Los detenidos por transportar los 110 kilos de cocaína fracasaron en todos sus intentos de recuperar la libertad. Primero buscaren que se declare ilegal el hallazgo de la droga, y al no haber conseguido ese objetivo, pidieron el arresto domiciliario para la mujer por su edad y los problemas de salud que padece, pero ese planteo también fue rechazado en una audiencia.
En ese debate quedó más en claro cómo fue el procedimiento que derivó en la detención de los acusados. Hugo Gregorio Márquez viajaba en una de las dos camionetas que fue detenida por los gendarmes. Atrás la hacían su pareja Alicia Lidia Molina y Sergio Alberto Rodríguez.
Márquez habría dicho que era corredor inmobiliario y que regresaba de la ciudad de Orán después de haber dejado a sus suegros. Minutos después apareció la camioneta que era conducida por Rodríguez que también fue observada por los efectivos por su extraño andar y porque las ruedas eran más grandes. Ambos dijeron que venían de Pichanal y que habían pasado la noche en Orán. Negaron conocer al primer demorado. Después se concretó el hallazgo de la droga.
La fiscal federal subrogante de Salta Josefina Martínez Vázquez, asistida por la auxiliar Rocío Mariscal, logró que la jueza federal Mariela Giménez dictara la prisión preventiva a los detenidos. Los acusó de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Los números
En la frontera, el valor de un kilo de cocaína es de U$S3.500, pero se va encareciendo provincia a provincia. Por ejemplo, en Tucumán, tendría un costo de U$S4.000 y, en Buenos Aires, no menos de U$S7.000. Entonces, en estas tierras, el costo de lo secuestrado ascendería a U$S 440.000.
Los investigadores creen que esa droga habría sido trasladada hasta esa vivienda de Yerba Buena para comercializar a narcos de otras provincias o venderla a redes de narcomenudeo.
Los transas que la adquieren la estiran agregando todo tipo de sustancias hasta quintuplicar su peso como mínimo. El costo de la dosis de un gramo oscila entre los $4.000 y $12.000, según la calidad.
Con la cantidad de sustancias secuestra a la familia detenida, se podrían haber producido 55.000 dosis. Al venderla, a un precio promedio de $8.000, los vendedores obtendrían más de U$S3 millones.