Por Gustavo Rodríguez
20 Septiembre 2024
A LA CARGA. Los gendarmes abandonan el destacamento que la fuerza tiene en El Cadillal para comenzar con los allanamientos.
El llamado Operativo Dignidad fue mucho más que la detención de una veintena de personas. Dejó al descubierto que personal de Gendarmería Nacional había tejido una red de corrupción en las provincias del NOA que permitía el traslado de mercadería de contrabando y de droga, especialmente cocaína a través de los denominados tours de compra.
El fiscal Agustín Chit inició la investigación en febrero después de las denuncias que realizaron las mismas víctimas. Denunciaban que realizaban un excesivo pago de sobornos para poder realizar la actividad. Esa versión fue confirmada por gendarmes que explicaron que ellos tenían problemas porque justamente no querían sumarse a esos arreglos.
“Básicamente dijeron que se le cobraba entre dos y tres veces por lo mismo. Hasta me parece risueño que personas que están realizando una actividad ilícita le exijan al Estado que actúe porque se estaba de alguna manera violando sus derechos. De todas maneras, era un caso grave que debía ser investigado”, argumentó el investigador en una entrevista en el programa Buen Día de LG Play.
Mientras se desarrollaba la pesquisa, en nuestra provincia se registraron dos graves incidentes con los pasajeros de este tipo de excursiones. Uno de ellos fue la quema del micro en Trancas y el otro, en la localidad de 7 de Abril. En ambos casos, los viajeros se quejaron a viva voz porque pretendían quitarle la mercadería que trasladaban, pese a que ya habían llegado a un arreglo. Semanas después, los peritos confirmaron que en el micro siniestrado se habían encontrado vestigios de marihuana quemada. También, por el testimonio de varias personas, descubrieron que desconocidos habían sacado la cocaína que trasladaban.
¿REVENTA? En la casa de un gendarme encontraron hojas de coca. asdfasdf asdfasdfasdfasdf
La pesquisa se transformó en una bola de nieve. En un primer momento la causa estuvo orientada a los gendarmes de Tucumán, pero después se comprobó que la red de corrupción tendría extensiones en Salta y Catamarca, pero con los ojos abiertos con lo ocurrido el año pasado en Santiago del Estero (se informa por separado). Por eso se sumó el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba que además está a cargo de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad NOA.
Los delitos
Las versiones sobre los supuestos arreglos que existían en la región terminaron trasnformándose en una realidad. Los pesquisas descubrieron, a través de escuchas telefónicas, el aporte de agentes reveladores digitales e investigaciones reservadas, que se habría cometido los siguientes delitos:
1- El más común: pedían sobornos en los controles que realizaban en las rutas. Según el expediente y las víctimas, cobraban entre $10.000 y $60.000 para permitirles el paso. Abonaban esos montos las personas que realizaban viajes a Orán de manera particular, los que contratan el servicio de transporte de utilitarios y los tours de compras que estaban fuera de algún acuerdo ilegal con sus propios compañeros.
En el Operativo Dignidad, los efectivos encontraron en la mochila de un compañero de la fuerza $700.000 en efectivo y sospechan que ese sería el monto de dinero que habría recaudado en su turno. En Salta, en el domicilio de la madre de otro efectivo acusado, encontraron al menos $30 millones. El sueldo de un miembro de la fuerza oscila entre los $650.000 y $1 millón
2- Organización: había un grupo de gendarmes que supuestamente acordaban con los organizadores el paso cuando viajaban al norte del país, avisarles de las ubicaciones de los controles en el viaje de regreso y permitirles el paso sin ningún tipo de problemas. Según consta en el expediente, por este “servicio” cobraban $50.000 por cada pasajero y otra cifra similar para distribuir entre el personal que realizaba los controles en la ruta.
La cantidad de viajeros en cada tour depende del volumen de mercadería que pretenden trasladar. Por ejemplo, hay excursiones que van con menos de 15 personas y otras con más de 25. Los investigadores sostienen que esa “tarifa” se podría haber encarecido considerablemente si se tiene en cuenta la mercadería que trasladaban. Obviamente que si era droga, los valores serían muchos más importantes.
3- Reventa: los detenidos podrían haberle quitado la mercadería a los bagayeros en los controles rutinarios y no solo que no informaban los secuestros, sino que además no los llevaban a los depósitos de la fuerza.
Se cree que luego los vendían. En los más de 20 allanamientos que se hicieron, los pesquisas encontraron hojas de coca, cubiertas y celulares de alta gama.
Algunos números
“Además de las denuncias de los bagayeros, comenzamos a atar cabos entre causas iniciadas por contrabando y por hallazgo de droga en los tours de compras que eran cada vez más comunes”, resumió Chit en la entrevista de “Buen día”.
Los números respaldan los dichos del fiscal federal. Hasta el viernes pasado, Gendarmería, según los datos registrados por la fuerza, secuestró 124 kilos de cocaína que venían ocultos en estas excursiones, casi cuatro veces más de los 34 kilos incautados en idéntico período de 2023.
Para los investigadores este no es un dato menor. Consideran que el incremento de secuestros no está relacionado a una mayor cantidad de procedimientos, sino que está vinculada a que los narcos aprovecharon esa red de corrupción para transportar más droga.
Los fiscales federales Chit y Villalba no se cansan de repetir que esta es una investigación que recién está comenzando y que aún falta mucho camino por recorrer. No lo dicen públicamente, pero hay una realidad que no pueden dejar de mirar. De Orán a Tucumán, hay por lo menos nueve controles fijos de Gendarmería. Pero de los 10 procedimientos en los que se encontraron drogas, sólo uno fue detectado en Salta. La droga fue decomisada en cuatro operativos realizados en nuestra provincia, tres en Santiago del Estero y los restantes fueron en San Juan y Santa Fe.
Las consecuencias: temen a que ahora haya más controles en la ruta
“Era sabido que esto iba a pasar. Desde que incendiaron el micro en Trancas los gendarmes se pusieron más ‘pillos’. O te quitaban todo o te pedían más plata. Ahora no sé qué pasara”, explicó Esteban Duarte, uno de los tantos tucumanos que viaja al norte del país para comprar mercadería y luego revenderla en la provincia.
La detención de 12 gendarmes no sorprendió a este bagayero. “Era un final cantado. Los ‘aceituna’ (NdelaR: así llaman a los efectivos de la fuerza) estaban muy dulces. Al incrementarse los viajes a Bolivia, ellos comenzaron a ponerse más exigentes con las coimas. Estaban muy abusos porque, supuestamente, vos arreglabas con los de Salta, pero después querían plata los de Jujuy y los de Tucumán. Parece que no estaba conversada la cosa entre ellos”, explicó el hombre que desde hace cinco años se dedica a esta actividad ilegal.
No existen registros certeros sobre cuántos son los tours de compra que circulan por día por la provincia. Esa falta de información puede estar relacionada con la misma red de corrupción que fue descubierta con esta investigación. Sí se sabe que hay por lo menos cuatro viajes semanales que parten de Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y hasta Buenos Aires.
“Al principio todo estaba bien porque iba a comprar ropa y volvía sin problemas. Pero con el correr fueron pasando cosas extrañas y comencé a preocuparme”, dijo Florencia Medina. “¿Qué era lo extraño?”, le preguntó LA GACETA. “De pronto veías que en Orán subían personas que no habían hecho el viaje de ida. Salían de la nada, cargaban cajas... Nunca pregunté nada, simplemente pagué lo que tenía que pagar para el arreglo”, finalizó la mujer.
Santiago del Estero: un antecedente que sirvió para abrir los ojos
“La Justicia Federal realizó 13 allanamientos en distintos puntos de la provincia y detuvo a al menos seis gendarmes y cuatro civiles, sospechados de conformar una banda que generó su propio negocio con mercadería de contrabando estimada en más de $ 150 millones”, fue la nota que publicó el periodista Gustavo Gallardo en la edición del 2 de noviembre del año pasado. Este caso es considerado como un claro antecedente de lo que quedó al descubierto con el Operativo Dignidad.
“El proceso comenzó siete meses atrás, a raíz de una denuncia que alertó sobre numerosos gendarmes y civiles unidos por un hecho ilícito se los acusa de retener para sí mercaderías provenientes de Bolivia y Paraguay en los denominados tours de compras; también de falsear la cantidad de neumáticos de contrabando incautados; y de ‘trabajar’ con comerciantes en la venta de lo ilegal, y hasta concertar negocios con locales de Buenos Aires”, agregó en su cronica el periodista santiagueño.
En el marco del operativo se registró un grave incidente. Una organizadora que se había enterado que su casa sería allanada, decidió prenderle fuego para evitar que descubrieran que el acopio de mercadería ilegal que tenía.
El juez federal Guillermo Molinari, en la investigación realizada por la fiscala Indiana Garzón, fueron procesados seis gendarmes y a 10 civiles. A cada uno ordenaron embargar $1,5 millones de manera preventiva.
En el expediente figura que los efectivos de la fuerza federal solicitaban en promedio unos $200.000 por micro para permitirles circular libremente por esa provincia. Al mismo tiempo, se los investigó por el robo de mercadería en los depósitos que tenía la fuerza para luego venderlos.
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