16 Septiembre 2024
Paro de aeronáuticos: por una de las medidas, la semana pasada se cancelaron 319 vuelos de Aerolíneas.
El Gobierno reglamentó la esencialidad del transporte aerocomercial mediante el Decreto 825/2024, tras recientes conflictos gremiales que incluyeron paros en los principales aeropuertos del país. Esta medida busca garantizar la prestación mínima de servicios a los pasajeros, incluso durante las huelgas.
El decreto fue publicado luego de dos paros que afectaron a más de 300 vuelos y dejaron a 37,000 pasajeros sin viajar, lo que intensificó las tensiones entre los gremios aeronáuticos y las autoridades.
El conflicto gremial se centró en la disputa salarial entre los pilotos y tripulantes de Aerolíneas Argentinas, quienes demandan aumentos sustanciales que no han sido satisfechos por las ofertas de la empresa y la Secretaría de Transporte. Los sindicatos, entre ellos APA, APLA, UPSA y AAA, han expresado su oposición a la declaración de esencialidad del transporte, calificándola de arbitraria e ilegal, y advirtiendo que los funcionarios responsables podrían enfrentar consecuencias legales.
A través de esta reglamentación, el Gobierno pretende garantizar un servicio mínimo para la población en caso de medidas de fuerza, estipulando que las partes involucradas deben acordar los servicios mínimos a ser prestados en un plazo de 24 horas tras la notificación de la huelga. Si no se llega a un acuerdo, la Autoridad de Aplicación determinará los servicios esenciales a ser mantenidos.
La nueva normativa también establece que en caso de falta de acuerdo en las negociaciones, al menos el 50% de los servicios aerocomerciales deben continuar operando. Además, se prohíbe que las asambleas gremiales interrumpan el normal funcionamiento de los servicios esenciales, tanto en la aviación pública como privada.
Finalmente, el decreto 831/2024 complementa la normativa, reforzando los criterios para garantizar la conectividad en las rutas que cuenten con un solo servicio. La reglamentación establece un marco claro para evitar que futuros conflictos gremiales afecten de manera significativa a los pasajeros y la actividad económica del país.
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