Por Gustavo Rodríguez
20 Septiembre 2024
Facundo Ale permaneció prófugo por dos violentos episodios que se habían registrado con pocos días de diferencia en la capital tucumana. Cuando se presentó, la Justicia le dictó la prisión preventiva. Ayer se confirmó que una de ellas fue archivada por falta de pruebas y que por la otra, esperará en libertad ser enjuiciado por amenazas.
El hijo de Ángel “El Mono” Ale había sido denunciado el 15 de abril por Mercedes “Blanca” Galván, integrante del clan “Los Gardelitos” por haber realizado disparos en contra de su casa. El origen del incidente nunca fue esclarecido, pero todo parecería indicar que estuvo relacionado con la lucha por el poder de la barrabrava de San Martín.
Seis días después, un agente de tránsito denunció que el joven le había realizado disparos cuando intentó escapar de un control de alcoholemia que se realizaba en la esquina de San Lorenzo y avenida Alem.
Por esos dos hechos, la Justicia ordenó una serie de allanamientos y su detención. Después de haberse mantenido prófugo durante tres meses, “Facundito” se presentó en tribunales una vez que finalizó la feria.
En una audiencia, el fiscal Mariano Fernández solicitó que se le dictara la prisión preventiva por la causa del ataque que había sufrido la mujer. En esos momentos el representante del Ministerio Público había advertido que no encontraba pruebas para acusarlo por el otro hecho.
Pruebas
Ayer se realizó una audiencia para definir el futuro procesal de Ale. Los defensores Ricardo Fanlo y Agustín Monteros pidieron su libertad, ya que entendían que se habían realizado todas las pruebas necesarias para que el caso llegue a juicio oral. La auxiliar Valeria Jorge, siguiendo las instrucciones de Fernández, no se opuso al pedido de los profesionales. La víctima sí cuestionó a la Justicia por la decisión que había tomado. La jueza Cynthia Rocha tuvo que aceptar los pedidos de ambas partes, pero sí dispuso para que quedara libre, debería cumplir reglas de conducta, no acercarse a la denunciante y cumplir con una caución de $11,8 millones, más del doble que habían ofrecido cubrir sus representantes.
En el debate, la representante del Ministerio público, confirmó que la segunda causa había sido archivada por falta de pruebas.
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