Hace 4 Hs
Federico Sturzenegger
Desde hace dos semanas, se anticipaba la inminente publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario de la reforma laboral. Sin embargo, la norma permanecía estancada en los despachos oficiales hasta este martes, cuando se activó el expediente formal para su firma, lo que sugiere que podría ser publicada en los próximos días por el gobierno de Javier Milei.
La demora en la firma del decreto se atribuye a la intensa disputa interna dentro del Gobierno. Fuentes oficiales, sindicales y empresariales coincidieron en señalar que el desacuerdo surgió entre dos sectores: uno que buscaba atender las demandas de la CGT y otro, alineado a los empresarios.
El centro de la controversia es un artículo de la Ley de Bases que penaliza los bloqueos sindicales, considerándolos como una “grave injuria laboral” y, por ende, una causal de despido justificado, consignó el sitio Infobae.
Las negociaciones estaban centradas en la figura de Santiago Caputo, asesor cercano a Milei y partidario de incluir las demandas de la CGT, frente a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien defendía una postura a favor de los empresarios.
El artículo que genera división en el Ejecutivo incorpora el bloqueo como una de las causales de despido por justa causa, según lo estipulado en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto permitiría a los empleadores despedir a empleados que realicen bloqueos sin obligación de pagar indemnización, aunque la decisión final deberá ser ratificada por un juez. La CGT, sin embargo, busca que se elimine esta facultad del empleador, exigiendo que primero se presente ante la Justicia.
Uno de los negociadores de la CGT admitió a Infobae que se ha discutido un procedimiento judicial previo para que un juez determine si existe una injuria grave en los casos de bloqueo, evitando que la decisión recaiga únicamente en el empleador. Este planteamiento se asemeja al procedimiento que rige para el desafuero de delegados, donde la intervención judicial busca hacer el proceso más técnico y menos discrecional.
Sin embargo, este cambio ha sido rechazado por el sector empresarial. En la Unión Industrial Argentina (UIA) se advirtió que tal modificación “desnaturalizaría” la figura legal y la convertiría en algo negociable, lo cual es inaceptable.
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