, que le exigieron $200.000. La mujer les dijo que tenía que ir a buscar el dinero, por lo que le permitieron hacerlo. Retornó, concretó el pago y ambos regresaron.

La caída

Las víctimas no tuvieron miedo y desoyeron las amenazas de los secuestradores. Realizaron la denuncia en la seccional 11ª. Los efectivos de esa fuerza investigaron el caso y al día siguiente no sólo confirmaron la versión, sino que además establecieron cuáles habían sido los movimientos que habían realizado sus compañeros. Hasta consiguieron el testimonio del agente que estaba de guardia en el edificio de la Jefatura de Zona III que reconoció que los denunciantes estuvieron en ese lugar.

Los efectivos pidieron instrucciones a la fiscala Mariana Rivadeneira que se declaró incompetente, puesto que se trataba de un delito que debe ser investigado por la Justicia Federal. El fiscal Agustín Chit tomó la causa y, al corroborar los indicios, se concretaron las detenciones del oficial principal Ángel Sebastián Gómez y el cabo Sergio Daniel Díaz. Con el correr de los días, se aprehendió al agente Franco Javier Jiménez, hijo de un reconocido ex comisario de la provincia y hermano de un oficial que se hizo famoso a nivel nacional por haber filmado la golpiza a un detenido, imágenes que fueron viralizadas en las redes sociales. A los tres el juez federal José Manuel Díaz Vélez les dictó la prisión preventiva y ordenó que se les trabe embargo por $2 millones a cada uno de ellos.

Pero faltaban algunos eslabones por detener. Entre ellos aparece un cuarto efectivo que había participado en el secuestro y que costó mucho identificar por la mala calidad de las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la zona. Actualmente está con pedido de captura y ya no pertenecería a la fuerza.

Chit pidió colaboración a la Brigada Antisecuestro del NOA de la Policía Federal para que colaborara en la investigación. Los especialistas descubrieron un detalle: todos los detenidos, en algún momento, tuvieron un paso por la seccional 9ª, cuyo jefe estaba a cargo interinamente de la Jefatura Zona III cuando el joven fue secuestrado. Descubrieron que sí tenía vínculos con los sospechosos, por lo que el ex comisario Gustavo Morales fue detenido el lunes.

En su declaración indagatoria, el ex funcionario negó su participación en el hecho. Además habría explicado que había realizado todas las actuaciones que le correspondía hacer después de que se conocieron los detalles del caso. Esa versión exculpatoria no coincidiría con toda la prueba que aparece en el expediente.

“Cuando se tomó conocimiento del episodio, personalmente me puse a disposición del fiscal Chit y aportamos todos los elementos necesarios para que se avanzara con la investigación”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girveau. “Pese a que sólo teníamos sospechas contra ese funcionario, en abril decidimos pasarlo a retiro. No vamos a permitir ningún tipo de irregularidad. Nadie manchará más este uniforme”, comentó.

“En menos de un año se expulsó de la fuerza a por lo menos 30 agentes por diferentes inconductas. En abril pasaron a retiro a todo el personal que no se adaptaron a la nueva línea de trabajo o que generaban sospechas con su conducta”, indicó el titular de la fuerza.

Antecedente I: los detuvieron cuando esperaban en pleno Barrio Norte que les pagaran el rescate

Fue el primer caso que generó una importante revuelo en Tucumán y Buenos Aires. El 20 de junio de 2020, cerca de las 1.30, un taxista que transitaba por el noroeste de la capital en un auto con su pareja py el hijo de ambos, fue secuestrado por cuatro personas. Los captores comenzaron a exigirle a un pariente de la víctima que les entregara dinero o droga para liberarlo, ya que sabían que estaba siendo investigado como proveedor de sustancias a redes de narcomenudeo.

Fueron detenidos en Barrio Norte y se descubrió que se trataba de una banda integrada por policías federales y provinciales y un civil que se habría dedicado a esta modalidad delictiva. En el vehículo en el que se movilizaban, los efectivos encontraron partes de expedientes y actuaciones judiciales de sospechados de ser narcos.

Fueron procesados los federales Gonzalo Lagoria y Néstor Medina (estaba de guardia ese día) y los efectivos provinciales Luciano Campos y Jonathan Díaz que estaban prestando servicio cuando se registró el hecho. El único civil acusado fue Ángel Medina, hermano del otro acusado. En agosto de 2023 cuatro de ellos fueron condenados y recibieron penas de 10 y 14 años. Aún se encuentran encerrados en el penal de Villa Urquiza

Antecedente II: un caso que llegó a juicio por robo, pero siempre se sospechó que había algo más

La causa se inició y terminó como un robo, pero por las dudas que surgieron en el debate y las pruebas que sumó el fiscal Agustín Chit, se trataría de una banda que se especializaba en secuestrar narcos. El 19 de febrero de 2022, cinco policías vestidos con sus uniformes se presentaron en la casa de un supuesto transa de Famaillá para asaltarlo, aunque todo parecería indicar que habrían intentado secuestrarlo. Ellos prefirieron que se los acuse de ese delito para recibir una pena menor.

Darío Martín Romano, Bruno Carmelo Ciolfo y Guillermo Gustavo Fernández recibieron penas de entre 10 y 15 años, pero por el delito contra la propiedad. Los al menos otros dos cómplices nunca pudieron ser identificados. El caso tuvo trascendencia a nivel nacional porque el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad que tenía la víctima en la casa de su familia.

En el debate oral surgió otro detalle: uno de los imputados dejó en claro que trabajaba para Miguel “Miguelón” Figueroa, al que consideró como el “narco más importante de la provincia”. El hombre, que fue condenado por tres homicidios y que fue trasladado al penal bonaerense de Marcos Paz, también denunció que efectivos habían secuestrado a su sobrino.

Antecedentes III: las imágenes de TV ayudaron a esclarecer un secuestro de un productor de Leales

El caso de Famaillá quedó al descubierto por las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la víctima. Ese video fue clave para que se iniciara otra causa por secuestro extorsivo. El 18 de febrero de 2022, un grupo de policías se presentó en un campo de Santa Rosa de Leales donde su propietario cultivaba marihuana para su consumo personal y el de sus amigos. Le exigieron una fuerte suma de dinero para no iniciar una causa.

La víctima hizo la denuncia en la ex Brigada porque identificó a Darío Romano, condenado por el robo al supuesto transa. El fiscal federal Agustín Chit inició una investigación que duró varios meses. Llegó a su fin cuando logró desarticular una banda integrada por policías retirados y en actividad que se habrían dedicado a cometer secuestros extorsivos a supuestos narcos o, directamente, robarle la droga que traficaban. Por este caso, fueron detenidos y procesados Romano, Ricardo Julio Rodríguez, Eduardo Germán Agüero, José Antonio Gallo y José Benito Villa. Además, está prófugo Daniel Villardón. Aunque nunca pudo ser probado, en la investigación de este caso, surgieron otros indicios. Los acusados podrían haber tenido contactos con otra organización mixta que en junio de 2020 secuestraron al allegado de un supuesto transa.