“Vamos camino al ecogenocidio si se insiste con este megaproyecto”. De esta manera se manifestaron integrantes de las organizaciones que integran la Red de Acción por el Buen Vivir de Tucumán, ante la inminencia de que la Provincia adhiera al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La inquietud se acrecentó recientemente, luego de que la comisión de Hacienda y Presupuesto diera dictamen a la adhesión lisa y llana, en un proyecto del Poder Ejecutivo, el cual incluye en su tercer artículo la derogación de la ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en la provincia. El tema será tratado en la próxima sesión de Cámara, fijada para el jueves 26 desde las 9.
Las alarmas de los ecologistas se encendieron desde que se promulgó la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742). En su artículo 167 crea el régimen con el objetivo de atraer desembolsos y dar estabilidad a compañías que inviertan más de U$S 200 millones en el país durante al menos 30 años. Podrán acceder a los beneficios impositivos y fiscales firmas con proyectos en los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos.
El ecologista Alfredo “Freddy” Carbonel, miembro de la Asociación Civil Pro Eco, advirtió que con la adhesión al RIGI se pasará por encima a leyes ambientales que, si bien no se cumplen, brindan un paraguas de protección. Recordó que la norma que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción (N° 7.879) se logró en 2007 luego de movilizaciones y reclamos. Estimó que con la adhesión al régimen también se permitiría avanzar sobre la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia (N° 8.304).
“Es un subestado”
“Se piensa a la provincia como una provincia de servicio. Cuestionamos para qué y para quiénes es el RIGI, al servicio de qué. Decimos no al RIGI porque es un subestado. Las leyes locales no van a tener vigencia. Van a caer las leyes de protección y vamos a tener que ir a litigar en el extranjero. Tanto las autoridades y los legisladores que adhieran al régimen van a ser declarados ecogenocidas. Vienen por el agua, nuestros cuerpos y nuestro territorio”, dijo Carbonel a LA GACETA.
El comité de Hacienda y Presupuesto, que preside Carlos Gallia, dictaminó la iniciativa que envió la Casa de Gobierno luego de estudiarla conjuntamente con proyectos de adhesión propuestos por Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Claudio Viña (Compromiso Tucumán). La propuesta, que lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro Daniel Abad (Economía y Producción), ingresó también a los comité de Asuntos Constitucionales e Institucionales (comandada por Javier Noguera) y de Economía y Producción (Leopoldo Rodríguez). Sin embargo, a pesar de proponer la derogación de la Ley 7.879, la iniciativa no fue girada a la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Noguera).
Carbonel y dirigentes ecologistas de las distintas organizaciones que integran la Red de Acción por el Buen Vivir presentaron en la Cámara un documento dirigido a los legisladores para alertar que con el RIGI será considerada nula toda política de protección ambiental conquistada en las últimas décadas. “Ningún estudio de impacto ambiental serio puede hacerse en los tiempos estipulados a la hora de habilitar la incorporación de unidades productivas al RIGI”, advirtieron en el texto. Y agregaron: “en lugar de controlar a los poderosos, esta ley atenta contra los más débiles que pretendan defenderse”.
Experiencia Alumbrera
El miembro de la Asociación Civil Pro Eco indicó que están juntando firmas para oponerse a la adhesión a la norma nacional (https://forms.gle/99JUFNebssL4ompL6). Remarcó que lo sucedido en Catamarca con la Minera Alumbrera es una prueba de que la megaminería sólo trae contaminación. “¿Qué progreso trajo? Mano de obra sí, pero hay que fijarse en los pueblos alrededor, si en Belén y Andalgalá ha traído progreso y desarrollo. Vayan y hablen con la población, vean qué está pasando con la explotación de litio”, instó Carbonel. Pidió a la sociedad y a la oposición que “despierte” y que trabaje por el bien común.
En el proyecto, el PE argumentó que desde la década de los 90 la minería asumió compromisos ambientales y logró avances importantes en la materia. A su vez, señaló que el cianuro, que motivó el dictado de la Ley 7.879, no se utiliza en la etapa de explotación minera, sino durante el proceso de separación del mineral. Se remarcó que dicho procedimiento se encuentra regulado por leyes nacionales y normativas internacionales de control ambiental.
Los planteos de la oposición -hasta aquí- sólo fueron para objetar la falta de generación de incentivos locales de gravación tributaria para atraer inversiones.
¿Qué es el RIGI?
- Mediante la Ley Bases, el Gobierno implementó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones para atraer el desarrollo de negocios y de empleo al país.
- La normativa ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, para atraer grandes proyectos que superen los U$S 200 millones.
- Entre los beneficios se encuentran: reducción de Ganancias de un 35% a un 25%, devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones.